GRANMA.–La perspectiva de mayor agilidad y eficiencia con la que nacieron las unidades empresariales de base en el sector del Comercio y la Gastronomía, se ha topado con la cruda realidad de la economía cubana. Lejos de alcanzar sus objetivos, el modelo evidencia hoy profundas grietas estructurales, financieras y operativas que limitan su potencial y sostenibilidad, afectando a trabajadores y consumidores por igual.
Según directivos del Grupo Empresarial de Comercio (Gecog) en Granma, la implementación del proceso de consolidación se realizó de manera apresurada y sin una evaluación previa de su viabilidad real. Mariela Sánchez Jerez, directora general del Gecog, admitió que, mientras el modelo pudo haber funcionado en la gastronomía, su aplicación en el Comercio fue prematura.
«Muchas ueb heredaron deudas millonarias de estructuras anteriores sin un saneamiento financiero que les permitiera comenzar con liquidez».
Alberto Ruiz García, director de Venta y Mercancía del Gecog, agregó que el proceso no vino acompañado de la preparación del personal contable ni de la tecnología necesaria, dificultando la gestión y el control.
Pese a la teórica descentralización, las ueb continúan dependiendo de autorizaciones centralizadas. «Para nombrar a un director se requiere el aval de la Comisión Nacional, un proceso lento que deja puestos claves vacantes durante meses», corroboró Ruiz García.
Esta falta de autonomía real se extiende a la gestión comercial y financiera, limitando su capacidad de respuesta.
FRAGMENTACIÓN Y GUERRA POR LOS INSUMOS
Uno de los cambios más críticos fue la descentralización de las compras. Antes, la empresa centralizaba las adquisiciones; ahora, cada ueb debe gestionar sus recursos individualmente. «La provincia dispone de 447 unidades en la red gastronómica, lo que significa igual número de entidades detrás del mismo proveedor estatal», explicó Yisel Estrada Álvarez, directora de Gastronomía.
Esto ha convertido a las ueb en competidoras entre sí por los mismos escasos recursos, obligándolas a recurrir a proveedores privados (mipymes y cooperativas) que, si bien son más estables, imponen precios estratosféricos.
Ramiro Barrio Álvarez, administrador de la cafetería estatal Superhamburguesa, en Bayamo, ejemplificó el impacto: «Una hamburguesa que costaba diez pesos ahora vale 325; una Superhamburguesa, 450». Estas cifras, derivadas de los costos de los insumos, generan un rechazo comprensible en una población que vive de salarios bajos.
En cuanto a los precios, la población señala, al menos en las entidades del Comercio, que muchos productos son tan caros o más que en la red no estatal, y muchas veces no responden a la calidad ofrecida.
Sobre este tema ahonda, desde la perspectiva del consumidor, el bayamés Eliecer Rodríguez Pacheco: «Al comparar los precios de los establecimientos gastronómicos estatales con los del sector privado, los primeros son indudablemente más accesibles y ofrecen mejor relación de calidad-precio. Sin embargo, esto no significa que sean asequibles para la población asalariada.
«Por ejemplo, imaginemos a una persona con un salario de 4 000 pesos que quiere ir con su esposa y sus dos hijos al restaurante estatal La Bayamesa. Solo el plato de completa de cerdo frito cuesta 1 240 pesos. Con un solo salario mensual, es imposible costear una comida familiar allí. Por ello, estos lugares no suelen ser frecuentados por asalariados, sino por quienes tienen ingresos adicionales o reciben remesas familiares.
«La razón detrás de los precios altos, incluso en los estatales, es el encarecimiento de las materias primas: carnes, verduras, vegetales, frijoles... Todo es caro. Aquí surge una tensión comprensible: por un lado, está el cliente asalariado que necesita precios bajos; por otro, el administrador del establecimiento, que tiene la obligación de que el negocio sea sostenible y rentable. Para lograrlo, debe fijar precios que le permitan obtener una utilidad, lo que resulta extremadamente complicado en el contexto económico actual».
