La importancia del fortalecimiento de alianzas entre diversos sectores para que la comunicación sea efectiva y constituya un pilar estratégico de la gestión política y de gobierno en la implementación de la Ley 162/2023 de Comunicación Social, fue uno de los puntos comunes entre los asistentes a una reunión de trabajo en Ciego de Ávila.
La cita reunió a directivos de medios de comunicación, funcionarios políticos y gubernamentales, representantes de organizaciones de masas, y comunicadores de varias entidades, con la participación de Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), junto a otros directivos de esa institución, presididos por Nexy Véliz Naranjo, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC).
«De lo que se trata es de garantizar un derecho ciudadano en el acceso a la información», comentó el presidente del IICS, según reporta la Agencia Cubana de Noticias.
Entre los principales resultados de la Dirección Provincial de Información y Comunicación social en 2024 destacan la preparación de los recursos humanos existentes y el fortalecimiento de alianzas con la Unión de Periodistas de Cuba, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez.
Xenia López González, directora general de Publicidad y patrocinio del IICS, refirió que las empresas vean estos temas como una oportunidad de llegar a más clientes sus productos y servicios, hacer conciencia de que es una inversión y no un gasto; siempre en respeto de las legislaciones vigente.
Los municipios de Ciego de Ávila y de Baraguá fueron reconocidos por su labor en 2024, al igual que otras entidades con buenas prácticas comunicativas como la Dirección Provincial de Educación, la Empresa Eléctrica Ciego de Ávila y la Empresa de Materiales de la Construcción (Avilmat).
La Ley de Comunicación social es una norma de gran trascendencia para Cuba, tiene espíritu de diálogo, constituye la primera propuesta jurídica sobre esta materia que se promueve en la historia del país y fue aprobada en mayo de 2023 por la Asamblea nacional del Poder Popular en su décima legislatura.
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