Una Constitución con todos

Una Constitución actualizada, que siente las bases del futuro próspero y sostenible que merecemos –y construiremos– los cubanos, y se erija baluarte de los valores y principios que nos han traído hasta aquí, son los motivos que impulsaron a los diputados, luego de un intenso debate, a aprobar de forma unánime el proyecto de reforma constitucional, en el cierre del primer periodo ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, sometió a votación el documento con las modificaciones acordadas en el transcurso del análisis y los acuerdos adoptados, a la vez que propuso someter el proyecto a consulta popular, del 13 agosto al 15 de noviembre del presente año.

Esta discusión tiene un gran valor, así como la calidad con la que se ha trabajado, expresó, lo que ayuda a introducir a nuestro pueblo en la discusión que se llevará adelante en los próximos meses.

IGUALDAD DE GÉNERO, MATRIMONIO Y FAMILIA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Varios fueron los temas medulares sobre los cuales se realizaron propuestas y sugerencias, pero si uno de ellos subió la temperatura al debate fue el referido a la igualdad de género, matrimonio y familia, como parte de lo expuesto en el Artículo 68.

Mariela Castro Espín, diputada por el municipio de Plaza de la Revolución, comentó que con el acápite Cuba se sitúa, desde una perspectiva de protección integral a las personas por su orientación sexual e identidad de género, entre los países de vanguardia en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos.

«Esta propuesta de protección es resultado de la madurez alcanzada por el proceso revolucionario que legitima y ampara relaciones sociales que se materializan en varios tipos de familias, de lo cual se desprende el deber del Estado de protegerlas y no discriminarlas», aseguró.

La diputada manifestó su conformidad con lo expuesto en el Artículo 68, que concibe a la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello y descansa en los derechos y deberes de los cónyuges.

Castro Espín sometió a valoración del plenario que la continuación del texto en dicho Artículo se deje para la legislación, por ser específico y referirse a las obligaciones de las parejas que optan por ser madres y padres, además de que descansa en la igualdad absoluta de los deberes y derechos de los cónyuges y en las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines.

«Resultaría una contradicción axiológica y normativa en la letra del anteproyecto constitucional entre las causales de discriminación la orientación sexual y la identidad de género en los Artículos 39 y 40 y discriminemos a las familias homoparentales en el Artículo 68», agregó.

Por otro lado, la diputada destacó que en el Artículo 41 se estipula que el Estado trabaja por crear las condiciones necesarias que faciliten la igualdad de la ciudadanía y «la mejor manera de decir es hacer», concluyó su intervención.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, comentó que es un paso de avance el hecho de que se haya quitado que el matrimonio es la unión consensuada entre un hombre y una mujer.

Sin embargo, en este Artículo no se habla de adopción, y este es un tema que se debe dejar para el Código de Familia y que este sea el que regule cómo van a ser el matrimonio y otras cuestiones.

«No se puede discriminar a nadie por su orientación. Todos los derechos para todas las personas y corresponde a las parejas que quieren ser madres y padres decidir al respecto», manifestó Teresa Amarelle.

Sobre el tema, Homero Acosta comentó que el concepto de matrimonio que se ha cambiado tiene una repercusión en la continuación del Artículo, pues tiene una visión de familia monoparental y las cuestiones vinculadas a los hijos tienen otra formulación en el articulado.

La cuestión de los hijos está regulada en los Artículos 69, 70 y 72, donde se habla de un concepto de familia.

«En nada limita la obligación de los padres cualquiera que sea el matrimonio en que se constituya», destacó.
Yolanda Ferrer, diputada por Pinar del Río, comentó que el matrimonio tiene que descansar en la igualdad absoluta de los deberes y derechos de los cónyuges y la ley tiene que determinar la forma en que se constituye.

«Estamos dando un primer paso revolucionario y muy importante. No existe ninguna justificación de privar la felicidad de constituir una familia. Tenemos que enfrentar prejuicios y que la justicia que defendemos sea inclusiva», expresó.

Al volver a tomar la palabra, la diputada Mariela Castro Espín expuso que «si consideramos el tema reproductivo debemos ser consecuentes en dar esas garantías a todas las familias».

De igual forma, Miguel Barnet comentó que estamos inaugurando una nueva era. «Esta es una Constitución dialéctica y moderna, si hay que romper la tradición se hace, porque romper la tradición es también un acto revolucionario y en el socialismo no cabe ningún tipo de discriminación a los humanos. El amor no tiene sexo», enfatizó.

Al concluir el debate en plenaria sobre el tema, los diputados coincidieron en dejar el Artículo 68 tal como está establecido y extender el término «las familias» en la Constitución.

