Los dilemas del «mes 13»

Que cada año tiene 12 meses, y que a nadie, al menos por ahora, se le ha ocurrido sumarle días al calendario, es tan, pero tan obvio, como probable resulta que algunos, no muy familiarizados con el término, lleguen a preguntarse el significado, a ciencia cierta, del «famoso» mes 13.

A los trabajadores del sector empresarial, sin embargo, la denominación les es tan cercana como podría serlo el plan económico con todos sus indicadores directivos; o como le es, en definitiva, el salario.

Porque el «mes 13» no es más que el nombre popular de la distribución de utilidades a los trabajadores como estímulo por la eficiencia económica, y se incluye dentro de las reservas voluntarias que, según la ley, pueden crearse a partir de las utilidades después de impuesto.

Y si bien, a juicio de especialistas y directivos, este proceso (distribución de utilidades y creación de reservas voluntarias) muestra una tendencia creciente, aún se subestiman algunos destinos y persisten dudas e insatisfacciones de los trabajadores.

CON LA LEY EN LA MANO

Las transformaciones emprendidas, como parte de la actualización del modelo económico, para dotar a la empresa estatal socialista de mayores facultades y autonomía, han incorporado, lógicamente, la flexibilización en el uso de las finanzas.

Ya desde el 2016, las Resoluciones No. 154 y 155 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) habían aprobado el procedimiento para el sistema de relaciones financieras entre las empresas estatales, las sociedades mercantiles y las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) con el Estado, así como el reglamento para el pago del estímulo por la eficiencia económica a los trabajadores.

La experiencia acumulada tras la aplicación de estas normas y los avances en la actualización del modelo dieron paso, entonces, a la entrada en vigor en el 2017  de una nueva Resolución, la No. 138 del MFP, más atemperada al escenario de cambios.

Actualmente, esta disposición anda bajo la mira de los expertos con el propósito de actualizarla y se prevé que tome en cuenta las problemáticas surgidas durante su aplicación. No obstante, esa fue la normativa que rigió la distribución de las utilidades del cierre contable y económico del 2016, y es la misma que se está utilizando para el proceso correspondiente al 2017.

Entre otros aspectos de interés, la Resolución No. 138 permitió la creación, a partir de las utilidades retenidas después de impuesto, (equivalentes al 50 %), de 11 tipos de reservas voluntarias, encaminadas al desarrollo continuo de la empresa, y fijó el modo de distribuir estos recursos.

Desde entonces, los empresarios asumieron con beneplácito la posibilidad de dedicar financiamientos, entre otros destinos, a la amortización de créditos para inversiones, incremento del capital de trabajo, inversiones aprobadas con recursos propios, desarrollo de investigaciones y capacitación, así como a cubrir pérdidas contables de años anteriores y, sobre todo, distribuir utilidades a los trabajadores.

Eso sí, para tener derecho al pago por la distribución de utilidades, las entidades empresariales y las oficinas centrales de las OSDE deben cumplir con los indicadores directivos aprobados para el año; no tener auditorías financieras o fiscales donde el sistema de control interno haya sido evaluado de deficiente o malo en el periodo que se distribuye; y no tener adeudos con el Fisco.

¿PERO QUÉ HA PASADO EN LA PRÁCTICA?

Según Lourdes Rodríguez Ruiz, directora general de Atención Institucional, del MFP, al cierre del ejercicio económico del 2016, (proceso ejecutado en el 2017), las utilidades a retener en el sistema empresarial a nivel de país alcanzaron los 3 805,1 millones de pesos, superior en más de 1 635 millones a las cifras del 2015.

Y si bien la Ley estipula 11 destinos para la creación de reservas, el mayor peso estuvo en el incremento del capital de trabajo y la distribución de utilidades a los trabajadores, que suman más de la mitad del total. Y sobre el último acápite, llama la atención el número de organismos que destinaron a ello más del 40 % del total de sus utilidades.

La primera de las explicaciones estriba, claro está, en el interés de aumentar los ingresos de los trabajadores, lo cual resulta justísimo. Pero desde una visión de desarrollo, que conlleve a la sostenibilidad de tales valores, parece cuestionable, o al menos desequilibrado, que a investigación y capacitación, por ejemplo, solo se haya destinado el 4 % de los recursos.

En algunas oportunidades, considera Rodríguez Ruiz, la raíz del problema está en la ausencia de proyectos concretos de desarrollo, y de documentos que avalen tales estudios, más allá de la intención de ponerle dinero o no a esas líneas de trabajo.

De cara a la distribución de utilidades del año 2017, proceso que recién comenzó, hace hincapié en las debilidades de los ejercicios anteriores y que aún seguimos arrastrando.

Menciona las deficiencias en la contabilidad, que todavía en muchos lugares no constituye reflejo confiable de los hechos económicos; la dilación de los plazos; así como las falencias en la preparación de los procesos desde la dirección de la empresa, carente de una visión clara de desarrollo y de una argumentación objetiva de las reservas que se solicitan.

