Responde Consultoría Jurídica Internacional

El 17 de febrero se publicó en el periódico Granma la carta titulada Dos instituciones del Estado cobran precios diferentes, referido a un servicio prestado por la sucursal de la Consultoría Jurídica Internacional de Camagüey a Pablo Álvarez Martín. Al respecto me permito, en primer orden, esclarecer que la Consultoría Jurídica Internacional (CJI) es una sociedad civil de servicios, no una institución del Estado, quienes realizamos diariamente la noble labor de brindar servicios jurídicos conforme a las normas legales vigentes emitidas por los organismos de la Administración Central del Estado competentes y para el caso específico del procedimiento para la solicitud de obtención, certificación y legalización de documentos docentes para surtir efectos en el exterior, el Acuerdo 7538 de abril del 2014 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

Las tarifas en CUC de los servicios de asistencia legal y trámites migratorios y documentales que prestamos, están establecidas en la Resolución No. 71 de la Ministra de Justicia que entró en vigor el 7 de abril del 2014.

Sobre este caso en particular, debo informar que mediante el Convenio de Servicios Jurídicos No. 0489-E1, de fecha 20 de enero del 2017, el cliente Pablo Álvarez Martín solicitó la legalización del Título de Profesora de Ballet, Danzas de Salón y Danzas de Carácter, a nombre de su hija Lianet Álvarez Nieves (nivel técnico medio) graduada el 25 de abril del 2007, expedido en la Academia de las Artes Vicentina de la Torre de la provincia de Camagüey; para ello abonó la suma de 300.00 CUC en efectivo, tal y como se establece en la referida resolución, aportando además el impuesto sobre documentos consistente en 40.00 CUC en sellos.

La suma de dinero en efectivo aportado fue de: 100.00 CUC por el reconocimiento de firma ante la Dirección Provincial de Educación; (que exige se realice a través de los bufetes especializados, dentro de ellos nuestra Consultoría); 100.00 CUC por la certificación ante el Ministerio de Educación (MINED), y otros 100.00 CUC por la legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), y los 40.00 pesos convertibles que se aportaron lo fueron por encontrarse la titular del documento residiendo en el exterior, en correspondencia con lo que dispone el anexo 4 de la Ley Tributaria (Ley No. 113) en vigor desde el 1ro. de enero del 2013. Todas estas tarifas fueron descritas en el convenio de servicios jurídicos que el cliente firmó, y del cual recibió una copia.

Deseo además dar a conocer que inmediatamente que leí la publicación a las 7.30 de la mañana del propio viernes 17 de febrero me comuniqué con nuestra oficina en Camagüey y con Pablo Álvarez Martín y su esposa y a estos últimos les expliqué todo lo antes expuesto.

Concluyo expresando por todo lo anteriormente narrado, que la tarifa cobrada al cliente se ajusta a lo legalmente establecido y que recibió todo el servicio tal como lo interesó.

MsC. José Pavón Cruz
Director General Consultoría Jurídica Internacional