Eslabones cuadrados de una cadena redonda

Una mirada simple alrededor de nuestros barrios o al cesto de basura más cercano, e incluso a la bolsa que hemos destinado con ese fin en el hogar, confirmaría cómo se desa­provechan a diario disímiles desechos reutilizables, cuya recuperación podría aportarle significativos ingresos al país.

Aunque data de 1975 (su actualización debe presentarse en el 2016), la Ley 1288 del Reciclaje continúa incumpliéndose; todavía son subvalorados los potenciales de generación, subsisten las indisciplinas contractuales, el vínculo entre las empresas de materias primas y las organizaciones de masas se ha resquebrajado, y aún resulta muy incipiente la cultura de las personas en torno a la recuperación de residuos.

Pese a ello, la actividad del reciclaje reportó en el 2014 un ahorro de 212 millones de dólares debido al efecto combinado de la sustitución de importaciones y las exportaciones. Valdría entonces preguntarse cuánto más puede crecer esa cifra, en beneficio de todos los actores de la economía, si lograran revertirse de una vez irregularidades que ya se han vuelto recurrentes.

ESTRATEGIAS… RESULTADOS
Tras la aprobación en diciembre del 2012 de la nueva Política de Reciclaje, la actividad adoptó entre sus principios rectores concentrar la gestión empresarial en la recuperación de las grandes fuentes generadoras y en el procesamiento in­dustrial, así como estimular la participación de capital ex­tranjero en los procesos inversionistas.

Según Marilyn Ramos Polanco, vicedirectora general de Capital Humano de la Unión de Em­presas de e­cuperación de Materias Pri­mas (Uermp), la estrategia, orientada a la in­ten­sificación del reciclaje, tiene como base cinco pilares fundamentales:

“Desarrollar y consolidar inversiones en­caminadas no solo a aumentar la capacidad de recuperación sino también el valor agregado de los productos; disponer de un esquema cerrado de autofinanciamiento que permita contar, de manera oportuna, con los insumos necesarios; introducir nuevos modelos de gestión; así como realizar estudios de fondo y potenciales de generación de desechos reutilizables en el país y aplicar instrumentos económicos que estimulen el reciclaje”.

Comentó Ramos Polanco que en correspondencia con el cronograma de ejecución de la Política solo restan dos tareas: finalizar este año el levantamiento del fondo metálico de la Isla, de conjunto con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y el Ministerio de Industrias (Mindus), y completar la actualización de la Ley de Reciclaje y su Reglamento, la cual debe presentarse a la Asamblea Nacional en el 2016.

Hasta la fecha, añadió, los principales re­sul­tados están en el reordenamiento de la ac­ti­vidad, el incremento de los niveles de recuperación, ascendentes a 427 656 toneladas  de materias primas en el 2014, y especialmente, en el diseño de programas educativos en aras de fomentar una cultura de reciclaje.

Pero más allá de los incrementos generales, el calendario anterior cerró con una diferencia, respecto al plan de recuperación, superior a las 28 900 toneladas, correspondientes en su mayoría a la chatarra de acero, y en menor es­cala al acero inoxidable y el papel y cartón.

En palabras de Marilyn Ramos, “el incumplimiento de la chatarra de acero se debió, fun­damentalmente, a la disminución del fon­do metálico del país, por lo cual se lleva a cabo un estudio para validar de manera científica dicha aseveración, sustentada en las significativas mermas producidas año tras año”.

Tengamos en cuenta que la chatarra de acero se deriva en buena medida de inversiones, equipos y medios de transporte sustituidos. Ello guarda relación con el desarrollo de la economía y al igual que otras cadenas productivas, el proceso inversionista no ha tenido el ritmo esperado.

Dicha situación no puede soslayar, sin em­bar­go, la subvaloración de las entregas por parte de algunas de las principales fuentes ge­ne­radoras. Hay muchos equipos pendientes de baja técnica cuyos trámites resultan “eternos”, a lo cual se suman las fallas en el desmantelamiento industrial y el desguace de buques.

Respecto a los desbalances de estas dos últimas actividades, devenidas alternativas para tratar de suplir la disminución del fondo metálico, Estela Domínguez Ariosa, vicedirectora general de Desarrollo de la Uermp, explicó que obedecieron a retrasos en las labores de desmantelamiento, dilaciones en la ex­tracción de embarcaciones hundidas alrededor de la dársena y la inestabilidad en el su­ministro de barcos durante el primer semestre del 2014.

