Unos 12 integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fueron aprehendidos durante el violento desalojo de un plantón frente al penal de Miahuatlán, en ese estado mexicano envuelto en un conflicto político-social desde mayo de 2006.

De acuerdo con esa organización, a los detenidos les "sembraron" armas y drogas ante la ausencia de motivos para ser apresados, mientras otros son procesados en la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca por ataques y daños en propiedad ajena.

Tras esos suceso se reiteraron las críticas contra el gobierno federal por no dar lectura correcta al problema de esa demarcación, al tiempo que se insistió en la continuación de las movilizaciones hasta lograr la renuncia del gobernador local, Ulises Ruiz.

Gilberto Hernández, abogado de la APPO, se refirió al encono popular y la pretensión de recuperar plazas y calles para defender su derecho de manifestación y libre tránsito.

Por su parte Zenén Bravo, de la comisión negociadora del movimiento oaxaqueño, afirmó que hechos como el desalojo del plantón en Miahuatlán entorpecen más el proceso de diálogo con Gobernación.

Agregó que la provocación y la represión están polarizando y tensando más el ambiente político y pueden ser un paso adicional a la ofensiva de la APPO.

La víspera alrededor de tres mil simpatizantes de la APPO salieron a las calles para protestar por los acontecimientos del sábado, pero fueron acosados por policías estatales y municipales provistos de equipos antimotines.