A todos y a todo afecta el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba, incluso a los trabajadores por cuenta propia, sector al que las sucesivas administraciones de Estados Unidos insisten en motivar hacia el crecimiento y el desvínculo con la institucionalidad cubana.
«El gobierno de EE. UU. afirma apoyar a los cuentapropistas (negocios privados) y buscar su prosperidad en Cuba, sin embargo, mantiene medidas económicas que dificultan su desarrollo y restringen el acceso al mercado estadounidense», afirmó recientemente, en Twitter, el miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.
Sus declaraciones tienen lugar luego de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, asegurara recientemente que su país favorece a los trabajadores privados cubanos.
Sin embargo, el cerco económico, comercial y financiero que Washington mantiene inalterable contra la nación caribeña impacta con fuerza en todos los sectores de la economía.
A ello se suman las más de 240 medidas impuestas durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021), que llevaron a un plano demencial el acoso a la Isla, y que permanecen vigentes.
Ello confirma las palabras del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el discurso de clausura del 8vo. Congreso de la organización, cuando afirmó que «nadie con un mínimo de honestidad y con datos económicos que son de dominio público, puede desconocer que ese cerco constituye el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país y para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y el bienestar».
Entre las actividades más afectadas por esa injusta política, se encuentran los arrendadores de viviendas, los transportistas privados y los vinculados con la gastronomía, quienes han visto resentida su entrada de ingresos debido a todas las trabas impuestas al turismo.
Según datos de la Cancillería cubana, a causa del recrudecimiento del bloqueo, alrededor de 1 748 300 personas procedentes de Estados Unidos dejaron de viajar al país entre abril de 2019 y marzo de 2020, lo cual ocasionó serios perjuicios a miles de negocios por cuenta propia dedicados a la transportación, alojamiento y recreación.
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