Las máscaras de la utilidad

Al cierre del primer trimestre de 2018, la empresa capitalina Industria Electrónica tenía su plan de utilidades cumplido al 475 %, o sea, de los 800 000 pesos previstos, ya tenía 3 800 000. Y diciembre fue la cima para los números exorbitantes: de un plan superior a los cuatro millones, tenía más de 27.

Con cifras más discretas, pero con sobrecumplimientos de ensueño también andaba, en igual periodo, la empresa de fibrocemento Perdurí. Al concluir 2018, de un plan de poco más de un millón de pesos, la cifra real superaba los seis.

La empresa Talabartería Thaba, por ejemplo, tras un año fértil para las utilidades, mostraba, en el último trimestre, 36 millones y medio de pesos, cuando lo planificado excedía apenas los 23.

Y así podría extenderse, considerablemente, la enumeración de todas las empresas que, durante 2018, registraron sobrecumplimientos del plan de utilidades por encima del 120 %.

Según los datos del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), esta situación se evidenció en alrededor del 40 % de las entidades que reportaron sus estados financieros.

Pero, ¿por qué la alarma? ¿Acaso no son buenos todos los sobrecumplimientos en un contexto en que precisamos desatar la productividad y la eficiencia?

Justo ahí comienza a parpadear entonces el bombillo rojo de la alerta, porque, lamentablemente, detrás de estos resultados, «redondeados por exceso», existen, quizá, causas «ajustadas por defecto».

En buena parte de los casos las razones, alejadas diametralmente de la eficiencia, apuntan a la inejecución de gastos planificados, cambios en la estructura de las producciones, incremento de los surtidos secundarios, así como a la venta de productos y servicios a precios por acuerdo con el cliente.

Además, de los sobrecumplimientos excesivos, no planificados, aunque pudiese parecer contradictorio, se derivan consecuencias negativas que impactan en la gestión integral de la economía.

Lourdes Rodríguez Ruiz, directora general de Atención Institucional del MFP, es bien clara: «El sector empresarial es el principal aportador al Presupuesto del Estado, con el 85 % de los ingresos planificados, por ello es de vital interés la movilización de las reservas de eficiencia e incrementar la disciplina en el pago de los impuestos y demás aportes».

Cierto es que, dentro de ellos, tiene particular relevancia la recaudación que se genera por los resultados económicos de las empresas: impuesto sobre utilidades y rendimiento de las empresas estatales, que representa el 21 % del total de ingresos.

No obstante, cuando se planifica con reservas, la cual se expresa en los sobrecumplimientos excesivos descritos, se produce un efecto perjudicial para el Presupuesto del Estado. Se deja, al decir de Rodríguez Ruiz, «de reconocer la capacidad real de captación de ingresos que pudiera favorecer la asignación de gastos proyectados o mejorar el resultado presupuestario».

En palabras simples: «Se afecta la conducta económica del país, porque impacta en algo que vamos a dejar de hacer o en el nivel de endeudamiento que tendrá el Presupuesto del Estado para los años futuros. Por eso es imprescindible obrar con objetividad».

Y en la práctica, alerta la especialista del MFP, cuando las reservas no se llevan al plan y existen garantías de resultados productivos, lo que abre las puertas al pago por resultado, se corre el riesgo de convertirlo en una distorsión: «Pagar salario sin mucho más de esfuerzo detrás, sin respaldo de eficiencia ni de un incremento de bienes y servicios».

A revisar de modo exhaustivo el fenómeno, tocando una a una las causas, y a buscar soluciones inteligentes que permitan corregir las torceduras, sin coartar la autonomía empresarial, está abocado el MFP. Y las respuestas, por la salud económica del país, deben llegar más temprano que tarde.

CON LA LUPA EN LA RAÍZ

De acuerdo con Lourdes Rodríguez Ruiz, el análisis del corte económico del primer trimestre de 2017 provocó una valoración respecto a los sobrecumplimientos de los planes de utilidades que venían experimentando las empresas, situación que se vio ligada a la aplicación de los sistemas de pagos por resultados.

En ese entonces se trató de examinar hasta dónde las reservas dejadas en la planificación pretendían garantizar los cumplimientos, de modo que fuera posible la aplicación del pago por resultados.

Luego de estos exámenes, presentados incluso en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se concluyó que había primado una mala distribución del plan.

