Amparada en la Ley No. 107, del 1ro. de agosto del 2009, «toda persona tiene derecho a poner en conocimiento de los órganos de la Contraloría General de la República, los actos de presunta corrupción administrativa u otras ilegalidades, así como el uso incorrecto de los recursos materiales y financieros públicos, que por cualquier motivo conozca», siempre con el deber de ser veraz, no alterar, ni tampoco simular la existencia de pruebas, en aras de inculpar a otras personas
La Gaceta Oficial de la República de Cuba cumplió el pasado 1ro. de julio 115 años de historia y ha sido la encargada de divulgar las disposiciones generales que dictan los Órganos del Estado y los Organismos de la Administración Central del Estado
El acatamiento y respeto al orden exigido en cualquier entidad laboral devienen obligación para sus directivos y empleados; resulta una cuestión de orden público
La disciplina es la premisa básica para el acatamiento del orden laboral
Según Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana «este acto jurídico tiene función habilitante, legitimadora. Permite que una persona, llamada apoderado o representante, realice actos jurídicos o ejercite derechos, actuando a nombre y por cuenta de otro sujeto que es quien le concede facultades de representación...
La correcta aplicación de las normas y el respeto del orden laboral por los trabajadores resultan urgencias en el proceso de cambio que vive el país, donde la institucionalidad, la exigencia y el control interno desempeñan un papel necesario...
«El adecuado conocimiento del Derecho Laboral, al menos en su contenido esencial, se inscribe dentro de las deudas que en materia de cultura jurídica es acreedora la sociedad cubana, particularmente los trabajadores y los empleadores»
En Cuba hay cultura testamentaria, la cual debe cada día intensificarse, pues constituye una manera de proteger la propiedad y la familia; de evitar, en la medida de lo posible, los conflictos particionales de los bienes y derechos.
En materia Civil, Administrativa y de Familia, asistimos a escenarios cambiantes en cuanto a lo económico y lo normativo, lo cual hace más compleja la solución de los asuntos
En materia penal, las sentencias cuentan con un término de diez días hábiles para ser recurridas, a partir del día siguiente de la notificación. De presentarse el recurso fuera de ese plazo, se declara inadmisible