En el caso específico del desmantelamiento, Domínguez Ariosa resaltó la existencia en Cuba de un equipamiento altamente especializado para acometer los trabajos.

Por ello llaman la atención las demoras mencionadas (más allá de la complejidad de las obras), las cuales antes eran atribuidas a la ausencia de dicha maquinaria y hoy, al periodo de puesta en marcha y la capacitación de los operarios. En términos de eficiencia so­bran justificaciones.

De hecho la baja disponibilidad de chatarra de acero impidió el suministro oportuno a las acerías durante el 2014. Dicha problemática, señaló Estela Domínguez, se agudizó debido a dificultades presentadas en la transportación ferroviaria como el déficit de góndolas y retrasos en los ciclos de rotación.

Por fortuna, al cierre del primer trimestre de este año, agregó la especialista, “la chatarra de acero concebida ya estaba recuperada, por falta de ella no se habían detenido las acerías; el país ya cuenta con embarcaciones que garantizan el plan de desguace del 2015; solo persiste una situación difícil con el ferrocarril”.

Sobre los demás productos incumplidos en la etapa precedente, Marilyn Ramos apuntó que, en cuanto al acero inoxidable, la única vía para su reciclaje es la sustitución de equipamientos. De ahí las mermas reportadas tanto en las casas de compras como en las entregas estatales. “Sin embargo, en los primeros tres meses del año los compromisos contraídos estaban saldados pues se ajustaron los niveles a las condiciones reales de recuperación”.

Respecto a las cantidades de papel y cartón planificadas y no acopiadas dijo que la mayor afectación la propinó el cambio en la estructura de la venta.

Las industrias papeleras cubanas, en pos de lo­grar un producto de mayor calidad, co­men­zaron a solicitar el papel clasificado. Antes lo vendíamos mezclado. Eso implicó una reestructuración tanto de los procesos de recuperación como de procesamiento y abarcó, incluso, a las fuentes generadoras. “Du­rante esta nueva etapa las ventas no deben presentar dificultades pues ya fueron asumidos dichos requerimientos”, sentenció.

De igual forma, Estela Domínguez hizo referencia a las inversiones previstas para este año, las cuales pondrían en mejores condiciones a las empresas para acometer la recuperación. “Se trata, entre otros, de equipos de transporte y pesaje”, y agregó que “si en algo hay que invertir es en la creación de una cultura de reciclaje”.

NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN, VIEJOS REZAGOS Y OTRAS INTERMITENCIAS

Hoy existen en el país 15 cooperativas no agropecuarias (CNA) de reciclaje funcionando, resultado del paso de antiguas empresas municipales de materias primas al nuevo modelo de gestión.

El desempeño de estos actores económicos, coincidieron las directivas, le ha permitido a la empresa estatal concentrar la recuperación en las grandes fuentes y en las propias cooperativas, así como imprimirle mayor va­lor a los productos industrializados.

En sentido general, puntualizó Marilyn Ra­mos, “las CNA han tenido resultados superiores a los esperados, sobre todo las primeras”. Al cierre del 2014, de un encargo es­tatal de 15 770 toneladas, aportaron 17 171. Para el año en curso deben tributar, entre todas, poco más de 31 000 toneladas de desechos reutilizables.

Como proyección, dijo, se estima crecer en el número de cooperativas. Tenemos 23 expedientes presentados y con esas propuestas debemos pasar a una etapa superior en el experimento.

“En un inicio pretendimos tener al menos una representación en cada provincia. Con las nuevas solicitudes queremos cerrar territorios. Tenemos previsto a Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey. Ello permitirá valorar a mayor escala el impacto de la gestión”.

Entre los principales beneficios, Ramos Po­lanco destacó los incrementos en la recole­c­ción y la estabilidad de los socios, aunque afirmó que han existido contratiempos durante la conformación de las CNA y la aprobación de los créditos bancarios.

Y si bien el modelo cooperativo ofrece, al parecer, una respuesta favorable a la recuperación en las pequeñas y medianas fuentes generadoras, en los lugares donde operan las antiguas estructuras persisten viejos re­zagos.

