ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Foto: Juvenal Balán

El control de la legalidad y el ejercicio de la acción penal pública centró los debates de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos en el segundo día de sesiones de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Los diputados conocieron un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Tribunal Supremo Popular (TSP), para ello intervinieron el Fiscal General Darío Delgado Cura, y Rubén Remigio Ferro, Presidente del TSP, quienes reconocieron avances en la calidad de los procesos judiciales pero aún con insatisfacciones por solucionarse.

Remigio Ferro hizo incapié en el papel cohesionado de los órganos y organismos encargados de impartir justicia, como  principales responsables de los intereses de nuestro pueblo. Destacó que se avanza en la agilidad de los procesos judiciales, sin restarle importancia a la profundidad para cada litigio y el tiempo indispensable para emitir sentencias.

Foto: Juvenal Balán

Significó las buenas prácticas dentro del sistema judicial con respeto a las garantías constitucionales y a los derechos de los ciudadanos, presentes en los juicios y conflictos a resolver por los procesos jurídicos.

Igualmente, señaló que  el sector se caracteriza por arribar a conclusiones certeras en cada caso litigante, con apego a la realidad, la justicia y a las leyes. «Para ello las decisiones deben ser bien argumentadas, para garantizar la transparencia ante los conflictos resueltos», indicó el jurista ante los delegados.

Reconoció que se actúa en correspondencia con el cumplimiento de las decisiones judiciales en los plazos previstos y convocó a que los jueces, fiscales y demás trabajadores del sector tengan una postura intachable, ética, insobornable y cortés, algo en lo cual se avanza de acuerdo con las exigencias a un comportamiento decoroso de estos profesionales.

Explicó acerca de las inspecciones y verificaciones dentro de los tribunales y fiscalías como un proceso de control interno, llevado a cabo por los jueces más experimentados. Con ello se indagan en los errores y fisuras de los componentes que obstaculizan una gestión de justicia con la calidad anhelada. También se reconoció que cuando se inician procesos de reclamación y apelación a las sentencias impuestas, se revisa el expediente buscando violaciones y dando respuesta a las quejas emanadas de la población.

Una cuestión que golpea al sector es la fluctuación de los profesionales capacitados, aunque prima en los colectivos laborales sentido de pertenencia, compromiso con la institución y una gran motivación entre los jóvenes para superarse y alcanzar escalones superiores dentro del sistema jurídico del país.

Mientras que el informe de la fiscalía hizo referencia a la especialización en el enfrentamiento a los hechos connotados de corrupción; el reforzamiento de la actividad metodológica de la dirección y departamentos provinciales en los procesos penales; incremento de las cifras de fiscales municipales y de las verificaciones e investigaciones para una mayor protección a los ciudadanos.

El documento valoró el fortalecimiento del sistema de atención a los ciudadanos y protección a la familia, que incluye además a los menores de edad y a los privados de libertad, ancianos, mujeres víctimas de la violencia, pobladores de zonas de difícil acceso y otros segmentos vulnerables de la población.

También se pronunció por el incremento de la eficacia en el ejercicio de la labor de dirección en todos los niveles, esencialmente en las fiscalías municipales, y por un enfrentamiento priorizado al tráfico y tenencia de drogas y las conductas asociadas a la corrupción.

Varios de los diputados elogiaron el fortalecimiento de las actividades de comunicación institucional, informatización, superación profesional, atención a los cuadros y trabajadores no fiscales, secretaría, asesoría legal, cooperación jurídica y relaciones internacionales.

Resaltaron que las visitas realizadas por los diputados con vista a esta rendición de cuenta, mostraron el compromiso y el sentido de pertenencia mostrada por los trabajadores del sector en dar soluciones a las inquietudes de la población ante cualquier proceso llevado a cabo. Además, se señaló la presencia de los profesionales en las redes sociales para explicar el alcance de una medida o ley, lo cual facilita el intercambio entre las instituciones y los ciudadanos.

Los debates continuarán con el análisis del estado de la conformación de los estudios de Técnico medio en Derecho, por parte de la ministra de justicia, María Esther Reus González y la de educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella.

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