Es posible que en las carretillas no siempre se transporten el abuso y la trampa

Cienfuegos.–Aunque aún resta por hacer, en esta provincia desde agosto del pasado año hasta la fecha se han desarrollado acciones de control sistemático para el correcto desempeño de las dinámicas sociales, con instancias claves como el Grupo de Enfrentamiento del Gobierno Provincial, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Dirección Integral de Supervisión (DIS), la Unidad Estatal de Tráfico (UET), la Delegación de la Agricultura,  Inspección Estatal (los llamados inspectores azules del Transporte) y la Oficina Nacional de Inspección Pesquera, entre otras.

Una de las actividades que más sensibilidad despierta es la de la venta de alimentos, ante lo cual la población demanda que se le proteja de quienes quieran sacar provecho de esta necesidad básica. Pese a que existen algunos ilegales, en Cienfuegos están oficialmente registrados 635 carretilleros, figura dentro del sector no estatal. Raúl González Quintana, secretario del Consejo de Administración Provincial (CAP), sostuvo que «su esencia es acercar los productos agropecuarios a los barrios, a las familias, para comodidad de las personas. Por eso insistimos en su carácter ambulatorio, similar al del vendedor de pan. De acuerdo con las normas, deben adquirir su mercancía en la red minorista (puntos de venta, placitas, organopónicos), lo cual no sucede siempre así.

«Conocemos de camiones que trasladan mercancías en grandes cantidades y suministran a los carretilleros, en lugar de cumplir con el destino real de tales producciones. Hemos identificado algunos de esos almacenes clandestinos, pero todavía no logramos toda la efectividad que se requiere. Estos lugares son un problema: alimentan la reventa y traen consigo el acaparamiento, con el desvío de productos contratados de antemano por Acopio e incluidos en su balance de distribución», consideró.

«Actuar contra las casas de almacén requiere de un trabajo operativo, del que participamos en tanto nos convoquen, aunque ya funciona en el Gobierno un grupo para evaluar en detalle las acciones ante hechos delictivos de mayor complejidad», explicó Paulino Pablo Díaz Santillán, director de la DIS.

El teniente coronel Edgardo Hernández Lorenzo, segundo jefe de la pnr en Cienfuegos,  afirmó que «fue desarticulado un grupo de casas-almacenes,  que –como es conocido– se dedican a receptar  productos del agro que vienen de Cienfuegos o de otras provincias, en su mayoría de manera ilegal, sin papeles, sin pasar por los canales pertinentes como la Agricultura o Acopio, para luego distribuírselos a los vendedores ilegales».

Para evitar estas prácticas que encarecen el consumo de alimentos del pueblo y que perjudican la red de abastecimientos, «a finales de 2019 advertimos tres camiones que venían de Jagüey Grande, Matanzas, con gran cantidad de piña, col, yuca, ajíes  y tomates, entre otros, precisamente para surtir casas-almacenes.  No había ninguna documentación que respaldara la carga, por lo que fueron conducidos, multados por la Agricultura y se les decomisó totalmente la mercancía. En caso de que fueran reincidentes pueden ser objeto de un proceso penal y recibir sanciones por el Tribunal.

«También se erradicaron una veintena de puntos de venta, es decir, lugares que pueden estar lo mismo en una casa o en cualquier otro sitio y que  se dedican también al expendio de productos del agro de manera ilegal y con sus lógicos sobreprecios», complementó.

Dijo que en el actual 2020 «se continuará el enfrentamiento a esas redes de distribución y comercialización de casas-almacenes, y de camiones que se detecten en función de suministrarles productos en franca violación de lo establecido para que al pueblo llegue la comida sin los precios multados que suelen ponerle», indicó.

Para perfeccionar la labor con los carretilleros que no desvirtúan su trabajo, con la participación de la Dirección Estatal de Comercio (DET), la Delegación de la Agricultura y del Grupo de Atención al Trabajo por Cuenta Propia, fueron identificados los titulares y se procedió a la elaboración de las chapillas de identificación, las cuales están siendo colocadas en las carretillas ahora mismo en los diferentes consejos populares de la Perla del Sur, con una numeración específica para cada una.

