Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba   (II y Final)

Numerosos contactos han tenido lugar en Nueva York, en Washington y en La Habana en los que hemos facilitado a representantes del FBI y otras agencias del Gobierno de Estados Unidos, informaciones que hubieran servido para que ellas actuasen contra los terroristas si hubiesen tenido voluntad para hacerlo. Después de varios intercambios, incluyendo mensajes a los más altos niveles, los días 16 y 17 de junio de 1998 vino a La Habana una delegación oficial, que incluía a dos importantes jefes del FBI a quienes se les dio una amplia información y se les entregaron materiales operativos incluyendo filmaciones y grabaciones probatorios de las acciones de 40 criminales. Prometieron una respuesta en dos semanas pero esta nunca ocurrió. Tampoco se produjo acción alguna del FBI contra los delincuentes sobre cuyas actividades recibieron abundantes e irrefutables pruebas. Por el contrario, tres meses después, el FBI arrestó a nuestros heroicos compañeros, arrojó contra ellos sus pérfidas calumnias y fomentó un proceso pseudolegal dirigido a ensalzar a los grupos terroristas a algunos de cuyos cabecillas, para colmo del cinismo, presentó, incluso, como sus testigos.

La más despreciable, procaz y absurda acusación contra nuestros dignos y heroicos compañeros fue la de "conspiración para asesinar", lanzada sospechosamente después que habían transcurrido más de ocho meses de que, sometidos a total incomunicación, encaraban las ridículas y disparatadas imputaciones iniciales, carentes, como ésta, de todo fundamento. Para sustentar esa infamia las corruptas autoridades miamenses no presentaron, por supuesto, evidencia alguna, manipularon desvergonzadamente el incidente ocurrido el 24 de febrero de 1996, ocultaron la información que ellos poseen, ignoraron completamente los antecedentes, falsificaron groseramente las pruebas y distorsionaron grotescamente la realidad.

La verdad, sin embargo, prevalecerá. La verdad jamás será derrotada por sus torpes y falaces maniobras.

Si existiese un átomo de justicia en la sociedad norteamericana, serían otros quienes habrían ocupado el banquillo de los acusados para recibir la más severa e inapelable sanción.

Las autoridades norteamericanas conocen perfectamente bien todo lo relacionado con ese incidente. Lo saben hasta el detalle y son entera y absolutamente culpables por lo ocurrido aquel día.

A partir del triunfo de la Revolución, desde el territorio norteamericano y tripuladas por sus agentes, la CIA empleó avionetas para realizar sabotajes, lanzar armas y explosivos, regar sustancias químicas y bacteriológicas y llevar a cabo labores de espionaje y provocación sobre campos y ciudades de Cuba. En los documentos oficiales citados más arriba, hay copiosa información al respecto. Ahí están los antecedentes del grupo terrorista que ejecutó la provocación del 24 de febrero de 1996.

Sobre este grupo existe también profusa información, toda ella recogida en esos y otros documentos oficiales y en medios de prensa de Estados Unidos, que puede resumirse así:

Utilizan aviones que habían sido empleados antes en las guerras de Viet Nam y El Salvador y les fueron entregados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de los que ni siquiera borraron completamente las siglas "USAF".

Sus tripulantes recibieron adiestramiento de oficiales de la aviación militar norteamericana.

Violaron repetidamente el espacio aéreo, el territorio nacional cubano y hasta sobrevolaron la Ciudad de La Habana.

Se hicieron acompañar por periodistas y camarógrafos que difundieron ampliamente sus provocaciones en la prensa escrita y televisiva de Miami.

En ocasiones voló con ellos hasta quien entonces era el Jefe del Buró de Cuba del Departamento de Estado y ahora es, nada menos, que el Vicepresidente Ejecutivo del engendro terrorista denominado Fundación Nacional Cubanoamericana.

Desde mediados de 1995 sus acciones se hicieron cada vez más provocadoras y desafiantes llevándolos a quebrantar sistemáticamente las regulaciones internacionales y norteamericanas.

Cuba advirtió, privadamente, a los principales dirigentes de Washington y también, públicamente, de los graves peligros que podrían acarrear esas acciones y su decisión de no permitir que se volviese a violar nuestro espacio soberano.

Cuba recibió privadamente seguridades de la dirección del Gobierno de Estados Unidos de que no se producirían más provocaciones de este tipo.

Paralelamente la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos inició un proceso administrativo contra ese grupo por sus reiteradas transgresiones y recabó para ello, recibió y agradeció por escrito la colaboración cubana.

