La vivienda, a pesar de los esfuerzos, todavía es un tema por resolver

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Industria, Construcciones y Energía en sesión conjunta este miércoles, centraron su análisis en la situación que presenta la vivienda en el país.

Desde 1990 hasta el 2014 el Estado ha construido 316 595 viviendas, con las cuales se han beneficiado 908 627 personas; un esfuerzo importante, sin embargo insuficiente.

Así lo demuestran los resultados que arrojan los controles y fiscalizaciones de los diputados en los territorios, en los que si bien se reconocen algunos logros –sobre todo a partir de las modificaciones a la Ley General de la Vivienda– existen dificultades que frenan el desarrollo del Programa de Construcción y Rehabilitación.

Entre las principales deficiencias sobresalen el retraso y la mala planificación en los cronogramas de ejecución. Como consecuencia, la mayor cantidad de obras a terminar se concentran en el último semestre, lo cual afecta la calidad y el aprovechamiento de la fuerza de trabajo.

Igualmente se señalaron la falta de exigencia durante el proceso constructivo y el éxodo de la fuerza de trabajo calificada de las instituciones estatales hacia el sector no estatal, así como el deficiente control en las tiendas de materiales de la construcción.

Unido a ello se mencionó el incumplimiento del plazo previsto de 18 meses para la culminación de un subsidio, por la carencia de elementos de terminación y la intermitencia de materiales en los puntos de venta.

El informe de la comisión también reflejó que si bien la mayoría de los edificios multifamiliares necesitan rehabilitación integral, es insuficiente el presupuesto concedido para conservación y el que se asigna no se cumple. De igual forma ocurre con el presupuesto para la erradicación de pisos de tierra.

Además, se mencionaron otros problemas asociados a los trámites, entre ellos la no existencia de procedimientos para entregar azoteas estatales para la construcción por esfuerzo propio.

De acuerdo con esta evaluación realizada por los diputados, Vivian Rodríguez Salazar, quien atiende el tema en el Ministerio de la Construcción, informó que efectivamente al cierre del 2016 el déficit habitacional asciende a 883 050 viviendas, incrementándose en 30 000 con respecto al año anterior. Todos los territorios incrementan la pérdida de la capacidad habitacional debido al deterioro de los inmuebles.

La funcionaria señaló que, a fin de cambiar la situación que hoy tiene la Vivienda, se está trabajando en frentes decisivos como el incremento de la producción de materiales y capacidades constructivas, la introducción de nuevas tecnologías y el protagonismo de la población en sus propias construcciones.

En este sentido, Rodríguez Salazar amplió que fue definida una estrategia a desarrollar en el plazo de diez años, cuyos ejes fundamentales están dirigidos a estabilizar la construcción de viviendas en el sector estatal y crecer en la terminación de las realizadas por la población, e integrar ambas vías, priorizando la rehabilitación.

Las otras líneas priorizadas se orientan a lograr la sostenibilidad de las viviendas mediante el incremento de la producción local de materiales e introducir diseños y tecnologías apropiadas que amplíen capacidades constructivas.

La funcionaria, en un análisis del cumplimiento del plan de la vivienda para el 2017, refirió que de las 5 722 terminadas, 1 607 pertenecen al sector estatal; 2 027, o sea el 35 %, a los subsidios; y 2 088, que es el 36 %, son de esfuerzo propio, a partir de los créditos y pagos en efectivo.

«No existe un cumplimiento del programa, y en ese caso los territorios más atrasados para garantizar la secuencia constructiva son Pinar Río, Artemisa, Ciego de Ávila, Granma y Camagüey; y los casos más críticos son Santiago de Cuba y La Habana» agregó.

Por su parte, Magalys Rivero, del Instituto de Planificación Física, dio a conocer que al cierre del 2016 habían procesado 494 625 trámites, de los cuales se resolvieron 454 115, que significa un 92 %.

Se refirió además a que, en comparación con la etapa anterior a la aplicación del Decreto Ley no. 322 y sus normas complementarias, hoy la situación es más favorable, aunque persisten dificultades como la inestabilidad en la fuerza laboral en las direcciones municipales de Planificación Física, donde no se ha logrado procesar el total de los trámites; además de que no se ha logrado eliminar la tramitación fuera de término y es insuficiente la asignación de parcelas con respecto a la demanda.

En el debate Yudit Pérez, diputada por Sancti Spíritus, abordó el tema de la asignación de subsidios y los cambios de uso.

En relación con lo primero, comentó que las zonas más perjudicadas son las rurales, donde el fondo habitacional es más crítico. Explicó que muchas casas no cuentan con la inscripción de su propiedad por tanto no pueden solicitar un subsidio.

Por su parte la diputada Yolanda Gómez, del municipio de Cabaiguán en Sancti Spíritus, opinó que se debe valorar la posibilidad de ser un poco más flexibles en el otorgamiento de terrenos en aquellos consejos populares o comunidades rurales que no cumplen condiciones de acueducto o alcantarillado, pues justamente allí existen muchas personas necesitadas.

En la sesión de la tarde se presentaron los resultados del funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias (CNA) vinculadas al reciclaje, la construcción, la gastronomía y los servicios, a partir del control que realizó la comisión en los territorios.

Si bien se aprecian buenos resultados en el desarrollo de las CNA, también hay problemas e irregularidades que atentan contra su desempeño, entre ellos la carencia de un mercado mayorista, los incumplimientos de los contratos entre las cooperativas y proveedores, falta de claridad entre las entidades estatales o comercializadoras mayoristas y las CNA para realizar contratos e insuficiente capacitación de socios y trabajadores contratados.

Durante el intercambio, los diputados enfatizaron en algunos aspectos del experimento de las cooperativas, como la descapitalización que se está produciendo en la empresa estatal socialista a partir del éxodo de la fuerza de trabajo calificada hacia el sector cooperativo en busca de mejores ingresos.

También reflexionaron en torno a las grandes diferencias de salarios entre profesionales de una y otra forma de gestión que realizan la misma actividad, lo que incide en la eficiencia y la motivación del personal y desencadena la fluctuación del sector estatal.  

Asimismo intercambiaron sobre los problemas que se generan debido a la dualidad cambiaria, pues mientras el sector empresarial utiliza un «canje» de un CUC por un CUP, las cooperativas cuando realizan transacciones con los inversionistas y las comercializadoras operan a precio de las casas de cambio (Cadeca); o sea, un CUC les representa 24 CUP y ello introduce deformaciones en los niveles reales de eficiencia productiva.