Anomalías en Arroyo Seco

GIBARA, Holguín.—Deseoso de tomar en usufructo tierras ociosas estatales, apenas concluyó el periodo de Servicio Militar Activo (SMA), Dixán Concepción Pupo retornó a los alrededores de Arroyo Seco, donde reside, y solicitó áreas sin explotar durante mucho tiempo, luego que la unidad empresarial de base José María Aurrecoechea, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos Gibara, se declarara incapaz de mantenerlas en producción.

Optimista, creyó que la respuesta a la petición podría tenerla, a más tardar, en 114 días, plazo legal establecido; sin embargo, materializar su anhelo tardó casi dos años.
Igual sucedió con otros 14 exsoldados de las FAR, aspirantes al usufructo de áreas ubicadas en las mismas 61.49 hectáreas puestas por la UEB a disposición de la delegación municipal de la Agricultura en febrero del 2014.

Si bien hace unos días, el 17 de mayo, a los interesados se les notificó que sus deseos eran realidad, a modo de lección vale analizar lo su­cedido. Probablemente las anomalías reportadas están presentes en otros lugares.

Se pasa por alto la velocidad imprimida a la solución de los problemas aquí expuestos después que un equipo de prensa, integrado por reporteros de la Televisión y de Granma, iniciara indagaciones en el lugar de los hechos.

PAPELEO, APRECIACIONES, FALTA DE PREPARACIÓN…
De acuerdo con Armando Torres Sánchez, director de la José María Aurrecoechea, la de­cisión de poner las tierras en manos de la delegación municipal de la Agricultura no fue un capricho. No podían hacerlas producir porque en la zona la fuerza de trabajo es insuficiente. Dado el interés de muchos jóvenes por cultivar las áreas, era lógico que la comisión agraria del territorio respondiera con prisa, dijo.

Sin embargo, en esta estructura la situación tomó un rumbo complicado. Rolando Serrano Batista, jefe del Departamento de Control de Tierra y Tractores del municipio, explicó que la existencia de más de 50 personas solicitantes de las áreas condujo a los que ellos llaman casos múltiples, de competencia provincial.

Pero en la instancia superior afirmaron a los reporteros que las gestiones pudieron simplificarse en el municipio. Habría bastado considerar la atención especial que les corresponde a los jóvenes exsoldados de acuerdo con la Re­solución 449 emitida en el 2013 por el Ministro de Agricultura.

Al revisar el documento, este recuerda que los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales, deben adoptar las medidas adecuadas para asegurar el empleo o incorporación a sus centros laborales, de estudio, capacitación o en otras tareas, a los licenciados de las Fuerzas Armadas Revo­lucionarias y del Ministerio del Interior. Y en consecuencia, en una de sus partes establece que “los expedientes de entrega de tierras en usufructo para licenciados del SMA se tramitarán con máxima prioridad agilizando los trámites legalmente establecidos”.

Como casos múltiples debieron verse únicamente aquellos en que más de un desmovilizado de las FAR solicitara las mismas áreas, se­gún afirmación de María Dolores Colomé Proen­­za, funcionaria de la delegación pro­vin­cial de la Agricultura, experta en el Decreto Ley 300, que dispone la entrega en usufructo de tierras ociosas estatales.

El hecho de que Rolando Serrano insistiera en que lo dicho por la especialista se corresponde con una interpretación de lo establecido, da pie para colocar sobre el tapete las dificultades originadas por la inestabilidad en los cargos o la falta de experiencia y conocimientos del personal de la Oficina de Control de Tierras de la delegación municipal de la Agricultura, lo cual admitió quien la encabeza, Raúl Álvarez Es­pinosa.

Sobre ello no hay dudas. Al analizar las trayectorias de los expedientes que terminaron en la instancia provincial, varios fueron devueltos por presentar serios errores, lo que impuso las correcciones correspondientes y repercutió a la vez en el alargamiento del plazo de las deci­siones.

Ante los hechos, en el municipio no se pue­de descuidar la selección y capacitación del personal que atiende directamente los asuntos agrarios. Es una cuestión a enfrentar integralmente, que parte de la creación de competencias en los funcionarios para que se relacionen con quienes contactan diariamente, tiene en cuenta el estudio de leyes, decretos y regulaciones en general, e incluye, entre otras cosas, la creación en los puestos de trabajo de condiciones y facilidades.

No se trata, por ejemplo, de la asignación de un vehículo permanente para hacer las gestiones, porque eso es imposible en la actualidad, pero sí de apoyarlos con transporte y otras ac­ciones cuando las circunstancias lo requieran, para evitar, como apreciamos mientras transcurría nuestra investigación, la dilación de gestiones y decisiones.