Con relación específicamente al incidente del 24 de febrero de 1996, en la información suministrada oficialmente por Estados Unidos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y en las pruebas presentadas más tarde, bajo juramento, en el proceso administrativo referido en el párrafo anterior, consta lo siguiente:

Por lo menos desde el 17 de febrero las autoridades de ese país conocían que se planificaba una provocación para el día 24.

El Departamento de Estado se comunicó varias veces con la torre de control de vuelos del aeropuerto de OpaLocka, el mismo día 24 antes del despegue de las avionetas para verificar su salida.

Las avionetas, desde que despegaron y durante todo el tiempo que volaron sobre el territorio y la zona de control aéreo de Estados Unidos, una hora y cuarenta y cinco minutos, ignoraron completamente el plan de vuelo que se les había aprobado por los controladores aéreos.

En ningún momento les ordenaron aterrizar o suspender su vuelo pese a que estaban siguiendo una ruta no autorizada y a los antecedentes de violaciones anteriores por las que se les había sometido al ya mencionado proceso.

Los radares norteamericanos registraron cómo las avionetas volaron en línea recta hacia la capital de Cuba, cruzaron el límite de nuestro espacio aéreo y siguieron avanzando en la misma dirección.

Eran las autoridades de Washington las únicas que sabían que la provocación iba a tener lugar, sabían cuándo y cómo se produciría y quiénes y con qué medios la iban a realizar. Nada hicieron, pese a que podían y tenían la obligación de hacerlo, para impedirlo o evitarlo. Tampoco advirtieron a Cuba de lo que ellas conocían iba a suceder.

¿Dónde estuvo la conspiración? ¿Quiénes fueron los conspiradores?

Son esas autoridades y los jefecillos terroristas a quienes ellas permiten hacer lo que les venga en ganas, los únicos culpables de lo ocurrido. Son ellos y nadie más los que deben responder por sus consecuencias.

La actitud que adoptó ese Gobierno fue absolutamente incalificable. Se valió del incidente para justificar la firma de la Ley Helms Burton, despojó a Cuba de fondos ilegalmente retenidos en bancos norteamericanos y se los entregó a la mafia anexionista y ahora, llevando al extremo la cobardía y la vileza, quiere castigar a cinco compatriotas que son totalmente inocentes y no tienen responsabilidad alguna con estos hechos.

Nadie más que esas autoridades y los terroristas que ellas engendraron y utilizaron contra Cuba durante cuatro décadas, son quienes han conspirado para asesinar, han tratado de asesinar y han asesinado, causando numerosas pérdidas de vidas y sustanciales daños materiales a nuestro país.

La colosal arbitrariedad contra nuestros compatriotas nada tiene que ver con la justicia y el derecho. Es la expresión más impúdica de una nueva fase de la agresión contra Cuba desatada por la ultraderecha en el poder y la mafia anexionista a su servicio, y cuyas graves consecuencias ya comienzan a caer sobre muchos norteamericanos y cubanoamericanos.

La prueba más evidente de que el caso de nuestros cinco compatriotas es parte de un plan deliberadamente concebido para respaldar a los grupos terroristas y diseminar el temor entre quienes se les oponen, las expuso abiertamente el pasado 10 de julio, el propio Jefe del FBI a cargo de esta operación. En esa ocasión el señor Héctor Pesquera anunció que "habrá más arrestados relacionados con ese caso", aseguró estar "constantemente al tanto de muchos que están aquí" y prometió que "los perseguiría enérgicamente". Pocos días después, como un eco, la misma bravata sería repetida por la vocera de la Fundación anexionista. ¿Hace falta algo más para comprender que se trata exclusivamente de un proceso político y que su propósito es perseguir a todos los que allá rechazan las prácticas criminales de la mafia terrorista?

Pero no son sólo estridentes bravuconadas. El 13 de julio, el propio Presidente de Estados Unidos emitió una insolente declaración en la que, además de proclamar nuevas acciones para reforzar el bloqueo y la agresión contra Cuba, anunció medidas específicas y amenazas concretas contra ciudadanos norteamericanos y residentes de origen cubano. El ocupante de la Casa Blanca explicó que había dado instrucciones para reforzar y ampliar los mecanismos de aplicación del bloqueo particularmente para impedir los viajes no autorizados a Cuba y controlar estrictamente las visitas permitidas y las remesas familiares, así como para incrementar el financiamiento y el apoyo material a los grupúsculos contrarrevolucionarios que operan contra Cuba.

