El puño oportuno que necesita la ilegalidad

Cómo enfrentan el Ministerio de la Agricultura (Minag) y el Grupo Azucarero Azcuba las indisciplinas sociales, el delito y las ilegalidades en lo que va del 2015 y qué hacen para darle solución a las inquietudes de la población, devino el plato fuerte de la Comisión Agroalimentaria durante su tercer día de debates.

Sobre la gestión del Minag en este sentido, Esther Begoña Rodríguez —directora de Auditoría y Control en ese sistema—recordó primero algunas transformaciones acaecidas al interior de ese organismo, tras la entrada en vigor (en mayo de este año) del Decreto-Ley No.329, que establece en su Artículo Único la misión de este, y la ulterior aprobación ese propio mes del acuerdo No.7738 del Consejo de Ministros, contentivo de las funciones específicas, atribuciones y otros aspectos.

Y anunció Rodríguez que se trabaja actualmente en la elaboración de la Política Agraria, teniendo como base los programas rectores, de cara a la implementación del Perfeccionamiento Institucional del Minag.

De igual modo, los reunidos en la Comisión Agroalimentaria recibieron detalles del enfrentamiento al cultivo de marihuana en tierras agropecuarias y forestales, donde se detectaron “27 hechos y de estos, el 45 % se concentró en Santiago de Cuba. Entre las sanciones, se procedió a extinciones de usufructos, medidas de carácter judicial y administrativo, además de confiscaciones de tierras.

En otro análisis, durante el primer semestre del 2015 el hurto y sacrificio de ganado mayor disminuyó en 1 728 cabezas, tomando como referencia igual periodo del calendario precedente, y las únicas provincias que no se montan en el “tren” nacional tendente al decrecimiento son Cienfuegos, Pinar del Río, La Habana y Guantánamo. No obstante los esfuerzos, este delito requiere de mayor integración de los diferentes actores que deben accionar en su detección y prevención, y del rechazo enérgico de la población, consta en el informe.

Una de las temáticas que generó mayor cantidad de debates fue la mortalidad vacuna, toda vez que este indicador ocasiona al sector 20 veces más pérdidas que el hurto y sacrificio ilegal, con una cifra global hasta la fecha que se traduce en la muerte de 29 242 cabezas de ganado más que el mismo lapso del 2014.

Eddy Díaz, diputado por Vertientes, Camagüey, ahondó en las dos causas básicas del índice de mortalidad de la masa ganadera: el déficit de alimentos para ese destino, sobre todo pastos, y los problemas persistentes en el (mal) manejo y cuidado de estos animales.

Al respecto, Ramón Aguilar —vicepresidente de esa comisión— particularizó en que actualmente se usan nomenclaturas sofisticadas para decir que las vacas se mueren de hambre. Y la falta de alimentación es una tarea a resolver desde ya, por resultar la principal responsable de las bajas ocasionadas en la masa vacuna hasta mayo último. También señaló que los accidentes reportados en esta dirección son en su mayoría debido a ahorcamientos, y esto muestra negligencias en el manejo y la atención ganaderos.

El parlamentario granmense Néstor Hernández, del municipio de Jiguaní, aterrizó el análisis en las experiencias de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, donde urge fiscalizar en mayor medida el control pecuario, como garante esencial de carne y leche, producciones altamente demandadas.

Téngase en cuenta, como señaló la directora de Auditoría y Control del Minag, que en este apartado específico se ha reportado un total de 361 unidades productoras que incumplen con lo pactado en la leche, ello ocasionó que se dejaran de entregar 13 millones 150 720 litros, equivalentes a más de 1 300 toneladas de leche en polvo, con una afectación a la economía nacional estimada en 4 millones 066 202 USD.

Hernández instó además a una revisión integral a la cartera de servicios que se ofertan en las comunidades rurales mayormente, donde las tendederas eléctricas, el uso de agua y otros recursos son costeadas con el fondo presupuestario de esas unidades. “Tenemos 73 empresas con pérdidas y no todas, pero sí buena parte, están afectadas por este tema”. Hay que agilizar la tramitación pertinente para que se legalicen esos servicios a nombre de los usuarios reales, invitó.

Acerca de los nudos en la comercialización de la papa, Graciela Rodés, de Banes, Holguín, trajo a colación que existen alrededor de 200 planteamientos relacionados con este rubro, dada su elevada demanda por la población. “Hasta el 2013 se protegió ese cultivo para el consumo social, pero en el 2014 esto no fue así”. De ahí que debe examinarse mejor el programa de la papa.

Varios diputados coincidieron en que al ser ese un genérico centralizado en su expendio (incluso con precios topados), cuyos planes de siembra y volúmenes a comercializar en la red de agros pasan por la decisión conjunta de otros organismos, que participan en otras comisiones de trabajo.

El patronato vial y el deterioro de los caminos vinculados a la Agricultura y Azcuba, también azuzaron las discusiones.

Elvis Pérez, de Bolivia, Ciego de Ávila dijo que dicha temática “gravita sobre la economía de las empresas agropecuarias. Hay caminos que son prioridad de las empresas (sin entrar en la discusión de la disponibilidad o no de motoniveladoras), y me preocupan aquellos caminos que pertenecen al patronato vial de la Agricultura, pero carecen de alternativas de financiamiento por el menor grado de vinculación con el objeto social de la entidad.