Los problemas, a juicio de Lourdes Rodríguez, no estuvieron tanto en las reservas, y sí en una mala distribución del plan por trimestres, pues la desagregación se hizo atendiendo a resultados históricos o a adversidades económicas que habían presentado las empresas, como limitaciones para la adquisición de materias primas, por ejemplo.

A partir de ahí, señala, se pretendió acercar el plan de utilidades al ejercicio real de las entidades y se hicieron determinadas correcciones. Además, se comenzaron a revisar las tasas de margen comercial de algunas actividades y se examinó la formación de precios de productos fundamentales para la economía.

Dichas revisiones, en su opinión, pusieron al sistema en mejores condiciones desde el punto de vista de la puntualización de los planes de utilidad y permitieron coordinar mejor los aportes al Presupuesto del Estado, en concordancia con los ciclos económicos de las entidades.

Ya en 2018, con la experiencia acumulada, el análisis no se hizo esperar desde el primer trimestre del año y, otra vez, las cifras fueron alarmantes.

Los errores no estaban ya en la desagregación del plan por trimestres, pero sí hubo deficiencias, según Rodríguez Ruiz, en la asignación por empresas, facultad que está hoy en manos de determinados organismos y en los Grupos Superiores de Dirección Empresarial (OSDE).

Durante todo el año, subraya, a pesar de los llamados de alerta para que se hicieran ajustes en los planes, la tendencia creciente de los sobrecumplimientos de las utilidades, superiores al 120 %, se mantuvo. «De algún modo se actuó, pero no fue suficiente para lograr que los planes se ciñeran a las realidades que se venían presentando».

Por ello, al cierre del ejercicio económico fueron seleccionadas 104 empresas, cuyo estudio no ha concluido aún, con el propósito de adoptar medidas que permitan revertir dicha problemática de cara al año en curso.

DETRÁS DE LOS PORQUÉS...

Sobre los sobrecumplimientos excesivos, reitera Lourdes Rodríguez, «penden múltiples causas, incluso razonables, como encargarle a determinada empresa una tarea, de total importancia para el país, y esta no estar reconocida en el plan».

Pero hoy, dice, tienen mayor peso los cambios en las estructuras de producción, las modificaciones en los costos, pues el mismo surtido se realiza con materias primas diferentes, lo cual distorsiona el resultado empresarial, de no actualizarse los precios.

Y para entender de dónde sale la utilidad, cuando no proviene de una gestión más eficiente, Lourdes Rodríguez se vale de otro ejemplo. «Cuando una empresa tiene previsto hacer un tipo de producto y por el cambio de la materia prima (por solo citar una razón) sale otro que no está contemplado dentro de su encargo estatal, ella puede comercializarlo a precios por acuerdo con el cliente».

En algunos de los casos analizados, considera, se hizo abuso de esa facultad, y ello ha incidido en el sobrecumplimiento de utilidades.

–Pero, ¿cómo ponerle coto al «abuso» sin limitar la facultad?, le insisto.

–El análisis debe ser caso a caso, de modo que no se haga una definición metodológica que resulte contraproducente para los objetivos principales de la economía del país, los cuales están muy claros: potenciar al máximo la industria nacional, sustituir importaciones y obtener productos con calidad exportable.

«Para lograr todo eso, claro está, no se puede recortar parejo; pero es preciso rectificar el camino y ello demanda de un trabajo conjunto. Los análisis sobre el tema tienen muchos matices y lo importante es encontrar una salida, con racionalidad, sin quitar facultades, porque ellas suponen una ventaja para desatar las fuerzas productivas de las empresas, todavía limitadas, desde la visión de algunas».

–¿Cuál debe ser entonces el papel del MFP?

–Llegar a traducirles a todos los operadores de la economía, incluyendo los colectivos de trabajadores, que aun cuando se apliquen precios por acuerdo, el interés de la empresa debe ser resarcir sus gastos y costos de producción y tener un margen de utilidad. Pero no sobrecargar el precio, porque el destinatario de ese producto es este mismo país, este mismo pueblo, incluso el propio trabajador que más adelante, en la cadena, es consumidor de las mismas mercancías que produce.

