«Al aprobarse el proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, estamos conscientes del aporte que hacemos al perfeccionamiento institucional de nuestro Estado Revolucionario y a su democracia socialista», aseguró José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al presentar el proyecto a los diputados.
En su intervención recalcó que las motivaciones principales de este Proyecto de Ley descansan en las exigencias derivadas del desarrollo de nuestra sociedad.
A su juicio, la necesidad de continuar profundizando nuestro sistema democrático sobre la base del perfeccionamiento de los órganos estatales, así como los nuevos principios de organización del Estado Revolucionario cubano, derivados del nuevo texto constitucional, también constituyeron fuentes básicas para la propuesta.
Toledo Santander señaló que para su redacción se tuvo en cuenta que los nuevos elementos que incluye sean producto de nuestra experiencia y no de copias del exterior, en aras de encontrar, en el contenido de esta Ley, razones que fortalezcan la gestión de la Asamblea Nacional y de su Consejo de Estado, adecuada a las funciones que les son propias y a los fines de servir, sin alterar en lo más mínimo, la esencia de nuestro sistema político.
El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, la cual tuvo a su cargo la iniciativa legislativa, explicó que durante el proceso de análisis se recogieron más de 40 opiniones de la población y se produjeron más de 137 intervenciones de diputados. De ellas fueron aceptadas alrededor de 40, la mayoría de las cuales versaron sobre los temas de control de legalidad y constitucionalidad.
Al abrirse el debate, previo a la aprobación del Proyecto, el diputado Andrés Castro Alegría, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, consideró que esta Ley nos dota de un instrumento que es capaz de definir en un solo cuerpo legal el funcionamiento del Consejo de Estado y la Asamblea Nacional. De igual modo, Raúl Alejandro Palmero, diputado por el municipio capitalino de Marianao, expresó que darle rango legal al funcionamiento de la Asamblea Nacional nos pone en un estadio superior y constituye, sin dudas, una herramienta muy necesaria».
Aunque esta propuesta de Ley ha tenido varios espacios de análisis, comentó el secretario de la Asamblea Nacional, Homero Acosta Álvarez, valdría explicar algunos elementos de la misma, como que esta deroga tres normas, que sustentaban hasta entonces el procedimiento de trabajo de la Asamblea Nacional.
En su contenido, precisó, la Ley explica todo el proceso legislativo, el papel de los diputados, los plazos fundamentales, y cómo se ejercen las iniciativas legislativas, entre otras cuestiones.
Se ha buscado, dijo, un consenso respecto a la norma, a partir del intercambio con los diputados y la opinión de la población, a través de la página web de la ANPP.
Este proyecto de gran importancia llega al Parlamento, aclaró, con la participación de todos los diputados y de varias esferas de la sociedad cubana, a nivel territorial y provincial. Según Acosta Álvarez, se ha llegado a una norma con calidad, pues todas las sugerencias fueron vistas y tramitadas en su momento.
Luego del debate, los diputados aprobaron la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, posteriormente aprobado por la Asamblea Nacional, junto a su dictamen correspondiente.
SEGUIR PERFECCIONANDO LA GESTIÓN DEL PODER POPULAR
En la jornada, también fue presentado, por Carlos Rafael Fuentes León, vicepresidente de la Comisión de Atención a Órganos Locales del Poder Popular, el Proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de las asambleas municipales y de los consejos populares.
Según el texto del dictamen, «en el Proyecto se manifiestan las experiencias derivadas del proceso de perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular en el que, con redoblado énfasis, se ha trabajado a partir de la anterior Legislatura, con el propósito de profundizar nuestra democracia, la constante atención y vinculación con el pueblo, actor esencial en la vida del país y, a la vez, realizar los ajustes legales que permitan a dichos órganos elevar la eficiencia de su gestión, acorde con las nuevas realidades.
