Un tribunal antimperialista acusó este martes al Gobierno y a los servicios de inteligencia de EE. UU. por el sabotaje al vapor La Coubre, en el Puerto de La Habana, hace 65 años.
En el escenario del brutal acto terrorista, en presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se presentaron pruebas documentales, periciales y fiscales, que esclarecieron las causas, circunstancias y responsables de la tragedia, en la que fallecieron 101 personas, 33 desaparecieron y más de 400 resultaron heridas.
Testimonios como el de Rosario Velasco Gómez –quien perdió a su esposo, trabajador del Puerto– o el de Osvaldo Canceco Fernández, cuyo padre murió allí, se multiplicaron en el relato de varios familiares de víctimas directas del crimen.
El juicio reveló un estudio del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, en el que, luego de relatar una serie de irregularidades en el itinerario del vapor hasta La Habana, descartaron la posibilidad de un accidente, pues el armamento transportado –en especial las granadas– solo puede detonar con acciones externas, nunca por sí solo.
Asistieron al simbólico acto de justicia, los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; así como dirigentes del Partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas, de organismos de la Administración Central del Estado, y otras autoridades.
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