Diana Serpa Díaz, secretaria del Consejo de la Administración Municipal (CAM), explicó que aunque la cabecera provincial registra unos 150 carretilleros, se diseñaron más chapillas para incluir a vendedores legales que aparecen inscritos en otros municipios, pero operan en esta ciudad. «Estos, incluso, dispondrán de una numeración diferente, de manera que las personas puedan reconocerlos»,  dijo.

La funcionaria advirtió que, «a partir del 1ro. de marzo, quienes no posean la señalización correspondiente no podrán entonces dedicarse a ello, y el pueblo sabrá que pueden ser vendedores que violan lo establecido y tendrá la posibilidad de notificar su existencia al Gobierno, a la Dirección Integral de Supervisión y a la DET».

Contra el delito

El Grupo de Enfrentamiento Provincial en Cienfuegos continúa sus acciones en función de que prevalezcan el orden, el control y el cumplimiento de lo establecido en todos los ámbitos, tanto por los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) como por el Gobierno Provincial.

En razón de ello, las entidades que lo conforman  desarrollaron en el mes de enero de este año acciones que  no solo demuestran la sistematicidad en el seguimiento, sino que aún continúan las violaciones: lo mismo en la esfera estatal como en la privada, dijo Florentino Pérez Valladares, funcionario de esa instancia.

La Agricultura mantuvo este esfuerzo, dirigida por el Gobierno provincial y de conjunto con la pnr, lo que permitió la identificación de  infracciones, de las cuales se derivó el decomiso de 41 kilogramos de lima y de dos vacunos por ocasionar daños a las plantaciones, al tiempo que fueron detenidos par de camiones cargados de plátano fruta y plátano burro, sin papeles.

En ambos casos se procedió al decomiso de la carga y a los choferes les fueron aplicadas multas por valor de 2 000 pesos, a tenor del Decreto-Ley 191. De tales acciones se recuperaron varias producciones, entre ellas de productos como tomate, ají pimiento, cebolla y plátano.  La Agricultura aplicó en el periodo 18 multas, por 56 900 pesos.

También la dis mantuvo su quehacer durante el mes de enero en todos los municipios, con mayor incidencia en Cienfuegos (fueron impuestas 779 multas con una cuantía de 64 785 pesos en moneda nacional). Añadió Florentino Pérez Valladares que en lo referido al trabajo por cuenta propia se detectaron otros incumplimientos, entre ellos contar con personal ilegal ejerciendo las diferentes actividades, lo que demandó la imposición de multas según el Decreto- Ley 357, lo que evita que estas personas no cuenten con las garantías laborales cuando se contraten.

Pero todavía falta…

No obstante el continuado trabajo de estas estructuras de enfrentamiento, persisten insatisfacciones. Alina Guevara López, sexagenaria que le ha comprado a los carretilleros, ante el desabastecimiento de los mercados agropecuarios estatales, consideró que ponen precios abusivos.

A juicio de Yankiel Saldívar Vázquez, «pese a que les subieron el sueldo considerablemente, todavía  hay algunos inspectores que no cumplen la función que les toca».

Hay también otros carretilleros que, legales o no, se esconden cuando llegan inspectores que saben que no pueden sobornar, compartió el cienfueguero Ángel Hernández López.

«Hay camiones que siguen llegando provenientes de polos agrícolas, con comida del pueblo que desvían impunemente», expresó otro ciudadano que no quiso dar su nombre.

La opinión de estas cuatro personas coincide con la de otros cienfuegueros entrevistados para este reportaje. El pueblo apoya que unos pocos pillos no continúen abusando del sudor de otros, a quienes les entorpecen la existencia con ofertas leoninas que tenían como destino el mercado con precios razonables. No obstante, lo que se viene haciendo demuestra que se puede lograr que arriba de la carretilla no se transporten la trampa y el delito, ni de que se incentiven cadenas ilegales de suministro.