Inconformidad de cinco productores en Sagua la Grande

Soy un pequeño agricultor sagüero con 6.71 hectáreas en usufructo por el decreto ley 259. Según el objeto social al que están destinadas por contrato, debería sembrar arroz en esas tierras por un periodo de diez años. Sin embargo, el delegado de la Agricultura de Sagua la Grande y el director del central azucarero Héctor Ro­drí­guez afirman que tienen que dedicarse a la siembra de caña, aunque esa disposición viole mi contrato. Como si los directivos pudieran disponer la modificación del objeto social establecido.

Este desacuerdo ha conducido a reacciones extremas: se me impuso una multa de 1 000 pe­sos por sembrar arroz, en cumplimiento del con­trato. Fue una medida inexplicable a simple vista, sobre todo si se nos ha pedido eliminar im­portaciones. No se entiende, en las circunstancias del país, que un inspector de la tierra esté en contra de que sembremos alimentos y cumplamos el contrato con el Estado.

Si insisto en sembrar arroz, podrían multarme otra vez e incluso rescindirme el uso de la tierra. Y nada ha sucedido, ninguna respuesta ra­zonable he recibido a pesar de varias reclamaciones. El inspector insiste en que tengo que es­perar una determinación de alguna instancia que no se decide a dar la cara.

Cuando me presenté en la CCS Feliberto González para hacer el contrato de siembra de dicha tierra, supe que el presidente de la cooperativa no efectuaría los trámites si yo no presentaba un documento de autorización por parte del delegado de la Agricultura. El delegado no solo desautorizó, también se negó a emitir un documento donde alegara los motivos por los cuales denegaba mi contrato de siembra. Al pa­recer, quieren cambiar el objeto social de la tierra, pero ni lo cambian ni me notifican.

Ante la imposibilidad de seguir adelante en la decisión de sembrar, hice una reclamación el pa­sado 29 de marzo en la delegación provincial de la Agricultura. Allí me dijeron que tenían un término de 60 días para darme respuesta, pero has­ta la fecha no he recibido contestación alguna.

Por su parte, la jefa de la UBPC Playa Las Co­loradas, donde están mis tierras, preparó el campo para sembrarlo de caña, sin informarme siquiera la situación existente. No solo se trata de mi caso: hay varios compañeros afectados por la misma causa. A estas alturas ya la caña está sembrada. El objeto social de las tierras ha sido trastornado sin ninguna legalidad. Los intereses de los usufructuarios, el derecho reconocido por el Estado, fueron violentados.

Y los problemas no quedan aquí: el año pa­sado perdí parte de mi cosecha debido a que el operador de la máquina cortadora perteneciente a la empresa Emilio Córdova cortó 200 quin­tales y se retiró del campo, alegando que la tierra estaba muy pesada. Quince días después, cuando el arroz ya se había caído, trajeron otra má­quina que recogió lo poco que quedaba en el campo. Por esa causa perdí parte de mi cosecha y me declararon incumplidor. Por el incumplimiento del año pasado no quieren hacerme el contrato de siembra. Me toca pagar la falta de profesionalidad de un operador cuyo servicio contraté y pagué. Nadie me resarce de pérdidas que no dependen de mi gestión.

Por otro lado, también tengo 20.44 hectá­reas destinadas a la caña por diez años. Pero el central Héctor Rodríguez, al cual pertenece esa tierra, aró varias veces el campo y nunca llegó a dejarlo listo para emprender la siembra. Después de solicitar y obtener seguro y crédito en el banco para la siembra de caña, se nos cobra la aradura de esa tierra año tras año, aunque nunca hayamos logrado cosechar. Y, después, no importa que no sea tu culpa, viene la sanción de parte de las mismas instancias que generaron el problema: el director del central y el delegado de la Agricultura de Sagua la Grande nos entregaron un documento donde se nos comunica que van a rescindir el contrato de la tierra porque no fue sembrada.

No admitimos esa decisión. Los productores afectados presentamos una reclamación a través de un abogado del Bufete Colectivo. Se nos comunicó —hace más de tres meses— que te­nían 30 días para dar respuesta. Sin embargo, el central ya sembró caña en esa tierra y no se nos ha dado respuesta. Somos cinco compañeros en esta situación.
Por parte del central nunca recibimos apoyo alguno en cuanto a provisión de semillas, alistamiento de la tierra u otros servicios.

Seguimos esperando una aclaración oportuna, y mientras tanto, nuestro problema no se re­suelve.

Queremos sembrar alimentos para el país, cumplir con nuestros contratos, que no se entorpezca el trabajo, que ninguna zancadilla dictada por la falta de conciencia se interponga entre la cosecha y el mercado tan deprimido.

Yuriatcy Taboada Álvarez
Goicuría 13, entre calle A y San José
Sagua la Grande
Villa Clara