Las declaraciones del señor Bush no son simple retórica. Centenares de norteamericanos han recibido ya notificaciones oficiales de preencausamiento y a varios han impuesto multas administrativas de miles de dólares. Los viajeros, en el aeropuerto de Miami, reciben por escrito claras advertencias de las severas sanciones —hasta 10 años de prisión y 250 mil dólares de multa— a quienes no acaten las rígidas normas del bloqueo que el actual Presidente se propone imponer a toda costa.

Aumenta sin cesar el número de norteamericanos y cubano-americanos a quienes, conminados con posibles acciones penales, se exige responder meticulosos cuestionarios que recuerdan los peores días del macartismo.

Para asegurar la ejecución de su política anticubana el Jefe de la actual Administración ha nombrado, en posiciones clave, a varios sujetos de connotada trayectoria en la guerra contra Cuba.

El propuesto para ocupar el más alto cargo para América Latina del Departamento de Estado ha generado natural alarma, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Pero hay otras designaciones que han avanzado de forma silenciosa, casi inadvertida. Una es la de Mauricio Tamargo como presidente de la Comisión Federal de Reclamaciones, otra la de Adolfo Franco quien, se anuncia, ocuparía la responsabilidad principal para América Latina dentro de la llamada Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Ambos son empleados a sueldo de los peores enemigos de Cuba en el Congreso de Washington.

La selección del señor Tamargo es una prueba evidente del compromiso del actual Gobierno con los objetivos de la Ley Helms-Burton cuya esencia, como es sabido, es la ilusoria pretensión de devolver sus propiedades a los batistianos y antiguos explotadores despojando a los cubanos de sus tierras, sus viviendas, escuelas, fábricas, hospitales, todo lo que hoy pertenece al pueblo. Escoger a uno de sus representantes al frente de la entidad federal que con poderes omnímodos dentro de la estructura norteamericana, se encarga de las reclamaciones de propiedades equivale a poner el asunto enteramente en manos de esa mafia.

El nombramiento del señor Franco responde al declarado propósito de intensificar la subversión contra Cuba aumentando los fondos que destinan a fabricar, financiar y dirigir grupúsculos de traidores al servicio de Estados Unidos, una parte de los cuales distribuye la AID. A esos fines durante más de 42 años Washington ha dedicado más recursos que los que van a la supuesta ayuda al desarrollo de nuestro Continente. Colocar en esa posición a un representante de la mafia anexionista es una obvia expresión de la política anticubana y también un claro mensaje para quienes en América Latina aún se engañan con la quimérica ayuda del Imperio.

El curso cada vez más hostil y agresivo contra Cuba que sigue la actual Administración del señor Bush, imperdonable crimen contra nuestro pueblo consustancial a una política irresponsable y aventurera que pone en peligro la paz y la vida a escala internacional, también lesiona gravemente los derechos del pueblo norteamericano, incluidos los de la emigración cubana y sus descendientes y los de sus ciudadanos residentes en la Florida. Ellos aspiran a vivir libres de la corrupción, la ilegalidad y la violencia de maleantes que cuentan con la complicidad y la tolerancia oficial y se benefician de recursos presupuestales que sólo deberían emplearse para el bienestar y el desarrollo de las familias norteamericanas.

Hay que poner fin al contubernio oficial con los terroristas y detener la campaña macartista, la persecución y las amenazas contra los ciudadanos norteamericanos que se oponen al bloqueo y los emigrados y residentes de la Florida que sufren los desmanes del terrorismo. En lo inmediato, como primer paso indispensable, es preciso exigir la libertad de nuestros cinco inocentes compatriotas encerrados hoy en una cárcel de Miami.

René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y Gerardo Hernández Nordelo, prisioneros políticos del Imperio, patriotas ejemplares, héroes abnegados y admirables que a nadie han hecho daño alguno y han sacrificado sus vidas por salvar la de su pueblo, deben ser liberados.

Cuba es una nación libre, independiente y soberana que tiene un derecho inalienable a vivir en paz y a ser respetada exactamente igual que todas las demás naciones. Cuba tiene el derecho, la obligación y la necesidad de defenderse y lo seguirá haciendo.

Los pueblos de Cuba y Estados Unidos pueden y deben vivir en paz. La lucha por la verdad y la justicia permitirá lograrlo.

Asamblea Nacional del Poder Popular

Ciudad de La Habana, agosto 3 de 2001 
"Año de la Revolución victoriosa en el nuevo milenio"

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