En estos momentos, explica Lourdes Ruiz, además de la determinación del aporte por el rendimiento de la inversión estatal y los dividendos, según corresponda al régimen empresarial o sociedad mercantil, se está realizando una capacitación para recapitular cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las entidades en cada uno de los conceptos de reservas a solicitar.

Vale destacar que las propuestas se presentan por todas las entidades hasta el 31 de marzo, junto a una copia de la declaración jurada del Impuesto sobre Utilidades y la fundamentación de cada reserva solicitada.

Digamos que si se proponen reservas para capital de trabajo, se muestra un estudio del estado de este indicador en la empresa; si se requiere amortizar un crédito de inversiones, se exhibe la obligación de pago contraída, los plazos de amortización…; en casos de proyectos de investigación o capacitación, se presentan las acciones que se han diseñado en este sentido, la documentación de los proyectos, las etapas de ejecución y los montos requeridos…

Luego de la presentación de estas solicitudes, las Juntas de Gobierno, o las autoridades facultadas en cada caso, deben comunicar las decisiones adoptadas hasta el 30 de abril. Y al término del mes de junio, los organismos están obligados a entregar al MFP un informe valorativo del proceso, fecha en la que no solo deben haberse aprobado las reservas, sino ejecutado, sobre todo las referidas a la distribución para el pago a los trabajadores.

Las dilaciones, reconoce Rodríguez Ruiz, responden a incumplimientos de la norma, por ello enfatiza en la presentación oportuna de todos los documentos, talón de Aquiles de procesos anteriores.

Sería meta, dice, que «la distribución este año se haga lo más cercana posible al cierre económico, para que realmente compulse a las finanzas de las empresas y a la motivación de los trabajadores».

SOBRE LOS HOMBROS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO

Las Juntas de Gobierno, como órganos que representan los intereses del Estado en el control del sistema empresarial, fueron concebidas, inicialmente, para la atención de las entidades en perfeccionamiento.

 A partir del 2012 se aprobó su extensión gradual a las OSDE; y hasta diciembre último existían 28 y otras 23 en proceso de constitución.

Sus funciones, conceptualmente hablando, consisten en aprobar la proyección estratégica de las OSDE, evaluar la pertinencia del plan de la economía, chequear trimestralmente el cumplimiento de los indicadores directivos y determinar la creación de reservas a partir de las utilidades.

Y es en esta última función donde se detiene Lourdes Rodríguez, presidenta además de la Junta que atiende al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA).

«El papel de este órgano está en ser un certero medidor de la utilidad de los recursos financieros que se definen. ¿Bajo qué principio? El cumplimiento de los requisitos que la norma prevé».

La Junta debe chequear, a su juicio, el estado de los indicadores directivos; que no existan resultados de auditorías de deficiente o mal y analizar, en particular, los requisitos que fundamentan cada propuesta de reservas.

«Se trata también, sugiere, de acompañar a las OSDE en la preparación, para que este proceso tenga el resultado que se determinó. Porque para qué queremos flexibilidad en las finanzas, para emplearla; pero si no hacemos una propuesta consciente de distribución y concentramos todos los recursos en pagar a los trabajadores o en fomentar fuertes fondos de compensación en la OSDE, estamos contradiciendo los principios por los cuales se proyectó toda una gama amplia de reservas».

Esa proyección, al decir de Rodríguez Ruiz «es responsabilidad de la Junta, y cumplir en tiempo también, porque tenemos que lograr que se acerquen el pago y la distribución al periodo en que se obtiene ese resultado, de modo que se produzca un flujo oportuno al interior de las empresas».

UNA OSDE POR DENTRO

El Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, con sus 94 empresas, no escapa al comportamiento general del país, y de los 196 757 323 pesos de utilidades retenidas, el 31 % se destinó a incrementar el capital de trabajo y el 28,6 % al pago de los trabajadores, lo cual benefició a 48 entidades.

No obstante, destaca Erenis Beltrán Sariol, directora de Finanzas y Precios del GEIA, en esta oportunidad se ampliaron los destinos y fue aprobada a tres empresas, de las cinco que la solicitaron, la excepcionalidad para la distribución de utilidades a los trabajadores.

Sobre este particular, la Ley explicita que, de manera excepcional, se puede aprobar esta distribución ante incumplimiento de los indicadores directivos, siempre y cuando se demuestre que no es responsabilidad de la entidad empresarial. En ese caso, se aprueba la formación de reserva hasta un mes de salario promedio de los trabajadores; y sobre la decisión no cabe reclamación alguna.

A veces, insiste Lourdes Rodríguez, no se le explica con claridad al colectivo hasta dónde los incumplimientos son responsabilidad o no de la empresa. De ahí, con toda razón, se derivan insatisfacciones de los trabajadores.

«Si no ha habido un buen análisis, mes a mes, de lo que afectó un tercero y de lo que la propia empresa no fue capaz de hacer, entonces emergen las inconformidades».

Este año, en opinión de Erenis Beltrán, el GEIA pretende potenciar la capitalización y las reservas destinadas a la investigación y desarrollo, teniendo en cuenta la obsolescencia de una industria urgida de incrementar sus niveles de productividad.