Analizan anteproyecto ley de propiedad, posesión y uso de la tierra

Flexibilización de las disposiciones en cuanto a los actos de transmisión de la propiedad sobre la tierra y bienes agropecuarios, descentralización de las decisiones sobre ella, el acceso a contratar fuerzas de trabajo, construir viviendas y abastecer de insumos, seguros y tecnologías de mayor demanda, centraron el debate en la comisión Agroalimentaria sobre el Anteproyecto Ley de Propiedad, Uso y Posesión de la Tierra, en V periodo ordinario de sesiones de la X legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Presidida por el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa; José Ramón Monteagudo Ruiz, jefe del departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido, y Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro; se abordó también la necesidad de otorgarle más seguridad al campesino para que invierta en la tierra.

Entre los debates trascendió que el límite de cinco caballerías de la entrega de tierras en usufructo, con la necesidad de establecer al menos una excepcionalidad que contemple la posibilidad de entregar mayor número de hectáreas en el caso de las producciones cañeras, ganaderas, forestales y otras que lo justifiquen.

Asimismo, se solicitó que se incorpore la posibilidad de que puedan comprar tierras, usufructuarios y otras personas naturales.

Los diputados también abordaron el tratamiento que se le confiere a las viviendas, y expusieron que se considerara que al cabo de 15 años los campesinos pudieran tener la propiedad, aspecto que en el anteproyecto no se establece. 

Al respecto, Ydael Pérez Brito, ministro de Agricultura, puntualizó que de los 429 087 tenentes de tierra, no pasan de los 22 000 los que poseen caballerías, y 115 000 con menos de una hectárea, por tanto –agregó- la tierra se ha parcelado y «con esta ley debemos pasar a una etapa superior».

Precisó que en Cuba el 80% de la tierra es estatal socialista y la tienen los directores que la administran a nombre del pueblo y el otro por ciento sí es privada (una buena parte pertenece a productores con la reforma agraria y otra a cooperativas de producción agropecuaria).

Por eso, no se puede legalizar una propiedad en una tierra estatal, acotó.