De acuerdo con Rojas, la meta fijada es de nueve millones y forma parte de una política dirigida a favorecer a sectores históricamente marginados, como los indígenas y los campesinos.

Informó que la finalidad de este trabajo es detectar las parcelas que no cumplan la Función Económica Social (FES), además de establecer si existen o no personas sometidas a condiciones de servidumbre.

Añadió que si se llegara a verificar relaciones de esclavitud en los predios sometidos a este proceso, automáticamente se revierten al Estado y luego se redistribuyen.

"Toda la información que recabemos servirá para saber si esta persona (propietario) tiene documentación legal y si está cumpliendo la FES , precisó.

Rojas explicó que recientemente en el Chaco cruceño de los 52 predios identificados, en 20 completaron el trámite y sólo tres hacendados se opusieron.

Para ello tenemos brigadas que recorren los lugares -precisó-, miden las extensiones de tierra, contabilizan las cabezas de ganado y las superficies cultivables.

El director del INRA resumió la importancia de Alto Parapetí, ubicado en la santacruceña provincia de Cordillera, en la iniciativa gubernamental de garantizar el uso adecuado de la tierra para desarrollar al país y erradicar la servidumbre.