SAN JOSÉ, 5 de junio (PL). — El gremio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) decidió hoy finalizar una huelga, iniciada el 16 de mayo último, tras obligar al gobierno a aceptar un acuerdo que debe cumplir antes del próximo 14 de julio.

Al confirmar los compromisos del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, anunció que la dirección del Banco Central dio su palabra para resolver una emisión de bonos exigida por los empleados del ICE, por valor de 60 000 000 de dólares.

Esa cifra se sumará a los 40 000 000 de dólares anteriormente aprobados para totalizar los 100 000 000 solicitados por el gremio del ICE para garantizar las necesidades financieras de la institución estatal, cuya demora desencadenó la huelga hace 20 días.

Toledo prometió además que no se tomarán represalias disciplinarias, económicas o legales contra ninguno de los miles de participantes en la protesta, que incluyó grandes manifestaciones callejeras como la efectuada la víspera en esta capital.

Los empleados del ICE comenzaron el paro nacional por tiempo indefinido en reclamo a un apoyo económico extraordinario para esa entidad y contra la privatización neoliberal de la empresa que la gerencia y el gobierno pretendían implantar.

La huelga fue emprendida por los asalariados para tratar de salvar al ICE, endeudado por la negativa del gobierno de otorgar la emisión de bonos y préstamos bancarios, así como por la falta de autorización para aumentar tarifas y permitir inversiones externas.

Los obreros reclamaban un mayor presupuesto para que la entidad continúe con sus planes de desarrollo y evitar despidos masivos.

Pero, el presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, se había negado a emitir bonos para financiar inversiones, no le facilitó al ICE avales para recibir ayuda exterior, ni le permitió aumentar las tarifas, por lo que la empresa se endeudó.

El inicio de las protestas complicó la situación social de este Estado centroamericano pues a la acción de los trabajadores del ICE se sumó la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) con una huelga general iniciada el lunes último.

La iniciativa pretendía paralizar las actividades estatales en Costa Rica y acusar a la administración de aplicar un modelo político y económico neoliberal cuyo centro es la economía de mercado y no el ser humano.

También la demostración sirvió para rechazar la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, que solo beneficiará a las entidades privadas ligadas al poder financiero, de acuerdo con los sindicatos.

El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, señaló que Pacheco, en el poder desde el 8 de mayo del 2002, enfrenta un período de desasosiego social por seguir una política neoliberal insostenible para una nación en vías de desarrollo.

Las multitudinarias marchas que a diario se sucedieron en Costa Rica encontraron la solidaridad de sindicalistas de otros sectores sociales, como educadores, taxistas, discapacitados, salud y transporte marítimo, entre otros.

Por su parte, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) de Costa Rica, en paro después del ICE, añadió que sus miembros permanecerán en huelga para exigir el pago de salarios atrasados, recursos para los comedores y el transporte escolar.

Las dificultades en el sector pedagógico surgieron a principios de este año, al ocurrir fallas en los sistemas de cómputo que provocaron desde entonces irregularidades en el pago de los sueldos.

Gilda González, presidenta de la APSE, dijo a la prensa que los maestros exigen terminar con las medidas restrictivas sobre los pagos y otros obstáculos al buen desempeño de las labores educacionales.