En las casas de compra a la población, por ejemplo, perduran los problemas con la baja disponibilidad de efectivo y continúa gol­pea­n­­­do la insuficiente capacidad de al­ma­ce­na­miento.

Entretanto, alternativas como el aporte de los pioneros y los Comités de Defensa de la Re­volución (CDR) se han resquebrajado so­bremanera, dando lugar a reiteradas intermitencias.

Según Estela Domínguez, el trabajo en las nue­vas generaciones no se limita al acopio de materias primas sino que in­tenta crear con­­cien­­­­­­cia sobre las ventajas de esta práctica.

“El vínculo se mantiene”, aseveró,  “pese a los incumplimientos del 2014, cuyas causas obe­decieron, en su mayoría, a ineficiencias nuestras a la hora de recoger los residuos”.

En el caso de los CDR, sin embargo, “sí ha existido una disminución de las entregas”, proceder que, al decir de Marilyn Ramos, “está retomándose”.

“El tema merece un análisis económico. Antes, casi el 70 % de lo recuperado por esta vía no clasificaba como útil, de acuerdo con los requisitos de calidad de la empresa. Entonces los beneficios reportados por el 30 % del acopio no cubrían los gastos de transporte”, argumentó.

“Hemos estudiado alternativas con los CDR, luego de valorar el costo-beneficio de la actividad. En función de ello, estamos realizando campañas que por un lado reanimen la generación, y por otro, permitan recogidas integrales por municipio y no por Comité, en pos de disminuir los gastos”.

EL APORTE ESTATAL Y SUS AGONÍAS
En virtud de la Ley 1288 de 1975, todas las fuentes generadoras de desechos reutilizables tienen la obligación de entregar a las empresas de materias primas aquellos residuos que no serán empleados en sus procesos productivos o de servicios.

Además, el artículo 6 del Reglamento —dic­­­­tado con posterioridad a la Ley—, enfatiza que “no se podrán incinerar, destruir, enterrar o conducir al vertedero, los desechos de ma­terias primas, productos y materiales reutilizables... ”.
No obstante, aún determinadas entidades, en lugar de asumir sus compromisos, violan flagrantemente lo legislado, sin que exista un mecanismo legal para sancionar estas conductas.

Las cifras lo evidencian: de un plan de recupe­ración en el sector estatal de 176 508 toneladas de materias primas, apenas se cumplió el 86 % aproximadamente. A ello se suman las di­ferencias significativas entre los potenciales pre­sentados y las entregas realizadas, ya sea por defecto o por exceso, síntoma de superficialidad.

Algunos ejemplos (no son los únicos) ofrecidos por la Uermp permiten ilustrar el asunto: Mientras la Unión Eléctrica cubrió ape­nas el 19 % de la recuperación de bronce, el acopio de productos ferrosos fue sobrecumplido al 143 %.

De igual forma, el Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica solo aportó alrededor del 20 % de su plan de cobre; sin embargo, en productos como el aluminio, plomo y ferrosos las entregas duplicaron la planificación.

Mega cumplimientos similares también es­tuvieron presentes en los Grupos Em­pre­sa­riales de la Química y la Electrónica, entre otros. Aunque preocupan más los aportes que ni siquiera llegaron al 15 % como en el Mi­nisterio de la Industria Alimentaria o en Geo­minsal. ¿Cuánta objetividad hubo en la concepción de las cantidades pactadas?

Según Marilyn Ramos, durante el 2014 se efectuaron 1 063 acciones de control a distintos or­ganismos de la Administración Central del Es­tado. Y si bien “la situación muestra señales de mejoría, persisten las in­disciplinas”.

Entre las más representativas mencionó que “los potenciales de generación no se corresponden aún con los niveles de actividad de las entidades y no incluyen todos los productos que pudiesen derivarse de su gestión; en muchos casos no coinciden las cantidades de desechos declaradas y las contratadas; determinadas empresas no tienen incluido en su plan la entrega de residuos y la contratación es deficiente, en tanto no se definen con claridad las obligaciones de cada parte”.

Como otro de los lastres, la vicedirectora general de Recursos Humanos de la Uermp reconoció que todavía en la base, donde son generados los residuos, subsiste el desconocimiento de la Ley.