“Hay que buscarle una solución integral a esto, porque el Banco te da créditos, pero lo tira contra tu actividad fundamental y hay que negociar con este para que sea más flexible” en la concesión crediticia, sentenció el avileño.

El diputado por Buey Arriba (Granma), Mario Cisneros, subrayó: “en relación con las indisciplinas conozco perfectamente que en Cuba no existe una Política o Ley de Ciencia, como la tiene el tema del medio ambiente, pero sí existen decretos que establecen contravenciones para los que violan lo establecido. Ahora, ¿eso realmente se aplica? De hecho, no se hace con los paquetes tecnológicos que son costosos y el país hace un enorme esfuerzo para adquirir y distribuir estos insumos, y jamás he visto que se le aplique esos decretos a quienes obtienen rendimientos discretos, que dejan mucho por desear”.

En respuesta a este planteamiento, Orlando Díaz Rodríguez, director jurídico del Minag, explicó que la Agricultura tiene 11 decretos contravencionales en estos temas, y reconoció lo atinado de la preocupación del diputado sobre la lisura en cuanto a la aplicación de medidas de esa índole. Adelantó la creación en el ministerio de una dirección para regir la actividad, “pero el problema de los inspectores se resuelve en los municipios”, dijo.

Abelio Machuca, parlamentario del municipio Niceto Pérez, Guantánamo, convocó a ponerle “una parada mayor” al debate de este tópico. “Estamos hablando de contravenciones cuya sanción es mínima. Cuando se quiso acabar con las irregularidades viales se triplicaron las multas. Entonces esas contravenciones hay que revisarlas y hacerlas más fuertes” para que se sienta el peso de la Ley, aseveró.

Acerca del patronato vial, concluyó Machuca con la invitación a valorar bien el levantamiento realizado, así como el financiamiento para ella, pues eso es una inversión que no se recupera y por tanto no deja ganancias económicas recuperables a corto plazo, aun cuando tributa a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Propuso a la comisión que evaluara la variante de que los patronatos de las montañas pasaran a ser atendidos por Servicios Comunales o los gobiernos locales, con vistas a que recibieran tratamiento directo a través del presupuesto del Estado, en lugar de consumir fondos financieros de las formas productivas.

Sobre este particular, Eddy Díaz intervino nuevamente para observar que “vamos a tener un respiro con las brigadas de camiones (previstas a operar en breve), las que impactarán en la reparación de viales, pero pienso que el Minag debe tomar medidas drásticas con quienes cruzan las picadoras por encima de los terraplenes”.

Trató asimismo el diputado camagüeyano el tema de los combustibles. Se debe exigir más por esto, “sobre todo cuando comienza la zafra y aumenta la venta ilegal a particulares, pues en ese tiempo baja el precio del combustible y eso se presta para muchas ilegalidades”.

Dirigido a ese acápite justamente, Orlando Celso García —presidente de Azcuba— recalcó la valía de iniciativas como la instalación de computadores de a bordo (GPS), por ejemplo en combinadas “CASE” y otras maquinarias.

El excesivo gasto de combustibles en ocasiones y las indisciplinas e ilegalidades vinculadas a estos carburantes, también ocuparon amplios exámenes.

Adalberto Fernández (Viñales, Pinar del Río), enjuició que no se puede perder de vista que en los poblados rurales es la cooperativa quien debe asumir casi siempre la respuesta a emergencias, incluso cuando difieren del objeto social definido. Esto explica per se la movilidad de combustible para el apoyo a las familias en casos de fallecimiento de alguno de sus miembros, hasta convertir el parque de transporte de la entidad en ambulancias o permitirles funcionar, no pocas veces, como medios públicos para el traslado de los habitantes.

También trascendieron otros criterios que, grosso modo, apuntan a apretar la “tuerca” del desorden para cerrarle brechas a actividades ilícitas, como la compraventa de diesel destinado a la zafra.

En intercambio con Granma, Arnaldo Costa —diputado por Cruces, Cienfuegos— compartió su criterio de que en materia de “control de combustibles hay que decir que en el orden organizativo se ha ido mejorando, pero sin duda es un tema en el cual todavía nos quedan muchas reservas”. Y remarcó el impacto que tendrá “el control de flotas en los equipamientos de nueva tecnología”, abocado a una disminución real en el consumo de combustibles dentro del sistema.

Igualmente se debatió la cuestión de los tráficos y decomisos de madera. Al respecto Ondina Batista, diputada por Mantua (Pinar del Río) trató diversos problemas asociados a perjuicios al patrimonio forestal por móviles económicos que involucran a algunas figuras de gestión no estatal. Y por otra parte, cuestionó trabas acerca de la emisión de guías forestales que afectan a quienes necesitan acceder a los recursos madereros.

En otro orden Angelina Mendoza, de Limonar (Matanzas) denunció los casos de accidentalidad por la incidencia de animales sueltos en la vía. “Eso tiene un trasfondo muy doloroso por la muerte de los familiares, y económico (en segundo plano), por la pérdida de ganado”. Hecho que se ve agravado ante la continuación de la entrega de tierras en usufructo. Hay que ser más tajantes con las medidas que se les apliquen a quienes infringen lo establecido y sitúan en peligro a todos los usuarios de la vía.