A veces, las dimensiones del vehículo, de la ignorancia y de la irresponsabilidad llevan a comportamientos humanos incompatibles con la libertad, por la peligrosidad de quienes proceden de manera desafiante y sin aparente control ante sus semejantes.
En Cárdenas, Matanzas, en un hecho repudiable ocurrido en mayo pasado, se mezclaron el irrespeto a las leyes del tránsito, la prepotencia, el desorden público, la agresión con arma blanca y con objeto contundente, así como impactos intencionales del auto conducido por el delincuente a un ómnibus y a varios autos, como si la furia del alcohol diera credenciales para atacar sin piedad a los demás.
El imputado, Yuni Valdés Pérez, chofer de una escatolina de la Sucursal Cubacar Varadero, ingiriendo bebidas alcohólicas, estacionó incorrectamente el vehículo e interrumpió la circulación de varios medios de transporte, incluido un ómnibus y varios autos.
Primero, desoyó, de manera irrespetuosa, los reclamos civilizados de los conductores y las personas que se le acercaron; luego, los agredió con una lata de cerveza e hirió en el rostro a uno de ellos, sacó un machete y los amenazó.
Todo ello, un espectáculo de desorden público rodeado de otras conductas reprochables de personas que, en lugar de intervenir para aplacar o detener al infractor, lo animaban a actuar por el camino de otros delitos.
En medio de la actuación violatoria y descontrolada de Valdés Pérez, el chofer del ómnibus que se encontraba detrás tomó el timón de su grúa, cogió impulso para chocar con toda la fuerza posible, y, repitiendo varias veces sus violentos choques, provocó daños a ese y a otros vehículos.
Aunque parecen escenas de filmes estadounidenses, lamentablemente, el protagonista es un delincuente de aquí, ahora en prisión.
A su conducta delictiva se suma la complicidad de quienes ingerían bebidas alcohólicas con él y no intervinieron para detener su agresividad, la pasividad de otros e, incluso, el coro irresponsable, cual circo romano, que lo invitaba a continuar.
Concluidas las investigaciones por los órganos del Ministerio del Interior, con el respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía ha ejercido la acción penal pública ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que lo condenó a diez años de privación de libertad por el delito de Sabotaje, previsto en el Código Penal, en correspondencia con la lesividad de los hechos cometidos, las circunstancias en que ocurrieron y la conducta personal del imputado.
El combate al delito es una cuestión sagrada para los cubanos, que defendemos como una conquista de la Revolución, y es una de las fortalezas que hace de nuestro país un lugar y destino seguro, de tranquilidad y paz para nuestros ciudadanos y, especialmente, para nuestros hijos y nietos, que no nos perdonarán despreocuparnos, ni por un segundo, de este frente vital.
Continuaremos actuando en el marco de la legalidad, por la protección de los intereses del Estado y los derechos de todas las personas.
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