DERECHOS DE LOS CUBANOS A DEBATE EN EL PARLAMENTO

Al referirse al Artículo 40, la diputada Arelis Santana Bello abordó la necesidad de incorporar la no discriminación por razones de género, además de por la orientación sexual, tal como aparece en la actualización del modelo económico y social cubano.

Ante la sugerencia de mantenerlo, la parlamentaria Mariela Castro profundizó en que el concepto de sexo no encierra el género, pues este último permite analizar y trabajar las diferentes dimensiones del hecho de ser hombre o mujer, se refiere a la discriminación tanto de la mujer como del hombre, por tanto «no sobra un concepto de este tipo».

El parlamentario José Luis Toledo, por su parte, agregó que cuando se refiere a «cualquier otro tipo de discriminación» están incluidas las razones de género, no obstante, fue reconocida por su importancia la propuesta de la diputada Arelis Santana.

Como parte de las intervenciones de los diputados, Idaliena Casamayor solicitó, sobre el Artículo 41, el cual establece que el Estado trabaja por crear las condiciones necesarias que faciliten la igualdad, cambiar el término «facilitar» por «garantizar».

Sobre el tema, Magela Fernández agregó que «el fin es lograr la igualdad, el medio es trabajar en pos de facilitar esa igualdad de todos los ciudadanos».

Homero Acosta puntualizó que el Estado tiene que educar, trabajar en función de que esos cambios ocurran en cuanto a las condiciones. «Hay que buscar la mayor equidad posible en el Artículo 41 que es un complemento del 40».

«Hay un paso por la educación y esta es una labor permanente en el Estado. Hay que desterrar prejuicios que están en nuestras mentes, trabajar por equilibrar y favorecer la inclusión de todos», agregó.

Por otro lado, Bárbara Idalia Burquet Medina propuso que, partiendo de consolidar y proteger las conquistas ya alcanzadas por la Revolución, en el Artículo 45 se debe agregar el compromiso del Estado de seguir esforzándose por ampliar la disponibilidad de los círculos  infantiles, casas de ancianos y seminternados, anteriormente estipulado en el Artículo 44.

Con relación a este asunto, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, dijo que el Estado garantiza a la mujer y al hombre iguales condiciones. Y agregó que, aunque en la Constitución anterior se habla sobre esos temas, esas garantías están recogidas en otros artículos, como el 67, donde se incluyen los círculos infantiles, programas materno-infantiles, entre otros.

El Secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba agregó que la Constitución es un ámbito general que garantiza por otras vías la igualdad.

«Nada limita el derecho fundamental de igualdad entre el hombre y la mujer, esa es la principal diferencia entre esta Constitución sobre la que estamos debatiendo y la anterior».
Sobre el Artículo 48, relacionado con la necesidad de recibir asistencia jurídica para la defensa, Julia Cabrera, diputada por el municipio del Cerro, en La Habana, propuso agregar «desde el momento de la detención del ciudadano».

En ese sentido, Ariel Mantecón explicó que es la Ley de Procedimiento Penal la que debe adoptar una posición sobre este punto del proceso penal. El artículo de la Constitución crea la plataforma para trabajar luego en dicha Ley, argumentó.

Por su parte, sobre el Artículo 60, la representante Daicar Saladrigas, respecto al reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la libertad de palabra y prensa, propuso separar ambos conceptos, pues «son cosas distintas», y los dos párrafos siguientes solo hacen mención a los medios de comunicación social.

«Si los mezclamos y luego se prosigue en dos párrafos en los cuales solo se refieren a los medios, podemos entender a los medios como el único espacio para la expresión ciudadana», abordó, al tiempo que hizo referencia a la Política de Comunicación recientemente aprobada, la cual establece que los medios son solo uno de los múltiples espacios de expresión de la sociedad.

Propuso además cambiar el término «libertad de palabra» por «libertad de expresión», más a tono con los actuales convenios internacionales. Esa libertad de expresión planteó agregarla al Artículo 59, el cual establece la libertad de pensamiento. Defendió, además, que un término tan manipulado sea tenido en cuenta en la propuesta de Ley de leyes.

Los diputados Yailin Orta y Eduardo Torres Cuevas apoyaron la propuesta, por la coherencia de la argumentación, y no hubo objeción en incluirla.

En el acápite 64, Jorge Crespo expuso agregar el derecho de las personas no solo a presentar quejas a las autoridades, sino también denuncias y sugerencias.

