Como suele ocurrir, entre el público que ocupa asientos en la sala prevalece un silencio total, interrumpido solo por preguntas, respuestas, declaraciones, consideraciones…, unas veces en voz de la fiscalía, otras por parte de la defensa, del juez que preside el acto, testigos o de los dos ciudadanos que comparecen como acusados de delitos relacionados con drogas ilícitas o sustancias de efectos similares.
Se trata de una joven pareja residente en una apartada comunidad rural, en cuya vivienda fueron ocupadas tres posturas de marihuana, lanzadas a la letrina en el momento del registro domiciliario.
La gravedad que implica el cultivo de esa planta (en el caso del acusado), así como de ocultarla (la mujer), atrae la atención de jueces, fiscales y abogados en cuya profesionalidad descansa la misión de garantizar la justicia que debe predominar en todo proceso, en cada caso.
Desde el lugar en el que estoy observo con detenimiento a ambos acusados y pienso cuántas veces, desde que comenzó la vista oral y pública, se habrán preguntado cómo pudieron incurrir en tan grave error (delito), qué necesidad real tenían de cometerlo, en quiénes estarán pensando ahora, a medida que son presentadas declaraciones, pruebas documentales, o se tienen en cuenta pruebas periciales.
Y puedo estar equivocado, pero es difícil que en un momento así no acuda a la memoria el rostro de padres, hermanos, y sobre todo de niños, como los que ambos acusados tienen.
Supongo acudan a la memoria, en un instante así, también las plantaciones agrícolas en las que él y ella han tenido la oportunidad, como obreros, de realizar labores que no aportarán los dividendos del cultivo de la marihuana, pero sí el derecho a un salario dignamente ganado y a una conciencia tranquila.
Quizá el espejismo del dinero les impida conocer, o reconocer, las enormes complicaciones que el cultivo de esa «simple hojita» acarrea para quienes la consumen: bronquitis crónica, enfisema pulmonar, alteraciones en el sistema cardiocirculatorio, aumento de la depresión, reacciones agudas de ansiedad, trastornos mentales, obstaculización del aprendizaje, problemas, problemas, problemas.
Aproximadamente 30 centímetros. Por ahí ronda la altura de las tres plantas o posturas ocupadas.
Me gustaría saber si los acusados tendrán idea de la otra estatura: la del delito en que han incurrido sin necesidad alguna, habiendo mantenido antes un buen comportamiento en la comunidad, sin antecedentes penales, incluso, en ambos casos.
Sentenciados finalmente a siete años de privación de libertad (él) y a cuatro (ella), con prohibición, además, de derechos y de salida del país –sanciones que no eximen la posibilidad de usar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular–, tendrán ahora la posibilidad, ojalá no despreciada, de mirarse hacia dentro, admitir el error, recapacitar, reinsertarse otra vez a la sociedad, demostrar que el mejoramiento humano también es posible.
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