«El proyecto refleja precisiones y oportunos criterios emitidos por los delegados a las asambleas municipales, tales como el número de sesiones a realizar en el año, las ocasiones en que deben efectuarse las reuniones de rendición de cuenta y el tratamiento a los planteamientos y quejas de la población».
Al decir de Fuentes León, como resultado de las consultas se recibieron 220 opiniones y sugerencias que fueron evaluadas por el grupo redactor; 101 de ellas se incorporaron al texto y motivaron agregar un nuevo capítulo, 15 nuevos artículos y modificar otros 33.
En los propios intercambios con los diputados se explicaron 51 opiniones, que resultaron dudas y preocupaciones de los participantes, no se aceptaron 68 sugerencias, en su gran mayoría por referirse a cuestiones ya definidas por la Constitución de la República o por ser materias de otras normas jurídicas ya aprobadas o en proceso de elaboración.
Detalló que el proyecto está estructurado en tres títulos, 32 capítulos, 42 secciones y 210 artículos, una disposición especial y dos disposiciones finales.
En sentido general, dijo, ratifica el principio de que la Asamblea Municipal del Poder Popular es el Órgano Superior del Estado en el territorio y se reconoce el consejo popular como un órgano local del Poder Popular, que representa a la población de la demarcación, donde actúa y ejerce el control sobre las entidades de producción y servicios de impacto local.
Antes de someter el Proyecto a aprobación, la diputada Mariucha Lenzano Pascual, vicepresidenta de la Comisión de Atención a los Servicios, expresó que esta norma refleja dos grandes voluntades: la primera, que la nueva Constitución se multiplica para asegurar su cumplimiento y es inviolable; la otra, con esta propuesta seguimos haciendo Revolución.
«Esta Ley ratifica que nos debemos al pueblo, que él es el Soberano y mandante de este proceso revolucionario», afirmó.
Alberto López Díaz, diputado por el municipio villaclareño de Santa Clara, consideró que estamos en presencia de una Ley que ratifica una cuestión plasmada en nuestra Constitución y es la autonomía de los municipios y su capacidad de desarrollar la gestión de su territorio. «Es una ley superior que va a ratificar toda esa experiencia de perfeccionamiento del Poder Popular».
Al respecto también se pronunció Yumil Rodríguez Fernández, diputado por Jobabo, Las Tunas, quien apuntó que «la presente normativa regula el funcionamiento del órgano que más cerca está de la población y establece un vínculo de trabajo estrecho con la ciudadanía. Por su contenido, es muy superior a las anteriores».
José Castañeda Martínez, diputado por el capitalino municipio de La Lisa, expresó que esta Ley es resultado del proceso de consulta y reviste singular importancia. «Considero y respaldo totalmente su contenido, que posee la fuerza legal necesaria y expresa el sentir de quienes tenemos el compromiso de hacer eficientes y eficaces a las asambleas municipales y los consejos populares».
Además, reconoció la continuidad del perfeccionamiento de estos métodos de trabajo, según exige esta Ley. «Existen sobradas razones para cumplirla».
Por su parte, la diputada Tamara Valido Benítez, presidenta de la Asamblea Provincial de Mayabeque, exaltó la calidad del proceso, no solo con respecto a esta Ley, sino con cada una que, dentro del cronograma legislativo, se lleva a cabo.
«Es imprescindible destacar que en la Ley se asumen y se refrendan cuestiones necesarias, como la creación de delimitación de funciones en Artemisa y Mayabeque, por ejemplo. Además, es un importante paso la conformación de la Comisión de Atención a los órganos del Poder Popular, así como el aumento de la cantidad de sesiones de las asambleas municipales», señaló.
Tras el intercambio, también fue aprobada por los diputados la Ley de Organización y Funcionamiento de las asambleas municipales y de los consejos populares, así como su dictamen correspondiente.
Y por la importancia que revisten las leyes recién aprobadas, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, propuso desarrollar un amplio proceso de capacitación, que llegue hasta la base.



















COMENTAR
Responder comentario