Que los cuidados se redistribuyan entre los diferentes actores económicos y al interior de las familias; que se reconozca este trabajo no remunerado y los aportes que realizan las personas cuidadoras; además de favorecer la autonomía y el bienestar de quienes requieren el servicio, son los cimientos del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, del cual, como parte de su implementación, se aprobaron las normas para establecer escuelas para personas cuidadoras, su ampliación y perfeccionamiento.
Ariel Fonseca Quesada, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, expuso a Granma que, en este Sistema, que articula y otorga coherencia a las políticas y programas existentes en materia de seguridad social, la escuela de formación supone un paso superior.
Desde el enfoque de género y corresponsabilidad, se impartirán cursos para los cuidadores del sector estatal y no estatal, los cuales recibirán su certificación al término del proceso.
Precisó que se trabaja para diversificar el servicio a través de aplicaciones móviles o cursos televisados: «muchas de las personas cuidadoras no podrán asistir a la escuela porque no tienen con quién dejar al que está bajo su cuidado».
Por otra parte, dentro de las acciones para regular el funcionamiento y alcance de las prestaciones establecidas, se realizan experiencias piloto en los municipios de Jaruco, en la provincia de Mayabeque, y Guanabacoa, en La Habana.
«Diseñamos siete instrumentos que determinarían las demandas de cuidado de la población en esos territorios, y basado en el resultado, crear casitas infantiles, hogares de ancianos, centros para personas en situación de discapacidad…», y luego se extenderá a las demás provincias, agregó el Viceministro.
Como parte de las medidas de este programa, se aprobaron, en abril, cuatro normas –el Decreto-Ley 121 Sobre el servicio de cuidados para familias de hijos en situación de discapacidad severa y los acuerdos que establecen el procedimiento para la atención a personas con conducta deambulante; el servicio de Asistencia Social a Domicilio y el de teleasistencia–, que responden a la implementación, y amparan tanto a los que cuidan como a quienes reciben los cuidados.
Sin embargo, falta involucrar en los servicios a más actores de la economía. Al decir de Fonseca Quesada, no solo las instituciones estatales deben ser garantes de los cuidados en Cuba; hay que promover, además, la corresponsabilidad en la familia.
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