ILEGALIDADES, DESCONTROL, FALTA DE PREVISIÓN Y EQUIPOS ABANDONADOS
Meses atrás, sin autorización alguna, varios de los solicitantes decidieron explotar parte de las mencionadas tierras. Algunos alegaron y ale­gan que tienen familias por mantener, otros opinan que no constituye un crimen poner en producción las áreas a las que se otorgó poca importancia hasta ahora. Al momento de co­nocer que les habían concedido el usufructo, allí crecían plantas de yuca y frijol.

El suceso constituye, sin dudas, una ilegalidad. No obstante, generó una aguda polémica en la zona. Hay quienes creen que es lo correcto ante el largo periodo existente entre la petición de las parcelas y su entrega. Para otros, no se debió permitir por el precedente de impunidad establecido.

Si el desafortunado acontecimiento debió o no desencadenar un proceso judicial, lo cierto es que la mirada acusatoria más severa debe ser dirigida al responsable de custodiar la tierra, o sea, la Empresa Agroindustrial de Granos Gibara. Su comportamiento fue indolente al no emprender acciones para proteger las áreas bajo su jurisdicción aun cuando las colocó a disposición del fondo agrario del municipio.

Roger Torres Osorio, director en funciones de esa empresa, admitió que lo sucedido tiene su origen en la falta de control de varias personas, incluidos los directivos. “No previmos la ocupación de las tierras. No las revisamos men­sualmente, como debíamos”, expresó, pero no se refirió a las sanciones aplicadas. Tal vez no se han depurado responsabilidades.

Es difícil que la toma ilegal haya pasado de­sapercibida. Aníbal Pupo Morales, presidente de la CCS Luis Alberto Villa Batista, aseguró que algunos de quienes asumieron el riesgo de ser sancionados, contactaron con él para analizar la posibilidad de contratar los frutos de las siembras, a lo cual no accedió para evitar legitimar un procedimiento incorrecto.

En su opinión, junto con el descontrol evidenciado por la referida empresa, también está la incapacidad para reaccionar ante casos muy particulares.

Parte de estas áreas, aseguró, dejaron de ser cultivadas o se explotaron limitadamente mucho antes de pasar al fondo de tierras del municipio.

“Todo ese tiempo muchachos desmovilizados del Servicio Militar y personas en general que viven en la zona, pidieron que se las arrendaran por periodos cortos, o sea, por cosechas. Era mil veces preferible tomar esa decisión, a verlas improductivas durante tanto tiempo”, añadió.

La idea de explotar las tierras de ese modo, aseveró, es una inquietud varias veces discu­ti­da en presencia de funcionarios de la Aso­cia­ción Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) del territorio y aunque la organización la apoyó y promovió, tampoco encontró receptividad.

En fin, no se apeló a la síntesis de lo cotidiano. Si la propiedad y uso de la tierra son asuntos vitales, y muy sensibles, ¿por qué no fueron analizadas a fondo las sugerencias propuestas entonces?

Igual de irritante es la situación de las cinco máquinas de riego que cubren las 61.49 hectáreas conferidas en usufructo. A más de una les faltan tensores, cilindros, boquillas y otros com­ponentes, resultado de sustracciones a ma­nos de personas de los alrededores, aunque la mayoría de los elementos faltantes, en co­rres­pondencia con lo narrado por Armando To­­rres, se han empleado como piezas de re­puesto para los otros equipos de ese tipo que posee la UEB.

Sin excepción, las cinco máquinas son pruebas acusatorias de una incorrecta política de mantenimiento que no puede justificarse con la carencia de fuerzas para ejecutarla, ni sustentarse con la explicación de que fueron diseñadas para permanecer a la intemperie, al azote de las inclemencias del tiempo. Por eso mismo, no es necesario ser experto para saber que nunca se añadió una película de grasa sobre componentes hoy deteriorados.

La situación contradice la intención de dedicarlas a la prestación de servicio a los actuales responsables de la tierra cuando se restablezca el agua que falta en la zona con motivo de una sequía que suma años.

Tampoco se sostiene la opinión de que son medios obsoletos, a la espera de reposición por nuevos y más eficientes en cuanto a consumo de agua y rendimiento en general.

Entre otras cosas, se les ha reducido la posibilidad de periodos de empleo como equipos de segunda mano, pues si llega el momento de la sustitución, pudieran ser vendidos a personas jurídicas y naturales interesadas en ellos, pero es probable que de darse la oportunidad, la depreciación sería considerable.

A estas tribulaciones hay que cerrarles el paso. Lastran y contrarían estrategias nacio­nales, así como planes y acciones en marcha en la provincia para poner en uso tierras improductivas, recuperar importantes polos agrícolas y dar uso óptimo a la maquinaria disponible en ellos.

Si no incrementamos la producción nacional de alimentos, será imposible disminuir los costos de las compras en el exterior de una parte de lo que se necesita sobre la mesa de las familias cubanas. Recordemos que en esas gestiones el país invierte unos 2 000 millones de dólares cada año.