NACIONES UNIDAS, 21 de marzo (PL). — La alternativa de convocar a la Asamblea General de las Naciones Unidas para tratar sobre la agresión estadounidense contra Iraq se mantiene hoy en pie como una posibilidad en medios diplomáticos aquí.

El primero en apuntarlo públicamente fue el embajador iraquí, Mohamed Aldouiri, hace dos días, al término de una sesión de consulta del Consejo de Seguridad en la que participaron cinco ministros del exterior de estados miembros.

Corresponsales de prensa, advertidos de otras opiniones convergentes, le formularon una pregunta al respecto al presidente temporal del órgano, Mamady Traoré, para la que dijo no tener una respuesta.

Este viernes todas las misiones acreditadas recibieron por el correo electrónico una fundamentada propuesta de parte de una organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas.

El capítulo europeo del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) sostiene que se debe convocar con urgencia a la Asamblea General "ante el evidente bloqueo del Consejo de Seguridad para paralizar la invasión a Iraq".

A su juicio, se ha presentado una situación de "desconocimiento y eventual violación por parte de Estados Unidos y otros Estados, como el Reino Unido y España del sistema de mantenimiento de la paz y la seguridad representado por las Naciones Unidas".

Según argumenta, existe un mecanismo denominado "Unión pro Paz", establecido mediante la resolución 377, de 1950, que prevé que en caso de que el Consejo deje de cumplir con su responsabilidad primordial, toca a la Asamblea General examinar inmediatamente el asunto.

Por una ironía impredecible entonces, fue Estados Unidos quien lo promovió ante la eventualidad de que la Unión Soviética ejerciera el veto en víspera de la guerra en Corea.

Desde esa fecha se ha recurrido a ese procedimiento en 10 ocasiones, entre ellas durante el conflicto del canal de Suez, en 1956, la intervención norteamericana en Líbano en 1958, la crisis entre India y Paquistán, en 1971, y el contencioso de Bosnia y Herzegovina en 1992.

Para activar el mencionado mecanismo se requiere una solicitud de siete miembros del Consejo o de una mayoría de los miembros de la Asamblea General.