Un uno que vale millones

Camagüey.–Acostumbrados durante muchos años a recibir de manera centralizada todos y cada uno de los recursos necesarios para sustentar la vida económica y social, los municipios se adentran en un mundo de autonomía que les permite, entre otras facultades, decidir sobre la utilización de los ingresos que generan.

Una primera experiencia, no exenta de tropiezos y sinsabores, ha sido la aplicación de la contribución territorial para el desarrollo local, prevista en la Ley No. 113 del Sistema Tributario, a través de la cual se facilita el acceso de los consejos de administración municipales a montos financieros que antes les eran vedados.

Aprobado el 23 de julio del 2012, el instrumento fiscal, en su artículo 305, establece un gravamen a «los ingresos por la comercialización de bienes o prestación de servicios que obtengan las empresas, sociedades mercantiles y cooperativas, por sí mismas y por sus establecimientos en cada territorio».

Conocida en el ambiente institucional como el «aporte del 1 %», la contribución vino a inyectar cuotas de dinero contante y sonante, destinadas a respaldar programas de impacto económico y social que garanticen el desarrollo sostenible de los municipios mediante una gestión responsable de los gobiernos locales.

Se trata de la transición de un modelo pasivo, siempre en espera de soluciones que lleguen «desde arriba», a procesos endógenos que estimulen el despliegue de toda la inteligencia presente en los territorios en función de proponer y materializar proyectos dirigidos a elevar la calidad de vida del pueblo.

GASTAR MENOS E INGRESAR MÁS
Según información ofrecida por Luis García López, director provincial de Finanzas y Precios, Camagüey tiene planificado recaudar este año, solo por concepto de contribución territorial, 56 millones de pesos, de los cuales se habían cobrado, hasta el cierre estadístico de agosto, cerca de 36,4 millones.

«De ese monto, explica, se han distribuido más de 12 millones de pesos, de acuerdo con lo que establecen los procedimientos aprobados de que los gobiernos locales pueden disponer del 50 % de la recaudación, siempre y cuando cumplan con los ingresos cedidos, que son aquellos que engrosan el presupuesto municipal».

Por incumplir este requisito imprescindible, a varios municipios camagüeyanos no se les han podido otorgar en lo que va de año recursos financieros provenientes de la contribución territorial, lo que les impide tener una situación más holgada para cubrir necesidades de su propio desarrollo.

«Siempre les digo a algunos dirigentes municipales que todavía nos ocupamos mucho en gastar lo que tenemos, no así en cumplir lo que está en los planes y en buscar cómo ingresar más al presupuesto», plantea Isabel González Cárdenas, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

La fórmula es bien clara: cuanto más eficientes y productivas sean las entidades de subordinación local, provincial o nacional, mayores serán los ingresos a obtener y, en correspondencia, será superior la contribución al desarrollo del municipio donde transcurre la vida de sus colectivos laborales.

TRANSFORMACIONES GRANDES Y DURADERAS
«En estos primeros años en que hemos dispuesto de ese financiamiento, se intencionó en los municipios la solución de planteamientos de la población acumulados a lo largo de los años, a algunos de los cuales no se les llega en los planes aprobados», refiere la Presidenta del órgano de gobierno provincial.

El listado de obras objeto de mantenimiento o reparación con el empleo de los fondos captados resulta amplio y diverso: escuelas, consultorios, hogares de ancianos, cines, bibliotecas, instalaciones deportivas, caminos, panaderías, mercados, parques infantiles, centros comerciales y recreativos…

Otros montos, todavía insuficientes, se han destinado, además, a incrementar las capacidades productivas de la industria local de materiales de la construcción, establecer minindustrias, rescatar polos agrícolas, edificar complejos comerciales y financiar proyectos que generen progreso en las demarcaciones.

«A partir de la experiencia ya acumulada, sostiene González Cárdenas, hoy tenemos la responsabilidad de dirigir esas prioridades hacia aquellas áreas y sectores que se reviertan en mayores ingresos para el municipio y, por tanto, tener posibilidades de hacer muchas más cosas».

A ello contribuye igualmente la prerrogativa del Consejo de la Administración Provincial de retener hasta el 10 % de ese dinero, entre los territorios mayores aportadores, para redistribuirlo en beneficio de las localidades menos favorecidas en el orden económico y social, y lograr así un desarrollo más equilibrado.

NO DEJAR NADA A LA IMPROVISACIÓN
«Nos queda en lo adelante trabajar por una mejor preparación técnica de lo que se planifique hacer con el dinero de la contribución territorial, para que las cosas se hagan sustentables. Eso es algo que hoy debemos y podemos perfeccionar», asegura Luis Sisto Mora, vicepresidente provincial para el órgano de la administración.
Tras considerar que ha existido un correcto aprovechamiento de este financiamiento, el directivo insiste en lo importante que resulta que los municipios establezcan un estudio de las prioridades que puedan significar mayores ingresos y que las decisiones no se dejen a la espontaneidad y la improvisación.

En ello están llamadas a desempeñar un papel mucho más activo las comisiones económicas, encargadas de hacer una preevaluación de cada solicitud, con el propósito de presentar a la aprobación de los consejos de administración municipales una idea más acabada, incluso con estudios de factibilidad.

«Toda esa necesaria preparación previa, que incluye también la licitación de los proyectos, es decir, no irse nunca con la primera propuesta, tiene un carácter preventivo, permite actuar con sentido común y evita la superficialidad en los análisis y en la toma de decisiones», reitera Sisto Mora.

Como se dice en buen cubano, la pelota está del lado de las autoridades municipales, que son, en definitiva, las que con inteligencia, mesura y visión estratégica, deben establecer programas de desarrollo integral y autogestión, con la mira puesta, no en el hoy, sino en el mañana.

DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
El municipio –según el proyecto– es la sociedad local, organizada por la ley, que constituye la unidad política primaria y fundamental de la organización nacional; goza de autonomía y personalidad jurídica, propias a todos los efectos legales, con una extensión territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad, económicas y sociales de su población e intereses de la nación, con el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades locales. Cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la República, en función del progreso económico, el desarrollo social de su territorio y otros fines del Estado, bajo la dirección de  una Asamblea del Poder Popular y su Consejo de la Administración (Artículo 163).