El Derecho y las matemáticas pueden tener puntos en común, dice el doctor Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba; solo que, en su ámbito, colmado de «ecuaciones sociales», ni los números son protagonistas ni las soluciones son exactas.
Por ello, a su juicio, toca al sector jurídico hoy, en su día, y también en lo adelante, «retratar la realidad social y reflejarla en las normas con sentido de actualidad y eficacia; corresponde armonizar sus principios y reglas en pos de satisfacer las necesidades y reclamos de las personas, tanto sociales como económicos, en la búsqueda continua de la realización del ser humano».
Con esos derroteros, el perfeccionamiento del modelo socialista cubano y la nueva Constitución de 2019 pautan, al decir de la doctora Marta Moreno Cruz, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana (UH), la necesidad de concebir y aplicar el saber jurídico como mecanismo para fortalecer la institucionalidad del país, sobre todo en el marco de la Administración Pública y de defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos.
Felicitaciones en su día a la gran familia de los trabajadores jurídicos cubanos, que tanto aportan al ordenamiento jurídico de la nación. #SomosCuba pic.twitter.com/1BYOfP7uvE
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 8, 2021
Todas las instituciones del sector jurídico, agrega, así como empresas y demás actores de la economía, deben aplicar el Derecho con carácter creador, apegados a la legalidad y, al mismo tiempo, corresponde a las carreras de esta disciplina en todo el país, formar profesionales con una alta vocación humanista y sentido de la justicia, atemperados a los intereses de esta esfera y de la sociedad.
Similar postura defiende la doctora Ana María Álvarez-Tabío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la UH, porque «Cuba, que apuesta por las ciencias como motor impulsor del desarrollo, tiene que contar con las jurídicas para la consagración de sus conquistas y la estimulación de cambios sociales a través del Derecho.
«Para cumplir con esa misión se necesita comprender por todos los actores sociales, en cualquier posición, el valor de incorporar a los juristas en los procesos de toma de decisiones desde su inicio. La más alta dirección del Estado y el Gobierno ha dado muestras de esa sabiduría; de ahí que nada justifica una actitud diferente en el resto de los niveles».
A ese quehacer integral y coherente también convida Rosabel Gamón Verde, viceministra primera de Justicia, quien destaca, entre las prioridades de su organismo, la actividad normativa y el cumplimiento del cronograma legislativo, sobre la base de la calidad, el respeto a los tiempos previstos y la perdurabilidad de las normas.
Con la mira en los desafíos, la vicetitular habla de la importancia de normas ágiles, capaces de responder a las medidas que va adoptando el país, en relación con los nuevos actores de la economía. «No solo se trata de garantizar la elaboración de las disposiciones, sino de su aplicación eficaz, desde el punto de vista del asesoramiento jurídico».
Y, en materia de retos, no son menos los que se yerguen para los tribunales de justicia cubanos, responsables de procurar, en palabras de la máster Daylín Gozá Valdés, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, una actuación imparcial, profesional y ética, que respete estrictamente las exigencias del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Los juristas hemos trabajado, sin descanso, en fortalecer nuestra base normativa, considera Yumil Rodríguez Fernández, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular. «Ahora, continuar esforzándonos porque Cuba siga siendo un Estado socialista de derecho es nuestra tarea más importante».
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