Técnico medio en Derecho, una propuesta necesaria

La demanda de personal jurídico en la Isla crece cada año. Es inconcebible el trabajo en cualquier sector de nuestra economía sin la presencia de un abogado que asesore en el aspecto normativo de cada decisión.

Sin embargo, también aumenta aceleradamente la necesidad de contar con un personal calificado que asista a los profesionales del Derecho en su quehacer.

Ante esta realidad, funcionarios de los Ministerios de Justicia (Minjus) y Educación (Mined), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Tribunal Supremo Popular (TSP) dieron a conocer en la Asamblea Nacional del Poder Popular la apertura de un nuevo curso de técnico medio en Derecho, que iniciará en septiembre del próximo 2018.

«Proponemos que los nuevos técnicos medio en Derecho ocupen en las instituciones judiciales del país un grupo de funciones técnicas, auxiliares, para facilitar que los profesionales de esta rama se dediquen a la evaluación y toma de decisiones que se les presentan», comentó la ministra de Justicia, María Esther Reus, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.

Esta nueva opción «nos permitirá economizar los conocimientos y la profesionalidad de los juristas que se están dedicando a esas labores en estos momentos, y que podrían emplearlos en otras funciones propias de la profesión», añadió.

«Deseamos formar en estos jóvenes los conocimientos técnico-jurídicos necesarios para apoyar las gestiones que desarrollan jueces, fiscales, notarios y registradores, entre otros actores de la rama», explicó Eugenio González, director nacional de Enseñanza Técnica y Profesional del Mined.

Un técnico medio en Derecho asistirá al licenciado en la organización, elaboración y control de los documentos jurídicos resultantes de los procesos; auxiliará la gestión y ejecución de trámites procesales; ordenará, clasificará, codificará o comprobará documentos de archivos automatizados; desarrollará controles estadísticos, partes notariales y testamentarios, y aplicará diferentes sistemas informáticos, entre otras gestiones administrativas, resaltó González.
 

PROCESO DE CAPTACIÓN

La Dirección de Enseñanza Técnica y Profesional del Mined, encargada de la formación de obreros calificados del nivel medio, organizará junto al resto de los organismos involucrados conversatorios, talleres, círculos de interés y puertas abiertas, entre otras actividades, con el fin de captar estudiantes que culminen sus estudios de noveno grado.

El proceso de otorgamiento tendrá lugar durante los meses de mayo y junio del próximo año.

Este primer curso experimental se impartirá solo en cuatro provincias del país –La Habana, Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba– y contará con una matrícula de 30 estudiantes, asociada a las necesidades de estos territorios.

Los institutos politécnicos que acogerán a estos jóvenes serán el Osvaldo Herrera, en La Habana; Lázaro Cardona, en Santa Clara, Villa Clara; Álvaro Barba, en Camagüey, y José Téllez, en Santiago de Cuba.

Estos centros «tienen las condiciones necesarias para recibir en septiembre a los futuros técnicos en Derecho. Luego del primer curso experimental, se prevé ampliar las escuelas y matrículas al resto de las provincias del país», dijo Eugenio González.

Especialistas en temas jurídicos, pertenecientes al Minjus, la FGR y el TSP, formarán parte el claustro de profesores, sobre todo en las asignaturas básicas y específicas.
 

PARTICULARIDADES DEL CURSO

La formación del técnico medio en Derecho durará tres años y medio, informó la Doctora Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación.

Como el curso contempla una formación general integral, donde recibirán asignaturas como Matemática, Español, Historia, Física, y otros contenidos, los estudiantes al graduarse obtendrán un diploma equivalente al de Bachiller, que se otorga al culminar el 12 grado, agregó.

Según Eugenio González, «estos técnicos tendrán la ventaja de no precisar de un curso adicional para iniciar sus estudios universitarios, si así lo desean».

El curso tendrá 5 320 horas clase, de ellas se destinarán 1 960 a la formación general y 3 360 a la profesional, aseguraron los funcionarios.

Como asignaturas básicas de la profesión judicial recibirán, por ejemplo, Teoría del Estado y el Derecho, Derecho Constitucional, Elementos de la economía y legislación laboral, comentó el
Director nacional de Enseñanza Técnica y Profesional del Mined.

Como parte de la formación específica, se les impartirá Derecho Sustantivo, Derecho Procesal, taquigrafía, y redacción de documentos jurídicos de acuerdo con el vocabulario técnico de la especialidad, entre otros, añadió.

Además, a lo largo del curso «los estudiantes podrán insertarse en el mundo laboral durante siete meses, gracias a las prácticas preprofesionales que contempla el programa», resaltó González.

Para la Ministra de Justicia, las prácticas preprofesionales serán imprescindibles en la formación de los técnicos en Derecho. «Será el momento de motivarlos con el oficio, para que decidan quedarse con nosotros cuando el curso termine. Démosles todo el apoyo para que se sientan útiles».

Estamos apenas comenzando, aseguró María Esther Reus. «Aunque tenemos un gran reto por delante, la vida, la práctica y la experiencia nos irá diciendo qué otras cosas se le pueden incorporar al programa para perfeccionarlo», comentó.

Por ejemplo, para Ena Elsa Velázquez, en un futuro podría pensarse en abrir el curso para egresados del 12 grado, sin necesidad de que curse los tres años y medio que exige el programa actual.

También, se podrían establecer otros cursos complementarios, donde refuercen esa formación, e incluso se especialicen en los requerimientos propios de cada una de nuestras instituciones, como propuso Oscar Manuel Silveira, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular.

«Son muchas las sugerencias que se nos pueden hacer todavía y muchos los perfeccionamientos que haremos por el camino. Pero necesitamos despegar con un primer curso experimental, algo que estamos deseando desde hace algún tiempo», concluyó la Ministra de Justicia.

En contexto

Este 23 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) y los Tribunales Populares cumplen 44 años de creados. La fecha fue escogida en homenaje al natalicio del camagüeyano Ignacio Agramonte y Loynaz, destacado jurisprudente y Mayor General del Ejército Libertador cubano.

La constitución de esos órganos judiciales, en 1973 respondía a las disposiciones emanadas de la Ley No.1250, Ley de Organización del Sistema Judicial, aprobada el 23 de junio de 1973 y la cual extinguió la antigua organización de los tribunales con sus dispersas jurisdicciones y dio paso a una nueva etapa con la creación de la fgr, órgano independiente de los tribunales y con la potestad cardinal de velar por la observancia de la legalidad socialista.

Hoy el 52 % de los fiscales del país son jóvenes y de ellos el 23 % ocupa cargos de dirección. Las mujeres constituyen el 80 % de los fiscales y son el 75 % de los directivos.

En el caso de los tribunales populares del país, cuentan con 927 jueces profesionales que representan el 81 % de su plantilla. El 81,2 % de los jueces son mujeres, mientras que los jóvenes suman 302 y representan el 32,5 % del total.