Para hacer efectiva su política de bloqueo contra Cuba, Estados Unidos no sólo recrudece el cerco económico y financiero contra la Isla, sino que desde hace casi 44 años mantiene congelados fondos del Estado cubano, un acápite más del largo glosario de agresiones a nuestro país.

El terrorista José Basulto espera recibir lo suyo de los fondos congelados.

Era uno de los escenarios en que Washington atacaba al pequeño país vecino, en el gran frente de batalla que el presidente John F. Kennedy establecía al decretar el bloqueo económico el 3 de febrero de 1962, tras fracasar la invasión de Playa Girón y los planes terroristas impulsados por la CIA y otras dependencias oficiales.

El 8 de julio de 1963 el Departamento del Tesoro emitió las llamadas Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos. Los activos bloqueados para entonces se valoraban en unos 30 millones de dólares y comprendían no solo los pertenecientes al Estado cubano y sus empresas, sino también los de cualquier nacional de la Isla, ya sea entidades privadas y los individuos.

El DC-3 cubano fue subastado con la complicidad del gobierno estadounidense.

Se pretendía entonces privar a Cuba de recursos financieros, utilizar esos fondos como medio de presión e incluso para compensar a los ciudadanos nor-teamericanos cuyas propiedades fueron nacionalizadas en Cuba. La historia, empero, fue más larga.

El monto se fue incrementando en todos estos años a costa de fondos congelados a entidades estatales y ciudadanos cubanos, de las transferencias bancarias bloqueadas destinadas o provenientes de nacionales cubanos, y los activos pertenecientes a terceros que han sido bloqueados por estar vinculados a Cuba o a sus nacionales.

Según el más reciente informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro al Congreso de Estados Unidos, el total de activos cubanos secuestrados en Estados Unidos se estimaba en 268,3 millones de dólares.

La mayor parte de los fondos del Estado y de entidades estatales cubanas se concentraban en tres cuentas bancarias retenidas en el Chase Manhattan Bank, de Nueva York, que hoy es el banco JP Morgan Chase.

En sus bóvedas neoyorquinas debían estar depósitos pertenecientes al Banco Nacional de Cuba, y dos cuentas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, por el pago de servicios telefónicos, en particular de llamadas de larga distancia. Pero hoy prácticamente no queda nada en el congelador, pues los fondos han sido robados con el contubernio mafia anticubana, justicia y gobierno de Estados Unidos.

A mediados de los años 90 del pasado siglo se estrena una nueva forma de ataque: comienza el robo de los fondos congelados del Estado cubano. Ocurre por decisión unilateral del gobierno norteamericano, o como resultado de la promulgación de fallos contra Cuba en tribunales de la Florida, junto a la promulgación de leyes anticubanas en el Congreso.

Las justificaciones y pretextos son variados, pero siguen el mismo patrón de hostilidad hacia nuestro país y sirven o premian al negocio de la contrarrevolución y el terrorismo.

Así, entre 1996 y el 2006, nuestro país ha sufrido cuatro despojos de sus fondos, tal y como denunciara el 10 de enero pasado una declaración del MINREX publicada en Granma.

El banderín lo levantó el 2 de octubre de 1996 el presidente William Clinton al ordenar al secretario del Tesoro entregar 1,2 millones de dólares de los fondos secuestrados en EE.UU. a los familiares de los pilotos de la organización terrorista Hermanos al Rescate, derribados por violar reiteradamente el espacio aéreo cubano, el 24 de febrero de 1996.

Los mismos destinatarios, también por orden de Clinton, recibieron en el 2001 más de 96 millones de dólares de las dos cuentas de EMTELCUBA del Chase Manhattan Bank.

Antes habían conseguido un fallo indemnizatorio de un tribunal floridano y mediante la acción del entonces senador Connie Mack, al servicio de la mafia, se aprobó en el Capitolio la llamada Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico y la Violencia, para beneficio de la mafia. Tal legislación tiene incluso una sección para su ejecución contra los fondos congelados del Estado cubano.

El presidente George W. Bush no se quedó atrás. En abril del 2005 dispuso que el Departamento del Tesoro entregara 198 000 dólares —otra vez de una de las cuentas de EMTELCUBA— a la ciudadana de origen cubano y residente en Miami, Ana Margarita Martínez, quien en el 2001 obtuvo sentencia a su favor de una Corte de Miami por 27,1 millones de dólares.

