Los 255 delegados consideran el tema como uno de los pilares fundamentales de la nueva Carta Magna, cuyo proyecto se espera esté listo antes del 6 de agosto próximo.

También la definición del futuro país es estimada como crucial porque sentará las bases de la identidad de los bolivianos a través de la reconfiguración de sus instituciones.

De acuerdo con la agenda, los representantes de las 16 agrupaciones políticas que integran el foro tendrán hasta tres horas para exponer en plenaria su proyecto de "visión de país".

Para el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), la Constituyente es el escenario y oportunidad para cambiar el actual modelo de Estado a través de la participación de los pueblos indígenas y los sectores sociales.

De acuerdo con su propuesta, por primera vez los pueblos originarios y minorías tienen la posibilidad de participar en una Asamblea que refleja la composición multinacional y pluricultural de todo el territorio.

Según el MAS, las anteriores reformas hechas a la Constitución jamás han sido participativas, pues siempre se conformaron desde el poder oligárquico dominante y nunca desde el pueblo.

Para Unidad Nacional (UN), tercera fuerza política en la Asamblea, el proceso refundacional ayudará a hacer una revisión, ratificar lo que funciona y cambiar lo que es obsoleto.

Al respecto, el analista Carlos Alarcón afirma que la nueva Carta Magna necesitará de una base adecuada de organización del Estado, la sociedad y el régimen político para evitar una división con excluidos e incluidos, fuente de nuevos rencores.

También el ejecutivo hizo llegar su proyecto de país, que sugiere la posibilidad de frenar los procesos autonómicos, y solo considerarlos viables si estos no ponen en riesgo la cohesión, fortaleza y soberanía del Estado.

En esa iniciativa se define la naturaleza del Estado como "República plurinacional, descentralizada y solidaria".

De otra parte, aboga por la creación de un nuevo nivel de gobierno subnacional, las llamadas Entidades Territoriales Indígenas Originarias, que podrían sumar una población mínima de 10 mil habitantes y un espacio de entre el uno y el 20 por ciento del territorio nacional.

Los planteamientos sobre descentralización y autonomía están contenidos en 26 de las páginas del documento de propuestas que el Ejecutivo remitió a la Asamblea Constituyente.

También incluye reivindicaciones de los sectores históricamente marginados, como el derecho a la tierra y territorio de los campesinos e indígenas originarios.

En otro acápite establece la sindicalización de los funcionarios públicos e instituye el derecho a la huelga legítima, cuando un sector proteste al margen de lo establecido.