Una trama difusa en el Valle de Caujerí

Valle de Caujerí, Guantánamo.–Con la fe puesta en su propio esfuerzo y en la rectitud de una entidad económica del entorno, Isaías –que es agricultor, no profeta– anticipó que a su hogar se aproximaban mejoras, y se lo hizo saber a la esposa. Adquirir unos artículos de cocción y un par de electrodomésticos que agregarían calidad de vida en su hogar campesino del Valle de Caujerí, para él era cuestión de tiempo.   

Isaías Méndez Cuadro basaba su presunción en la bien ganada divisa que la unidad empresarial de base (UEB) Valle de Caujerí, de la Empresa de Conservas de Vegetales, debía pagarle al profesor de Cultura Física devenido labriego, a cambio del mango entregado en la cosecha de 2022, a partir de un contrato suscrito con esa entidad.

No fue menor la expectativa en Ramiro Cobas Durand, asociado, como Isaías, a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Mariana Grajales, de Guaibanó. Con las ganancias que, pensó, le dejaría la antepasada temporada de mango, planificó adquirir «una nevera, una máquina rústica despulpadora de frutas, e insumos para la finca».

«Lo que debían pagarme en MLC me alcanzaba para invertir en mis planes», esboza Ramiro, uno de los campesinos de diez formas productivas que, en 2022, suscribieron contrato para suministrarle productos agropecuarios a la citada UEB.

Rubricado por las partes, el documento estableció que el productor recibiría 300 pesos cubanos y 90 en MLC por cada tonelada de mango entregada a la industria, y dejó establecido como obligación del cliente, en este caso Conservas de Vegetales Valle de Caujerí, pagar los precios acordados en el contrato.

Era lógico entonces que los labriegos, después de honrar sus obligaciones con la otra parte, planificaran su economía familiar en correspondencia con los pagos que debían recibir. Sin embargo, al momento de efectuar el cobro, ¡sorpresa!: «Solo el 20 % del mango entregado se les va a pagar en MLC».

EL ESCURRIDIZO CAMINO DE LOS PORQUÉS

«Después de que se hizo el contrato, llegó un proce­dimiento indicando cambios en el pago del mango», argumenta Eblis Hernández Méndez, jefe del Grupo Financiero Contable en la Empresa filial de Conservas de Vegetales Valle de Caujerí.

–¿Procedimiento emitido por quién?

–Por la Empresa Nacional de Conservas.

Granma esperó casi 24 horas para acceder a una copia digitalizada del escrito portador de la «indicación», el cual revelaba más de una sorpresa. Fechado en octubre de 2021, el «procedimiento» para reducir el volumen de mango para pagar en divisa, nació mucho antes del contrato (firmado en abril de 2022) al que aspiraba modificar, no después, como previamente se dijo.  

En verdad, la medida que, en perjuicio de los productores, a Conserva de Vegetales ¿la exime? de pagar en MLC el 80 % del mango recibido en la industria, y que, según la empresa local, le da viso legal al cambio que se le impone al contrato, no pasa de una propuesta redactada por otra instancia de la propia entidad, seis meses antes de que las partes rubricaran los términos para el pago del producto. En este caso la placenta se adelantó a la criatura.

Si a la hora de suscribir el contrato ya el «procedimiento» existía, ¿por qué en la empresa se intenta ocultarlo? Si la entidad consideraba legalmente válido el documento en el que ahora se ampara y, si además, de antemano, lo tenía en su poder, ¿por qué no lo tuvo en cuenta, desde el inicio, para establecer los términos de pago, de mutuo acuerdo con la contraparte?

De haber procedido así, las cosas hubieran quedado claras desde el principio, y se habría evitado la estrambótica modificación que tan lógicas suspicacias levanta entre los productores, ahora enfadados y en desacuerdo, por comprensibles razones.

El pretendido «procedimiento», además, ni siquiera va dirigido a la industria del Valle de Caujerí; tampoco le da indicación alguna. Su destinatario fue el Grupo Agrícola del Ministerio de la Agricultura, con la propuesta de pagar en MLC solo el 20 % del mango y el 40 % del tomate que recepcionara la industria. Se trata de una sugerencia, no más. Aun así, hoy se usa como algo definitivo, para justificar un proceder arbitrario. 

Y hasta en eso se contradice la industria del Valle de Caujerí, pues, al párrafo que plantea no pagar el mango como lo dice el contrato –indicación cumplida al pie de la letra–, le antecede la propuesta de aplicar lo mismo para el tomate, absolutamente ignorada.  

A contrapelo de «lo orientado», la empresa pagó la totalidad del tomate a 150 MLC cada tonelada, sin afectar la retribución en pesos cubanos, pese a que, dicen sus directivos, la instancia nacional le había indicado pagar solo el 40 % de ese producto. ¿Por qué? «El país le asignó respaldo en divisa (al tomate)», argumenta Javier Córdova González, jefe del Grupo de Abastecimiento Técnico Material de la empresa.

«Yo no sé si en ese disparate habrá triquiñuela», murmura al respecto Ramiro Cobas, «pero aún me deben más de 2 500 de los 3 150 MLC que me pertenecen por el mango entregado. En varias ocasiones, en la industria se negaron a firmar un documento que necesito para demandar a la empresa».

Que tras dos años de espera haya podido cobrar al menos un mínimo de los MLC que les corresponden, Ramiro se lo debe a la queja que presentó ante autoridades de la provincia.  

Isaías Méndez, por su parte, sigue igual de molesto: «Mi familia depende de lo que produzco en la finca, de lo que gano con mi sudor –recalca–; esos mangos no me los encontré, tuve que cosecharlos con mucho esfuerzo, que nadie juegue con eso.

«Engañado me siento, sí –prosigue Isaías–, impusieron los cambios y ahora tratan de convencernos. ¿Por qué no lo supimos a tiempo?».

Trasladamos a la contraparte la pregunta de Isaías. «Aquí los productores viven aislados, es difícil comunicarse con ellos», alega Eblis Hernández; pero hay otra cláusula del contrato, según la cual, ante la posibilidad de un incumplimiento, la parte afectada debe avisar a la otra mediante escrito, a través del correo electrónico, o por vía telefónica, servicios todos a disposición de una buena parte de los productores en Caujerí.

No obstante, Yuneisy García Rodríguez, directora en funciones de la entidad, asegura que, a través de reuniones con las diferentes formas productivas, se les hizo llegar a los productores la información de los cambios en el contrato.

Al respecto, de los presidentes de coope­rativas consultados sobre el asunto, solo Alexander Laffita, de la CCS Mariana Grajales, recuerda que en una reunión se habló del tema; «pero –razona–, de algo tan serio no se informa con recaditos; lo correcto es notificarlo por escrito; además, el contrato, en el caso del mango, se hizo de manera directa entre la empresa y los campesinos, no medió la cooperativa, por tanto, la comunicación debía ser directa con ellos».

SACANDO CUENTAS

Un «procedimiento» que de manera selectiva se acata y se implementa al mismo tiempo, con argumentos dudosos, hace que el contrato, herramienta jurídica indispensable para los nexos entre los actores económicos de nuestro modelo, se minimice hasta casi anular su papel como instrumento de gestión económica, cuando pasa como en esta historia de incoherencias.

Uno llega a temer que esta trama difusa esté encriptada mediante procederes como el que, sin derecho ni aviso previo, evaporó los sudores de casi dos decenas de campesinos en el Valle de Caujerí.

Ojalá se clarifique la trama de esta historia inconclusa. Un desenlace justo alimentaría la fe de nuestra gente en su propio esfuerzo y en la rectitud de sus semejantes.