Banco Central de Cuba contra entrada de fondos ilícitos

La apertura de Cuba al capital foráneo, am­parada en la Ley 118 de la Inversión Ex­tran­jera, debe traducirse en fuente de desarrollo en aquellas actividades de interés para la nación, en correspondencia con sus proyecciones de avance económico y social a corto, mediano y largo plazos.

Pero a tono con esta decisión, el gobierno y las instituciones implicadas en garantizar la viabilidad de ese proceso afinan los mecanismos para que, legal y económicamente, ga­nen el país y los inversionistas.
Por ello el Banco Central de Cuba (BCC) to­ma medidas para minimizar el ingreso de ca­pital ilícito a través de las transacciones.

En reciente comparecencia ante los me­dios, Marlié León Simón, secretaria jurídica del BCC, explicó que la entrada de capital foráneo a Cuba parte de la transacción desde un banco extranjero hacia uno nacional, y se coloca ese monto en una cuenta de depósito habilitada al efecto.

Según León Simón, este mecanismo supone que el nivel de riesgo de entrada de capital ilícito al país disminuya, aunque no se evita totalmente.

Los bancos a nivel mundial tienen sistemas que les permiten obtener información sobre las actividades realizadas por sus clientes, por lo que conocen la procedencia de su dinero. De ahí que estas sumas, según lo regulado en Cuba, no pueden ingresar si no es por vía bancaria.

En la certificación del banco dirigida al notario hay una referencia donde, a partir de la declaración del inversionista, se señala que ese capital es de legítima procedencia. Ello exime a la institución de cualquier responsabilidad, incluso frente a terceros, aclaró la especialista.

Adicionalmente, la comisión de evaluación que examina la inversión, cuando solicita la documentación establecida en el artículo 12, numeral siete, obtiene información sobre abonos bancarios y otros elementos que permiten valorar los ingresos del inversionista y su posibilidad de operar en Cuba.

A partir de este punto, el nivel correspondiente aprueba o deniega tal actividad.

Se trata de una práctica internacional, y la nación antillana se ha sumado a los compromisos contraídos en el marco del grupo de acción financiera, en el cual los gobiernos y todas las instituciones pertinentes luchan contra las posibles acciones de movimiento de capital ilícito, lavado de activos y otros delitos, señaló la experta del BCC.

Es deber del país cumplir con los mecanismos de revisión de capitales, donde el sistema bancario resulta clave para evitar el ingreso de dinero ilegal.