Mientras, la inflación devora el poder adquisitivo, un kilogramo de cerdo cuesta 1 666 pesos, el pollo oscila entre 330 y 450 pesos la libra, según la provincia, y el transporte encarece aún más los costos que debe cargar el bolsillo del trabajador.
CONTROVERSIAS
Al recorrer unidades del sector del Comercio y la Gastronomía por estos lares, da la impresión, al visitar una, que has visto todas las demás. Los establecimientos parecieran ser copias, pues poco difieren en sus ofertas y presentaciones. Los condimentos, los chupa chupa, los refrescos enlatados, y una variedad de confituras parecen dominar el sector estatal y el particular, dejando en un segundo plano las opciones tradicionales y las propuestas innovadoras. El mercado se ha estancado en un patrón uniforme, en el cual lo auténtico y lo diferente parecen haber quedado en el olvido.
Esta uniformidad no solo limita la diversidad de opciones para los consumidores, sino que también refleja una falta de creatividad y de interés por ofrecer productos que puedan distinguirse y satisfacer las distintas preferencias y necesidades de la población.
El desabastecimiento y la fragmentación de las compras han convertido a las ueb del Comercio y la Gastronomía en víctimas de su propio modelo. Antes, las empresas centralizaban las compras, pero ahora cada ueb debe gestionar sus recursos, en un mercado ya de por sí desabastecido o reiterativo en sus productos.
Hacia lo interno de estas unidades gastronómicas se vive una gran controversia: generan entre 45 000 y 100 000 pesos diarios, sin embargo, pagan salarios que no superan los 2 500 mensuales. Luis Enrique Torres Rodríguez, administrador del restaurante La Sevillana, confirmó que su local duplica el plan mensual, pero una auxiliar de limpieza gana 2 000 pesos y el administrador, 4 000.
Además de los bajos salarios, los trabajadores enfrentan un sistema punitivo recio. Multas de 10 000 o
20 000 pesos –equivalente a diez veces un salario mensual– por errores mínimos, como una diferencia de dos gramos en un plato, posturas que han acelerado el éxodo laboral.
René Barrio Álvarez, director de la ueb Especializada 1513, lo resume: «De una plantilla de 160 trabajadores, actualmente quedan 93. La mayoría ha salido del sector, desmotivado por los bajos salarios».
A nivel provincial, la fuerza laboral se redujo de 21 000 trabajadores a unos 11 000, desde 2018.
ASFIXIA FINANCIERA Y LOGÍSTICA
Las dificultades financieras son otro lastre. Muchas ueb destinan hasta el 42 % de sus ventas al pago de deudas antiguas.
La situación se agrava en zonas rurales y montañosas (Plan Turquino), donde la logística es una pesadilla. La falta de transporte obliga a pagar fletes de entre 15 000 y 30 000 pesos por viaje, y la Resolución 36 exige pagos por adelantado a los proveedores, algo casi imposible para unidades con flujo de caja ajustado.
¿HAY SALIDA?
Algunas ueb, como la 1513, han logrado éxitos relativos. Barrio Álvarez destaca que saldaron una deuda heredada de 10 millones de pesos y hoy superan su plan en 19 millones. Sin embargo, el modelo no está exento de trabas: el fondo bancario asignado (700 000 pesos para cinco unidades) se agota antes de fin de mes y se hace difícil operar sin liquidez.
En resumen, el sistema de perfeccionamiento ha tenido avances administrativos y de gestión, pero enfrenta retos en la disponibilidad de productos, calidad del servicio y control de precios, que condicionan la percepción popular sobre su efectividad.
En este contexto, la gastronomía estatal sobrevive, impulsada por el empeño de sus trabajadores y la esperanza de que, con nuevas estrategias y una revisión urgente del sistema salarial, pueda recuperar el atractivo y la estabilidad que alguna vez tuvo.
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