El pago digital: un derecho que muchos siguen ignorando

La Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) establece la obligatoriedad de ofrecer la posibilidad del pago digital en el comercio, ya sea en el sector particular como en el estatal.

La normativa dispone, como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial, de manera temporal o permanente, poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta.

Sin embargo, pareciera que esta norma jurídica –en vigor desde 2023– queda como irrelevante para una gran parte de quienes comercializan bienes y prestan servicios al consumidor e intentan, mediante justificaciones o límites propios, socavar el derecho de elegir el método de pago.

De acuerdo con Maricel Chang Pérez, directora de Inspección Estatal del Comercio, hasta el 29 de septiembre se habían controlado 84 963 entidades en todo el país, como parte de las acciones encaminadas a verificar el cumplimiento de la Resolución.

En declaraciones a Granma señaló que, durante estas inspecciones, se detectaron 26 538 deficiencias, lo que generó la aplicación de 15 637 medidas; entre ellas, se destacan 269 cierres de establecimientos, 122 retiros comerciales y la imposición de 15 240 contravenciones, con un importe total de 71 310 585 pesos.

Agregó que del total de entidades controladas, 52 954 pertenecen al sector no estatal, distribuidas en 49 713 trabajadores por cuenta propia, 2 641 mipymes, 389 proyectos de desarrollo local y 211 cooperativas no agropecuarias.

A estos grupos –dijo– se les aplicaron 229 cierres de establecimientos y ocho retiros de autorización comercial, además de multas por un valor de 54 369 292 pesos.

Precisó que las principales deficiencias detectadas incluyen la no aceptación de pagos electrónicos, la falta de licencias comerciales, violaciones de precios, la venta de productos vencidos y la omisión de información sobre precios y gramajes a la población.

Estas acciones de control buscan garantizar el cumplimiento de las normas establecidas, proteger a los consumidores y elevar la disciplina en las actividades comerciales y de servicios tanto estatales como privadas, pero la aplicación de multas o cierres no siempre logra modificar comportamientos arraigados si no se fortalecen la supervisión constante y la cultura del cumplimiento.