No obstante, la responsabilidad de corregir tales deficiencias también compete a las entidades de materias primas, las cuales, en ocasiones, no reclaman por el incumplimiento del contrato, ni verifican con sistematicidad las condiciones de conservación de los dese­chos, ni la recogida ocurre de conformidad con los ciclos acordados.

Respecto al enfrentamiento a las irregularidades, Ramos Polanco resaltó el apoyo ofrecido por la Contraloría y la Fiscalía, y puso énfasis en las acciones de control implementadas en los vertederos.

Sin embargo, Osmar Torres, administrador de los cuatro vertederos existentes en La Habana, acotó que “estas operaciones no son lo suficientemente enérgicas ni sistemáticas. Todavía se pierden en la basura cantidades considerables de papel, cartón y nailon…”.

Subrayó además que dichas violaciones traen consigo consecuencias nefastas como “la aparición de ‘recolectores’ ilícitos, quienes, por un lado, provocan accidentes fatales y por otro, corren el riesgo de trasladar enfermedades a la ciudad”. Se trata, dijo, de garantizar que la materia prima llegue a su destino por los canales establecidos.

Con tal propósito, uno de los elementos más significativos de la actualización de la Ley de Reciclaje sea, quizá, la introducción de penalizaciones severas para los infractores, algo inexistente hoy.

CONTRAPARTIDA
La IX Comprobación Nacional al Control Interno, desarrollada por la Contraloría Ge­neral de la República, tuvo entre sus objetivos priorizados la evaluación del reciclaje de materias primas para la producción, exportación y sustitución de importaciones.

Durante el examen de este tema en específico, que abarcó una muestra de las operaciones correspondientes al primer semestre del 2014, se hicieron 89 acciones de control: 33 auditorías especiales, 55 comprobaciones es­peciales y una inspección de la Contraloría al Mindus.

De acuerdo con Alina Vicente Gainza, vicecontralora general, el ejercicio comprendió una selección de las estructuras vinculadas con la recuperación de residuos, incluidas las fuentes generadoras. Además fueron visitadas casi todas las provincias, excepto Ar­te­misa, Ma­ya­beque y Granma.

Comentó que de las 33 auditorías, 21 resultaron aceptables, 11 fueron negativas y solo una fue evaluada de satisfactoria. No obstante, significó que “se aprecian discretos avances en la implementación de la Política de Reciclaje”.

Vicente Gainza insistió en la necesidad de incentivar más la generación y conservación de los desechos en el sector estatal, y en ese sentido, recomendó la revisión de los precios de compra aplicados; más allá de los criterios sostenidos por los directivos de la Uermp, quienes aseguran “que eso no constituye hoy una limitación”.

Sobre las fuentes generadoras explicó que fueron comprobadas 24 entidades, pertenecientes a los Ministerios de Energía y Minas, de la Construcción, de la Agricultura, de In­dustrias y del Transporte, así como el Ins­ti­tu­to de Re­cursos Hidráulicos y la Or­ga­ni­za­ción Superior de Dirección Empresarial Azcuba.

La vicecontralora general coincidió en que per­dura la inobservancia a lo legislado. Las em­presas aún subvaloran los potenciales, no se rea­li­zan las conciliaciones establecidas y algunas en­tidades de materias primas todavía incumplen la recogida, tal como se expresa en los contratos.

Asimismo, fueron detectadas fallas en el con­trol interno, especialmente en las casas de com­pra. En ellas, apuntó Alina Vicente Gainza, se violan los arqueos de caja, ocurren re­ten­ciones de efectivo por encima del monto aprobado, existe un tra­tamiento inadecuado de los faltantes y so­bran­tes, así como insuficiente gestión y control de las operaciones de cobros y pagos al presentar cuentas envejecidas sin conciliar. De­fi­cien­cias devenidas cal­do de cultivo para la co­rrupción.

Si algo preocupa entonces es que tales problemáticas resultan recurrentes. Y hasta el mo­­mento, no por identificadas han sido re­suel­tas. La materia prima recuperada aún dista de las potencialidades existentes en el país y persisten las violaciones de la norma, ya sea deliberadamente o por desconocimiento, sin que logremos aprender todos el va­lor del reciclaje.