Según esa Corte, Martínez mereció tal fallo para ser resarcida parcialmente por cargos de supuesta tortura y agresión sexual inflingidos por un "agente" del gobierno cubano. La administración Bush le reconoció además el derecho a beneficiarse con la Ley de Seguro contra el Riesgo de Terrorismo, otra falacia más del doble rasero de Washington en su alegada cruzada contra ese flagelo.

La paradoja es tal que las leyes antiterroristas de Estados Unidos son bien duras contra el secuestro de aviones (recuérdese el modus operandi de los atentados a las Torres Gemelas), pero la justicia y el gobierno otorgaron órdenes de incautación y subasta a Martínez de tres aeronaves cubanas (AN-2, DC-3 y AN-24), secuestradas el 11 de noviembre del 2002, el 19 de marzo del 2003 y el 31 de marzo del propio año.

Estas acciones contaron con la complicidad del gobierno de Bush, que si bien tenía la autoridad legal para anular las órdenes de retención de los aviones (emitidas por jueces de la Florida) para retornarlos a Cuba, permitió que se consumara el robo.

Pero no fue el último. Como explicó la citada declaración del MINREX, el 27 de noviembre del pasado año, un total de 72 126 884 dólares fueron transferidos de los fondos congelados de Cuba a los familiares de dos ciudadanos norteamericanos:

El piloto norteamericano y agente de la CIA Thomas Willard Ray, de quien se alegó falsamente que fue ejecutado de manera sumaria el 19 de abril de 1961 durante la invasión mercenaria de Playa Girón, en la que resultó abatido el B-26 que tripulaba. Su cadáver fue conservado durante 18 años en el Instituto de Medicina Legal de Cuba, pues Washington ocultaba su identidad y se negaba a aceptar su ciudadanía y responsabilidad en aquella agresión.

La misma Corte de Florida que falló a favor del caso Willard, hizo lo mismo sobre la reclamación de la viuda de Howard F. Anderson, juzgado en abril de 1961 en Pinar del Río, por sus actividades subversivas al servicio del gobierno estadounidense. Al momento de su captura, semanas antes de Girón, Anderson integraba un grupo armado de ex militares de la tiranía de Batista al que le fueron ocupadas ocho toneladas de armamentos. Era además el enlace de la CIA con varias organizaciones contrarrevolucionarias en la Isla.

Desde mediados de los años 90 en Estados Unidos se adoptaron legislaciones como la Ley de Seguro contra el Riesgo de Terrorismo, la Ley para la Protección a las Víctimas de Torturas y la de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva, dirigidas contra lo que Washington llama "Estados patrocinadores del terrorismo".

La Casa Blanca tiene a Cuba en esa lista negra desde 1982 y renueva su membresía cada año bajo sucesivos y espurios pretextos, que tienen como objetivo intentar justificar la política de bloqueo y de agresiones que nos acompaña desde enero de 1959.

Esas legislaciones son las que permiten la presentación de demandas como las ya mencionadas, y que no son las únicas, pues hay toda una batería de ellas presentadas por elementos inescrupulosos y contrarrevolucionarios, con un mismo fin: hacerse por todos los medios de los fondos congelados de nuestro país.

Por eso no sorprende que entre los que han aspirado se encuentren sujetos de la calaña de José Basulto (Hermanos al Rescate) quien reclamó 40 millones por daños psicológicos y una Corte de Florida le adjudicó 1,5 millones de dólares que espera por cobrar, o la contrarrevolucionaria Martha Beatriz Roque que además de ser financiada por la SINA trató también de robarse los activos cubanos secuestrados. No son los únicos, pero para todos hay malas noticias.

Como resultado del robo continuado, la mayoría de los fondos de entidades del Estado cubano retenidos en bancos de Estados Unidos prácticamente se han extinguido.

Quedó sin saldo la cuenta con activos del Banco Nacional de Cuba y una de las de EMTELCUBA. La otra de esa empresa tienen un remanente de poco más de seis millones de dólares, más intereses, y no porque la hayan respetado, sino por un litigio sobre su titularidad.

Restan cerca de una docena de millones de dólares en varias cuentas menores de instituciones privadas o públicas, así como 58,1 millones dólares pertenecientes a ciudadanos afectados también por la política del congelador, que en la práctica también resulta una modalidad de hurto.

Entre esos fondos están, sólo por citar un ejemplo, los 10 000 dólares que correspondieron al fallecido ajedrecista Guillermo García por el segundo lugar alcanzado en el Torneo Abierto de Nueva York, en 1988, en el año del centenario de José R. Capablanca.