En ese sentido, Ariel Mantecón insistió en que el aparato conceptual de la Constitución tiene que ser específico, y «denuncia» es una categoría perteneciente al proceso penal; mientras José Luis Toledo agregó que la definición del término queja, según el Diccionario Larousse, incluye la expresión de dolor o aflicción, resentimiento o disgusto, querella o acusación.

LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y LOS ASUNTOS MEDULARES PARA PENSAR CUBA

En el análisis del proyecto de reforma constitucional otros temas abordados fueron la atención a la niñez, la adolescencia y la juventud; educación, cultura y ciencia, y el desarrollo local.

Respecto a la protección de los niños, adolescentes y jóvenes, la diputada Yinet Infante, por el municipio de Boyeros, propuso agregar, en el Artículo 72, donde solo se refiere a que el Estado, la sociedad y la familia deben prestarles atención, la obligatoriedad de esa protección, tal como se establece en la convención internacional de la que somos signatarios.

La propuesta resultó aprobada una vez que la representante Yanet Hernández, por el municipio de La Lisa, se refirió a su importancia.

Danhiz Díaz Pereira, referente al Artículo 74, sostuvo el criterio de sumar, a la responsabilidad del Estado en la atención de las personas discapacitadas, el papel de la sociedad y las familias, con la consiguiente necesidad de especificar los límites de cada uno.

En tanto, Daicar Saladrigas consideró agregar, en el Artículo 88, entre los derechos de los ciudadanos, lo referido a la seguridad alimentaria, de manera que se especifique que el Estado trabaja para garantizar ese derecho. Ambas modificaciones fueron aceptadas.

Referente al Artículo 95, la diputada Yinet Infante se refirió al inciso c), donde se habla sobre la política educativa y cultural.

En el mismo se menciona la protección al medio ambiente y los recursos naturales; por lo que propuso incluir en este artículo la promoción de la cultura medioambiental.

Sobre el tema, Elier Ramírez, miembro de la Comisión que trabajó en la elaboración del proyecto constitucional, explica que no es necesario especificarlo, a lo que Homero Acosta expone que el concepto usado ya de por sí es integrador.

Aramís Padilla Martínez, diputado por el municipio de Güines, propone que la creación artística es libre y su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana.

Sobre el inciso j)  del mismo Artículo, expresó que hablar de riqueza artística resulta indefinido, y propone como término proteger y salvaguardar un conjunto de saberes, valores de carácter patrimonial e histórico, un concepto que recoge mejor la igualdad y diversidad en la cultura.

Por su parte, José Luis Toledo expresó que, sobre el término riqueza, se habla de valores inmateriales como los artísticos, patrimoniales e históricos, y la política educacional atiende lo referente a defender la identidad de todos los valores.

Referente a este artículo, Homero Acosta recalcó que la defensa de la identidad y cultura cubanas tiene una amplitud, por ello no cree necesario incorporar los saberes que son más imprecisos.
Sin embargo, Lilian Mendoza Estrada, diputada por el municipio de Calimete, recalcó la necesidad de establecer la palabra salvaguarda, en vez de proteger, pues así lo declara la Unesco para este tipo de bienes y no se limita solo a la conservación.

Al respecto, el Doctor Eduardo Torres Cuevas sugirió que la comisión estudie los términos que se proponen porque una respuesta así es apresurada y se debe traer una solución.

Otros diputados insistieron en el tema de los monumentos locales ante la preocupación de que este término quedase fuera, aunque en la ley de la protección a los monumentos existe.

Relativo al mismo artículo, el diputado Luis Morlote agregó que se puede resolver el tema de establecer una categoría de monumento local y nacional resumiéndolo en monumentos de la nación.

Luego de varias intervenciones referidas a los términos intendente y gobernador, se llamó la atención sobre que serán sometidos a la consulta popular.

Al abordar la importancia de la autonomía municipal y el desarrollo local, quedó evidenciado el papel del delegado y del Consejo Popular. Esta última instancia, según refirieron algunos diputados, si bien no tiene la función de controlar a las entidades nacionales que por cuestiones geográficas se encuentran en su demarcación, tiene el deber de dirigirse al presidente de la Asamblea Municipal y convocar a los factores que sean necesarios, para solucionar las problemáticas que estas presentan cuando estén afectando o interfieran en el buen funcionamiento de la comunidad.

El diputado Ramón Estévez Solís, por Ciego de Ávila, sugirió que después de aprobada la Constitución, los procesos de rendición de cuenta se realicen una vez al año, lo que facilitará contar con un término apropiado para buscar alternativas de soluciones a los problemas.

Corresponde al pueblo, ahora, enriquecer el análisis, fortalecer el debate. Corresponde, como afirmó el Presidente cubano, realizar un proceso que demuestre la genuina democracia de la Revolución.