El Ecuador de hoy no es el de antes

Se va haciendo una regla que las oligarquías latinoamericanas desplazadas del poder por procesos revolucionarios respetuosos de las instituciones del viejo sistema, organicen campañas —con apoyo de las organizaciones de inteligencia y subversión de Estados Unidos— contra el ordenamiento “democrático” que los go­biernos populares defienden con ar­dor porque fue este el que hizo viables  sus ascensos al poder por la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

Los impresionantes logros de Ecua­dor en educación y salud, en la disminución de la pobreza, las desi­gualdades y el desempleo; así como por la protección de las personas con discapacidades, le han situado entre los países de mayor desarrollo humano en el continente.

El pueblo ha recuperado la esperanza, la fe en sí mismo y cuenta con un proyecto nacional basado en la cohesión social.

Hay una obra material que incluye una red de carreteras que unifica al país y grandes presas generadoras de energía alternativa del petróleo que aportan infraestructura y go­bernabilidad.

Añádanse a ello, los méritos in­cuestionables de Rafael Correa en el ejercicio de las relaciones externas y su  exitoso desempeño como presidente pro témpore de la Celac y se tendrá la explicación de la furiosa reacción contra su prestigioso pre­sidente que están sufriendo los pa­triotas ecua­torianos.

La valentía demostrada por Correa al rechazar el acceso a un programa de ayuda financiera por un monto de 50 millones de dólares a cambio de cancelar el otorgamiento de asilo político a Edward Snowden en la em­bajada ecuatoriana en Londres, habla de la firmeza y decencia con que salvaguarda la soberanía de su nación, los derechos humanos y el derecho internacional.

O la brillantez y firmeza con que el gobierno ecuatoriano ha venido manejando su enfrentamiento con la trasnacional petrolera Chevron que dejó una estela de devastación en zo­nas amazónicas en las que operó hasta 1992 que ocasionó unas 1 400 víctimas mortales y un desastre am­biental por el que los pobladores han litigado por más de dos décadas sin conseguir que Chevron les indemnice.

La enorme popularidad de Correa ha hecho fracasar hasta ahora la estrategia y las tácticas que recetan los manuales de subversión de Estados Unidos.
Pero la oligarquía y sus asesores de Langley y Wall Street decidieron aprovechar la desfavorable coyuntura de­ri­vada para Ecuador de los bajos precios mundiales del petróleo y la proximidad de la visita del Papa Francisco, así como de las elecciones presidenciales del 2017, para incorporar a la tenaz  campaña mediática contra el Presidente, protestas de calle de inusitada violencia que, aunque de escasa entidad en cuanto a la participación ciudadana, son magnificadas por los medios de prensa nacionales y ex­tranjeros que controla Washing­ton, identificándolos como “grandes ma­ni­fes­taciones populares que presagian el pronto derrocamiento del go­bierno de Correa”.

Con infundadas consignas contra la iniciativa presidencial de Ley de Redistribución de la Riqueza —que afectaría a menos del 2 % más rico de la población en beneficio de las mayorías— y el proyecto de Impuesto so­bre la Plusvalía —que busca frenar las ganancias ilegítimas de los es­peculadores en los actos de venta de terrenos y propiedades—, el 8 de junio se puso en marcha en Ecua­dor un nuevo intento imperialista y oligárquico para derrocar al presidente Correa azuzando protestas, principalmente en Quito, la capital del país, y en el puerto de Guayaquil, bastión de la derecha.

Las calles de algunas ciudades ecuatorianas reprodujeron tácticas de las llamadas revoluciones de colores que ya se han visto en varios países del Oriente Medio, la periferia de la desaparecida Unión Soviética y en Venezuela en febrero último, diseñadas e impulsadas por entidades “no gubernamentales” que son fachadas de la CIA al servicio de la política exterior de Washington.

Amplificados los hechos por la ma­quinaria mediática de la oligarquía y el imperio, el plan desestabilizador siguió el guion habitual del ciclo de intentos golpistas contra los gobiernos independentistas de la región.

Inicialmente, el presidente recomendó a los opositores que abandonaran las movilizaciones y recurrieran a la consulta revocatoria que la constitución de Ecuador establece respecto al mandato de todas las autoridades elegidas mediante voto popular.

Comoquiera que la oposición no aceptó, Correa decidió ante la escalada desestabilizadora retirar temporalmente las iniciativas de ley y convocar a un debate nacional que socialice y confronte con el pueblo esos proyectos legislativos durante no menos de 90 días, a fin de que exista un clima pacífico para el recibimiento del Pa­pa Francisco entre el 5 y el 8 de julio próximo.

Si en el diálogo nacional se observara que los pobres serían afectados negativamente por alguna de estas leyes, como afirma cínicamente la de­recha, la presentación de esta sería cancelada inmediatamente, afirmó Correa.