Comisión Agroalimentaria: desterrar viejas trabas de la realidad agrícola

Aciertos y desaciertos de la implementación de las 17 medidas dedicadas a fortalecer a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa –tanto las pertenecientes al Ministerio de la Agricultura (Minag) como al Grupo Azucarero Azcuba– ocuparon los debates de los diputados este sábado en la Comisión Agroalimentaria, correspondiente al VI Periodo de Sesiones de la VIII Legislatura de nuestro Parlamento.

Según el informe que comprende los resultados de la fiscalización y control a ese paquete de medidas, el cual responde a los Lineamientos 179, 180, 173 y 203, dentro de los principales logros e impactos vale resaltar que se ha fortalecido su autonomía en la gestión y reconocido con seriedad su personalidad jurídica, así como se ha reforzado su condición de cooperativa, han engordado las ganancias y estimulado los niveles productivos. También, al cierre del 2014, disminuían en 174 las unidades de esta tipología con pérdidas, en relación con el 2011, y se espera una mejor situación para cuando concluya el 2015.

No obstante los avances, durante el proceso de fiscalización se detectaron deficiencias que deberán resolverse en un lapso inmediato, como son: el no disponer de cuentas bancarias en divisas que les permitan utilizar directamente las ganancias que generan en dicha moneda, la no correspondencia de los plazos de amortización de los créditos bancarios solicitados para el desarrollo ganadero y el periodo establecido para la recuperación de las inversiones, deficiencias contractuales entre estas unidades y las empresas suministradoras de insumos, e incumplimientos de los contratos de unidades comerciales del Grupo Empresarial de Logística de ese organismo (Gelma) con las formas productivas, ya sea por insatisfacción de la demanda de insumos o por la mala calidad de los productos e insumos que expenden.

Otras limitantes apuntan al entorpecimiento del acopio y la exportación del carbón vegetal, debido a problemas con la transportación, los contenedores y los envases; al tiempo que persisten UBPC con créditos vencidos y dificultades financieras para garantizar el ciclo productivo, aun cuando se renegociaron las deudas.

En el caso de las UBPC vinculadas a Azcuba, además de las trabas en materia de contratación, trascendieron análisis relacionados con la pertinencia de evaluar la tasa deformación de divisa para los macheteros (la cual debe ser proporcional a la de los trabajadores de la industria), la urgencia de perfeccionar el sistema de pago por calidad y el rendimiento potencial de la caña que se fija de cara al plan, así como atacar las causas de la burocratización experimentada en la adquisición de insumos y disminuir los precios de los servicios ofertados a las unidades productoras en cuestión.

Ricardo Monzón Novoa, director de Atención a Productores del Minag, recordó que existen a nivel nacional, 1 679 UBPC, de las cuales 1 146 están dedicadas a diferentes producciones agropecuarias (y pertenecen al sistema del Minag), mientras 533 poseen como línea fundamental la caña de azúcar.

Al cierre de junio del 2015 las UBPC poseían en usufructo más de 1 millón 590 400 hectáreas, el 28 % de la superficie agrícola total del país, y de estas, una extensión superior a las 216 800 permanecía ociosa, equivalente al 11,8 % de su fondo de tierra. Según Monzón Novoa, a la vuelta de dos años y nueve meses del inicio del tratamiento financiero, si se mantiene un comportamiento similar al de los últimos trimestres, la deuda bancaria y empresarial debería ser liquidada en los próximos 12 años y las deudas en moratoria por la extinción de algunas de esas entidades, se honrarían en un quinquenio. Con el ritmo actual de liquidación, el tratamiento financiero debe durar 20 años, en lugar de los 25 que se habían vaticinado.

Grosso modo, solo 360 de las UBPC no cañeras no pudieron concluir octubre del actual calendario con balance positivo en torno a ese paquete de medidas, por lo que debió procederse a su extinción.  

De acuerdo conClara Toledo –funcionaria del Comité Central– el 70 % de los problemas identificados tenían solución en la base y eran eminentemente de índole subjetiva, mientras el 20 % podían solventarse en los municipios y un 10 % dependían de asuntos que debían ventilarse a nivel de provincia y de país, el menor número a esta última escala.

José Carlos Santos Ferrer, vicepresidente primero de Azcuba puntualizó que, en sentido general, la principal dificultad pendiente de solución efectiva hoy es cómo medir la calidad de la caña de manera personalizada por cada productor.

En tanto, el viceministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, exhortó a redoblar la gestión en el extensionismo de las buenas prácticas agropecuarias, a optimizar los recursos, a mayor eficiencia en la producción y respaldar oportunamente ese proceso, desde el sistema logístico del ramo, dada la importancia de la agricultura para la economía del país.

El director de Atención a Productores del Minag adelantó posteriormente que está previsto para el 2016, en el Presupuesto del Estado, 50 millones de pesos inscritos en el Fondo de Desarrollo, “lo que permitirá cubrir créditos en el orden de los 2 000 millones de pesos, asumiendo el 50 % del interés con una tasa promedio del 5 %” a programas como los cultivos varios, la ganadería, y otros integrales, dirigidos al desarrollo agropecuario.

Los diputados discutieron ampliamente en esta primera jornada de trabajo en comisiones cómo dejar atrás las olímpicas trabas que se presentan en la comercialización agropecuaria y el acaparamiento y especulación generados por los intermediarios ilegales, los altos precios de algunos servicios y otras cuestiones de gran interés para el sector.

Sergio Rodríguez, diputado por Santo Domingo (Villa Clara), insistió en que hay que prever en la agricultura diferentes escenarios, y en el caso de los programas de desarrollo no podemos tener una sola proyección, sino involucrar más a todos los organismos e instituciones vinculados en un esfuerzo común. “Estamos transitando por un buen momento de las UBPC, pero el juego se decide en el surco, aplicando también la ciencia y la técnica, y capacitando” a los recursos humanos.

Israel Pérez, de Yaguajay, Sancti Spíritus, remarcó que en los últimos años la agricultura produce más pero la gente ve menos comida en su mesa y los precios son cada vez más altos, porque los están “mercachifleando” otros; y hay que reducirles el margen para ello. Abundó en su consideración de topar precios en varios productos para evitar que los precios de los productos suban a su paso por manos intermediarias.

Abilio Piedra, de Quivicán, Mayabeque, manifestó: “para mí es una derrota política cuando hay que desintegrar una CPA o una UBPC, porque ellas se crearon por la Revolución, y no se puede dar mucho chance a que se agraven estos problemas.

Mario Cisneros, diputado por Buey Arriba (Granma), cuestionó por su lado hasta dónde llega realmente la personalidad jurídica de dichas entidades, pues todavía en los informes que se hacen se limita esa cualidad de tales cooperativas. Aspecto cuya solución, a su juicio, pasa por la capacidad y por la capacitación. Esta última, subrayó tiene que ser un hecho, no un slogan, y eso se complejiza por la dinámica cambiante del actual escenario. Abogó asimismo por la aplicación de la ciencia y la técnica en mayor medida, con vistas a incentivar la producción.