Comercialización agropecuaria, de la especulación al ordenamiento paulatino

Dicen que si algo en común tienen la agricultura y el béisbol es que de ambos temas todos se sienten mánagers y cada quien opina al por mayor. Con tantos líderes de opinión en uno y otro lado, faltan árbitros.

Lo cierto es que casi simultáneas a su publicación este martes en la Gaceta Oficial Ex­traor­dinaria No.15, las nuevas medidas que tienen como núcleo la comercialización agropecuaria han destapado un cartapacio de expectativas entre la población.

A la crítica lógica sobre la especulación que ronda el expendio de productos agrícolas, se le añade esa otra especulación —la popular— sobre cuán cerca están estas acciones del ordenamiento real a corto plazo al que se aspira, si “esto no será más de lo mismo” y si a los agros involucrados los terminará barriendo el síndrome de la “escoba nueva”, que solo funciona al inicio y luego los viejos problemas regresan a sus puestos de siempre.

Incluso hay quienes permanecen incrédulos sobre la existencia del respaldo productivo necesario para hacer sostenible en el tiempo el abastecimiento que demandan esas unidades comerciales y la población… Y así, un sinnúmero de preocupaciones.

Esta vez, Granma propone una relectura de esas disposiciones que entraron en vigor la víspera e involucran a buena parte de la red de mercados en el territorio nacional. De acuerdo con Enel Espinosa Hernández, director agrí­cola del Ministerio de la Agricultura (Minag), previo a la puesta en marcha de las normas jurídicas en cuestión se realizó un proceso de capacitación a diferentes organismos, entidades, y actores económicos y sociales.

Dentro del sistema del Minag en sí, objeto y sujeto principal para las transformaciones pautadas, participaron a nivel nacional —exonerando a la capital— 242 empresas, 160 delegaciones municipales y 3 708 bases productivas. En cuanto a las unidades del comercio minorista de estos genéricos, lo hicieron 515 mercados agropecuarios y 2 387 placitas y puntos de ven­ta, para una sumatoria de 2 902 establecimientos que aplicarán dicha política de precios máxi­mos para la venta a la población.

El capítulo habanero, en tanto, comprende a 106 mercados agropecuarios, 182 mercados arrendados a formas productivas, 35 puntos de venta cuya producción es estatal y nueve agros del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT).

Además de la preparación referida, se efectuó una actualización de la carta tecnológica de los cultivos seleccionados, teniendo en cuenta la fitotecnia y agronomía de estos, y con ello, los  periodos óptimos de cosecha. De ahí que a ca­da producto lo acompañen dos opciones de precios límites, enfatizó Es­pi­nosa Her­nández.

Si bien lo aprobado fija su varilla en la consecución de incrementar gradualmente la ca­pacidad de compra del peso cubano, su fruto mayor radica en la oferta de un mecanismo de seguridad, de protección al consumidor y a quienes a pie de surco, tienen el reto por delante de producir más y de modo estable, así como reducir los “ceros” de las facturas millonarias por concepto de importación de alimentos. Unido a eso, pudiera crear las perspectivas para hacer extensiva la experiencia a otros ramos, de manera escalonada y progresiva.

Todo ello responde al perfeccionamiento de los precios minoristas en este sector —un proceso con más de una década—, así como a elevar los niveles de acopio de la producción más de­mandada y poner cuotas máximas de lo que pue­de llegar a costar en la red uno de esos cultivos.

¿Por qué están excluidos de estas normas los mercados agropecuarios de oferta y demanda (MAOD) y los que se encuentran arrendados por cuentapropistas, además de los vendedores ambulantes (carretilleros)?, ¿cómo evitar que los mismos utilicen de vía de aprovisionamiento las unidades con precios máximos publicados ayer y revendan las mercancías con márgenes co­me­rciales disparados a boca de mer­cado?, ¿quién vela in situ porque se ponga a buen re­caudo la correlación precio-calidad y evite la manida práctica de “comprar de segunda y vender co­mo si fuera de primera”?
Las claves para esas dudas apuntan al acápite que faculta, por las claras, a los órganos e instancias de gobierno a que tomen las riendas del asunto en su radio de competencia y a impedir las distorsiones que puedan darse en el día a día, respecto a las normativas.

En relación con el ámbito de aplicación, vale destacar asimismo que el sistema de la Agri­cultura no suministra la totalidad de insumos para producir, dada la deficitaria logística para ofrecer tal cobertura. De hecho, solo alcanza alrededor del 20 % de los recursos, mientras en lo inherente al regadío, se reduce al 7 %. Lo an­terior determina la variabilidad de fichas de costo de productor en productor y su consiguiente gravamen en los demás eslabones que se distienden del surco a la mesa.

Corresponde entonces al contrato, y máxime a quienes lo rubrican, poner sus cláusulas en letra viva y asumir la paternidad de las responsabilidades, a la vez que apele a variantes más ágiles de gestión económica y desobstruya los canales de comercialización. Hasta hoy, se­gún Espinosa Hernández, se tiene contratado el 49 % de la producción.
Una tarea urgente es, igualmente, identificar bien qué mercados participan de la nueva política y cuáles no, a modo de facilitarle a la población la comprensión de si sus vendedores están obrando acorde con la ley o no.

La otrora lista de los 12 productos con precios centralizados amplía ahora sus inscripciones, al registrarse un total de 26.

Desintoxicar los agros implicados de viejas ma­ñas, donde escasean instrumentos de me­trología idóneos (a veces entrenados para ti­mar), y reforzar en cambio el control de las fuerzas inspectoras es menester impostergable. Sobre todo porque algunos de esos entes fiscalizadores se comportan más como socios de quienes venden que como jueces del pueblo.