«Tenemos que explicar que ese precio, a pesar de ser una facultad acordada entre las partes, no puede arrastrar sobre ganancias, porque se encarecen todos los consumos, incluso los de la actividad presupuestada. Además, permite que vaya a salario un importe que no se generó con más esfuerzo, ni posee más respaldo en productos.

«La determinación de precios por parte de las empresas no puede desarrollarse en un ambiente donde se generen excesivas utilidades, solo por ese motivo, porque entonces nos alejamos del ambiente en el cual pretendemos fomentar el desarrollo de la empresa estatal socialista».

EN EL CAMINO DE LAS SOLUCIONES... BREVES APUNTES

Según Lourdes Rodríguez, de las evaluaciones realizadas se han derivado algunas propuestas. Se les ha encomendado a las Juntas de Gobierno, por ejemplo, su participación, no solo para determinar la pertinencia o no del plan de las entidades, sino para chequear su desagregación por periodos y empresas.

El tema precio, reconoce, es un problema identificado. «Hay que seguir profundizando los estudios en torno a la actualización de las fichas y con qué exactitud se trabaja la medición de los costos. Si la empresa no tiene una buena contabilidad, no puede permitírsele descentralizar los precios. Y hoy estamos carentes de esa información.

«De igual modo, es preciso continuar revisando los precios centralizados y el cumplimiento de estas formulaciones por parte de las empresas».

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES... AÚN CON «RESERVAS»

Las utilidades a retener, correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, y que se distribuyeron en 2018, alcanzaron los 4 306 millones de pesos, superior al 2016 en más de 436 millones.

Y si bien la Ley estipula 11 destinos para la creación de reservas, el peso fundamental estuvo, como de costumbre, en la distribución de utilidades a los trabajadores (donde un grupo considerable de empresas destinan a este acápite más del 60 % del monto total), el incremento del capital de trabajo, y aumentó el volumen de recursos dedicados a la amortización de créditos bancarios para inversiones y a inversiones aprobadas con recursos propios.

Esta estructura de la distribución suscita valoraciones que no son nuevas. El interés de aumentar los ingresos de los trabajadores, sin duda, resulta justísimo, pero desde una visión de desarrollo, que conlleve a la sostenibilidad de tales valores, parece cuestionable, o al menos desequilibrado, que a investigación y capacitación solo se haya destinado poco más del 3 % de los recursos.

En algunas oportunidades, apunta Rodríguez Ruiz, persiste la ausencia de proyectos concretos de desarrollo y de documentos que avalen tales estudios, más allá de la intención de ponerle dinero o no a esas líneas de trabajo.

De cara a la distribución de utilidades del año 2018, proceso que está a las puertas, la especialista hace hincapié en las debilidades de los ejercicios anteriores.

Llama la atención sobre los montos que se destinan a los fondos de compensación, e insiste en el papel de las Juntas de Gobierno para esclarecer que se puede retener utilidades hasta el 50 %, pero si existe destino real y está bien argumentada la necesidad. La retención, sugiere, no puede ser automática.

Sobre la aplicación de la Resolución No. 138 del MFP, de 2017, que sustenta estas distribuciones, y que, como se dijo el año anterior, todavía anda bajo la mira de los expertos con el propósito de actualizarla, también persisten algunas inquietudes en los trabajadores.

Al decir de Lourdes Rodríguez, todavía no se han encontrado soluciones definitivas a reclamos de sectores como el turismo y el azucarero, respecto a la posibilidad de distribuir utilidades, independientemente de los resultados de las empresas.

Tampoco se ha resuelto el método de registro de las reservas destinadas a capacitación y desarrollo, las cuales en el periodo en que se emplean se convierten en gastos y pueden deteriorar los indicadores de las empresas.

Tal vez aquí radique un porqué sobre el poco empleo de los recursos con tales propósitos.

Y se mantiene el reclamo de los trabajadores por ampliar el límite de pago de las utilidades, postura que, en opinión de Rodríguez Ruiz, puede estar vinculada con la escasa explicación que algunas veces reciben los trabajadores sobre los demás destinos de las utilidades.

Las transformaciones emprendidas, como parte de la actualización del modelo económico, para dotar a la empresa estatal socialista de mayores facultades y autonomía, transitan, lógicamente, por la flexibilización en el uso de las finanzas. Pero ese uso debe ser responsable, capaz de tornarse aguijonazo a la productividad y el desarrollo.