Alimentarse y vivir en un medio ambiente sano: dos leyes que refuerzan esos derechos

En la primera jornada de actividades de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional, en su IX Legislatura, fue aprobada por los parlamentarios la Ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, norma de alto rango que establecerá el marco jurídico general para alcanzar y fortalecer estos temas en el país, y que responden al interés de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada.

Ydael Jesús Pérez Brito, ministro de la Agricultura, quien presentó el texto legal, reflexionó sobre las ventajas del documento y la importancia que da la ley a la agricultura a mediana y pequeña escalas, porque es en los municipios donde se concretan esos propósitos.

Agregó que la Ley promueve la producción de alimentos con la movilización de los recursos existentes en el territorio, «tenemos personal preparado y mucha tierra ociosa, por lo que hay que intencionar la explotación de esa tierra por productores con mayor experiencia y mejores resultados».

Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, mediante la lectura del dictamen, insistió en la novedad del texto, debido a la ausencia de normativas relacionadas con esta materia en nuestro ordenamiento jurídico.

En primer lugar, destacó, la Ley establece la creación, la composición y las funciones de las comisiones de Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, a los niveles nacional, provincial y municipal.

Agregó que, con esta ley, se perfeccionan los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo de los alimentos, a partir de las capacidades endógenas de cada territorio.

Por otro lado, se definen los deberes de los diferentes órganos, organismos y entidades en el marco de sus competencias, con respecto a la sustitución de importaciones de alimentos, materias primas, insumos y tecnologías para asegurar la producción nacional.

En reuniones desarrolladas durante marzo, abril y mayo, por videoconferencia y de forma presencial, las comisiones Agroalimentaria y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consultaron el documento.

En resumen, de las 282 propuestas recibidas, 146 fueron aceptadas y 59 aceptadas en parte, con una modificación íntegra al artículo 44; se hicieron modificaciones parciales a 44 artículos, y se incorporó una disposición final al texto inicialmente circulado.

Durante el debate, la diputada Reina de la Caridad Torres Pérez, de Ciego de Ávila, comentó que esta ha sido una ley que se nutre de los valores académicos y de la savia popular, por lo tanto, además de lo novedosa, contextualizada y coherente, es necesaria en las condiciones económicas actuales del país.

OTRA PRIORIDAD PARA EL MARCO LEGAL CUBANO

La agenda legislativa de los diputados también contempló la aprobación de la Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, un marco legal que busca adecuar las acciones ambientales en Cuba, sustentadas en las concepciones martianas y marxistas sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza, y coherentes con las nuevas políticas.

Entre sus propósitos está también garantizar las bases y condiciones para el ejercicio pleno del derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado; establecer los principios y las obligaciones que orienten las acciones de las personas naturales y jurídicas, y asegurar la conservación, protección y uso racional de los recursos naturales.

Al referirse a esta norma, Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) comentó que este proyecto actualiza los componentes que tributan a la calidad ambiental e incorpora nuevos temas ambientales y una clara definición del daño ambiental significativo y la responsabilidad del que lo causa.

En total, señaló, se recibieron 1 120 opiniones, incluyendo las consultas especializadas, lo cual influyó en la modificación del 53 % del documento.

La norma tiene en cuenta los tratados internacionales y los compromisos ambientales asumidos por Cuba a nivel internacional, y se nutre de los principios fundamentales del derecho ambiental, refirió Martha del Carmen Mesa Valenciano, presidenta de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Al dar a conocer el dictamen, elaborado también por la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, esbozó algunas de las novedades que recoge el proyecto, entre las que se encuentra: implementar de manera eficaz y eficiente el enfrentamiento al cambio climático, con énfasis en la adaptación, la reducción de la vulnerabilidad y la introducción de estrategias sistémicas y sectoriales, al igual que para la gestión de riesgos, la reducción de desastres, con la participación de toda la sociedad.

Asimismo, en un único documento se incluye y detalla la gestión para las fuentes renovables, la diversidad biológica, el agua y el cambio climático, temas actuales y de esencial trascendencia para alcanzar el desarrollo sostenible.