ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Soy un pequeño agricultor sagüero con 6.71 hectáreas en usufructo por el decreto ley 259. Según el objeto social al que están destinadas por contrato, debería sembrar arroz en esas tierras por un periodo de diez años. Sin embargo, el delegado de la Agricultura de Sagua la Grande y el director del central azucarero Héctor Ro­drí­guez afirman que tienen que dedicarse a la siembra de caña, aunque esa disposición viole mi contrato. Como si los directivos pudieran disponer la modificación del objeto social establecido.

Este desacuerdo ha conducido a reacciones extremas: se me impuso una multa de 1 000 pe­sos por sembrar arroz, en cumplimiento del con­trato. Fue una medida inexplicable a simple vista, sobre todo si se nos ha pedido eliminar im­portaciones. No se entiende, en las circunstancias del país, que un inspector de la tierra esté en contra de que sembremos alimentos y cumplamos el contrato con el Estado.

Si insisto en sembrar arroz, podrían multarme otra vez e incluso rescindirme el uso de la tierra. Y nada ha sucedido, ninguna respuesta ra­zonable he recibido a pesar de varias reclamaciones. El inspector insiste en que tengo que es­perar una determinación de alguna instancia que no se decide a dar la cara.

Cuando me presenté en la CCS Feliberto González para hacer el contrato de siembra de dicha tierra, supe que el presidente de la cooperativa no efectuaría los trámites si yo no presentaba un documento de autorización por parte del delegado de la Agricultura. El delegado no solo desautorizó, también se negó a emitir un documento donde alegara los motivos por los cuales denegaba mi contrato de siembra. Al pa­recer, quieren cambiar el objeto social de la tierra, pero ni lo cambian ni me notifican.

Ante la imposibilidad de seguir adelante en la decisión de sembrar, hice una reclamación el pa­sado 29 de marzo en la delegación provincial de la Agricultura. Allí me dijeron que tenían un término de 60 días para darme respuesta, pero has­ta la fecha no he recibido contestación alguna.

Por su parte, la jefa de la UBPC Playa Las Co­loradas, donde están mis tierras, preparó el campo para sembrarlo de caña, sin informarme siquiera la situación existente. No solo se trata de mi caso: hay varios compañeros afectados por la misma causa. A estas alturas ya la caña está sembrada. El objeto social de las tierras ha sido trastornado sin ninguna legalidad. Los intereses de los usufructuarios, el derecho reconocido por el Estado, fueron violentados.

Y los problemas no quedan aquí: el año pa­sado perdí parte de mi cosecha debido a que el operador de la máquina cortadora perteneciente a la empresa Emilio Córdova cortó 200 quin­tales y se retiró del campo, alegando que la tierra estaba muy pesada. Quince días después, cuando el arroz ya se había caído, trajeron otra má­quina que recogió lo poco que quedaba en el campo. Por esa causa perdí parte de mi cosecha y me declararon incumplidor. Por el incumplimiento del año pasado no quieren hacerme el contrato de siembra. Me toca pagar la falta de profesionalidad de un operador cuyo servicio contraté y pagué. Nadie me resarce de pérdidas que no dependen de mi gestión.

Por otro lado, también tengo 20.44 hectá­reas destinadas a la caña por diez años. Pero el central Héctor Rodríguez, al cual pertenece esa tierra, aró varias veces el campo y nunca llegó a dejarlo listo para emprender la siembra. Después de solicitar y obtener seguro y crédito en el banco para la siembra de caña, se nos cobra la aradura de esa tierra año tras año, aunque nunca hayamos logrado cosechar. Y, después, no importa que no sea tu culpa, viene la sanción de parte de las mismas instancias que generaron el problema: el director del central y el delegado de la Agricultura de Sagua la Grande nos entregaron un documento donde se nos comunica que van a rescindir el contrato de la tierra porque no fue sembrada.

No admitimos esa decisión. Los productores afectados presentamos una reclamación a través de un abogado del Bufete Colectivo. Se nos comunicó —hace más de tres meses— que te­nían 30 días para dar respuesta. Sin embargo, el central ya sembró caña en esa tierra y no se nos ha dado respuesta. Somos cinco compañeros en esta situación.
Por parte del central nunca recibimos apoyo alguno en cuanto a provisión de semillas, alistamiento de la tierra u otros servicios.

Seguimos esperando una aclaración oportuna, y mientras tanto, nuestro problema no se re­suelve.

Queremos sembrar alimentos para el país, cumplir con nuestros contratos, que no se entorpezca el trabajo, que ninguna zancadilla dictada por la falta de conciencia se interponga entre la cosecha y el mercado tan deprimido.


Yuriatcy Taboada Álvarez
Goicuría 13, entre calle A y San José
Sagua la Grande
Villa Clara

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carlos(CAAG) dijo:

1

5 de agosto de 2016

09:41:34


Buenos días a todos, siguen los jefazos haciendo lo que les da la gana, y no dan la cara. El país pidiéndoles a los campesinos que siembren comida, y los jefazos obstaculizándolo. Hay dirigentes que le hacen más daño al país que el bloqueo…..

Fernando dijo:

2

6 de agosto de 2016

14:40:49


Hasta que no se "coja al toro por los cuernos" y se tome en cuenta que un contrato tiene más valor que cualquier decisión personal, sea de un jefe superior o del propietario poco va a avanzar Cuba. La cultura de haz lo que yo digo, sin importar las aristas legales es lo peor que le puede pasar a un pais.

Jge dijo:

3

6 de agosto de 2016

18:00:17


Por lo que se narra en esta queja, es inadmisible que desde una oficina se le quite la razón social a quien es verdaderamente especialista para saber cuál es el mejor cultivo en un área determianda. Pienso que debido a las exigencias de "metas" planificadas por x o y, hay que hacer de todo por absurdo que sea para cumplir con un plan - en este caso de siembra - aunque el desastre futuro en % de producción sea cero, para los "especialistas" no importa, se cumplió el plan de siembra. Por otro lado, de una lado se exige el cumplimiento de un contrato y el productor tiene que pagar por él, del otro, elproductor tiene un contrato que no sirve ni lo ampara ante una ley, en este caso, al parecer, quien hace la ley, hace la trampa y el lado. DETALLE. En este caso, como miles que deben existir, el afectado no tiene quien lo atienda pues aunque con fechas para responderle, otros tantos "cuadros especialistas" brillan por su ausencia y su responsabilidad ante la atención a quien se deben, la población. Así somos, así estamos y segumios a todo ritmo. Saludos

alex dijo:

4

15 de agosto de 2016

10:15:27


Saludos, estos problemas se solucionaran cuando el afectado (en este caso el agricultor) le demande por violar lo que esta establecido en el contrato a la empresa azucarera y a la delegacion de la agricultura tanto municipal como provincial y esta a su vez tenga que indemnizar al afectado por el uso indevido de tierras que ya no son propias de la empresa por él tenerlas arrendadas segun la ley, en este pais segun las leyes no he conocido a nadie que haya sido afectado por una entidad estatal y que haya logrado que se le indemnice el daño, para que se incito a contratar tierras y a producir alimentos para sustituir importaciones si ahora existen tantas trabas, para que se invirtio una gran cantidad de dinero en hacer un molino de arroz con tecnologia de punta aqui en Sagua si no dejan que los productores del mismo municipio siembren el arroz, o sera que con los problemas de combustible que estamos presentando se ahorra mas si se siembra mas lejos en grano, vamos a ver si al final mi coterraneo logra ganal la pelea y nos falta el arroz.