¡Abrid las celdas!

Este es el reclamo de cada vez más voces en el mundo ante la arbitraria privación de libertad —léase secuestro— de Cinco Patriotas cubanos luchadores antiterroristas en cárceles estadounidenses de máxima seguridad, detenidos desde hace justamente hoy siete años

LOURDES PÉREZ NAVARRO

YA NO TIENEN a qué atenerse. Lo han dicho los jueces de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta en su serio, detallado y excepcional dictamen: "Las condenas de los acusados son revocadas". ¿Qué esperan entonces para liberarlos?

Luego del fallo, dado a conocer el pasado 9 de agosto, la Fiscalía ha quedado sin saber qué hacer. Entre las opciones estarían sentarse a negociar con la defensa —como habitualmente se hace—; iniciar un nuevo juicio en una sede distinta a Miami, "comunidad permeada con sentimientos de hostilidad hacia los acusados" y que "ha estado repetida y profundamente expuesta a una publicidad perjudicial", donde "conformar un jurado (imparcial) era una probabilidad poco razonable", tal como refrenda el dictamen.

Sea cual fuere la decisión, algo es seguro: Gerardo, René, Fernando, Antonio y Ramón fueron absueltos por un tribunal superior; las condenas ya no existen. Sin embargo, aún se mantienen encerrados ilegalmente en prisiones de máxima seguridad destinadas solo a individuos que cumplen sanción.

Como señaló el abogado Paul McKenna, defensor de Gerardo, desde el momento en que falló la Corte de Apelaciones, "mi cliente no es convicto de nada". Si el Gobierno de Estados Unidos quiere juzgar otra vez a nuestros Cinco Héroes que vuelvan a acusarlos, pero primero tendrán que liberarlos.

Así también lo exigió el pasado 27 de mayo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el que determinó que la detención —el 12 de septiembre de 1998, hace hoy justamente siete años— y todo el proceso posterior, que ha privado de libertad a nuestros compatriotas, son arbitrarios y violatorios del Derecho Internacional, específicamente de la Convención sobre los derechos civiles y políticos, de la cual es parte Estados Unidos.

Esta Comisión exhortó al Gobierno a poner fin a tal situación, "y la única forma de cumplirla es abriendo la celda de los compañeros y sacándolos a la calle", tal como aseguró recientemente Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El Gobierno de EE.UU. sabe lo que tiene que hacer, agregó. Se lo ha demandado un mecanismo de la ONU, y la decisión de la Corte de Apelaciones le ha quitado toda excusa.

Una persona privada de su libertad, arbitraria e ilegalmente, es una persona sometida a secuestro. En el caso de nuestros Cinco compatriotas, el mundo sabe quién es el secuestrador y quiénes los secuestrados; conoce quién viola la Constitución, las leyes y los procedimientos carcelarios estadounidenses.

AÑOS DE ENSAÑAMIENTO Y ARBITRARIEDADES

Siete años han transcurrido desde aquella madrugada del 12 de septiembre de 1998 en que efectivos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) detuvieran en sus domicilios a René González, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y a Gerardo Hernández en un operativo contra una supuesta red de espías.

Todos fueron conducidos al cuartel general del FBI en Miami, para una entrevista de "convencimiento" a colaborar y traicionar, a cambio de ciertas promesas, y mediante presiones y chantajes. Después de varios intentos fallidos los llevaron al Centro de Detenciones de Miami. De todo ello el jefe del FBI en esa ciudad, Héctor Pesquera, mantuvo informados, antes que a nadie, a los congresistas Ileana Ross Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, notorios personajes pertenecientes a la mafia anticubana.

La detención de estos Cinco jóvenes, quienes tan solo trataban, con elevado altruismo y valor, de obtener información sobre los grupos terroristas ubicados en Miami para prevenir sus actos violentos y salvar vidas de cubanos y norteamericanos, fue la única respuesta del FBI a las informaciones y evidencias que venía brindando el Gobierno cubano al estadounidense acerca de actos terroristas dirigidos contra nuestro país, incluidos planes para atacar aeronaves y poner bombas en hoteles de La Habana, estos últimos organizados y financiados por la Fundación Cubano-Americana mediante el connotado criminal Luis Posada Carriles. La explosión de una de esas bombas mató al turista italiano Fabio di Celmo e hirió a 12 cubanos.

El proceso involucró también a familiares de los encausados, como forma de presión y de chantaje. Incluso Olga Salanueva, esposa de René, fue hecha prisionera sin que cometiera delito alguno y luego deportada. Residente en Cuba con sus dos hijas, ha solicitado la visa en varias ocasiones para visitar en la prisión a su esposo. La primera vez se le concedió, y cuando hacía sus maletas para viajar, una orden revocó la visa, y tantas veces como ha presentado después la solicitud se la han denegado a ella y a su pequeña Ivette. Tal negativa ha sufrido también Adriana Pérez, la esposa de Gerardo.

Una Corte de Miami sancionó a nuestros Cinco compatriotas a las penas máximas por cargos falsos, incluidos los que el Fiscal pidió retirar por falta de pruebas, con un Jurado sometido a la amenaza de los grupos terroristas, la intolerancia de las organizaciones contrarrevolucionarias y de la prensa anticubana.

Durante 17 meses en una primera ocasión, y en otra por 48 días, fueron sometidos a confinamiento solitario en "el hueco" —lugar en el que por sus pésimas condiciones el tiempo máximo establecido para mantener a un detenido es de 60 días, y solo en los casos más graves, como el de asesinato—, y a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto dificultó la comunicación con sus familiares y abogados, y afectó las garantías mínimas del debido proceso.

En estos momentos en que la Corte de Atlanta ha revocado las condenas, ¿sobre qué bases les podrían negar las visas a Adriana y a Olga? Ellos tienen derecho a reunirse, no en una prisión, sino en cualquier lugar donde pueda estar un hombre libre.

Mientras, connotados y confesos terroristas, como Orlando Bosch, recorren libremente las calles de Miami, reciben estatus legal en los Estados Unidos, apadrinados por la mafia anticubana, y alardean ante las cámaras de televisión de la autoría de innumerables crímenes con los que han sembrado el dolor y la muerte en Latinoamérica.

Otros, como Posada Carriles, penetran ilegal y "silenciosamente" en tierra estadounidense, seguros de que encontrarán protección, al amparo de compinches de la peor catadura. Solo ante el reclamo internacional —luego de que Cuba denunciara tales actos y presentara convincentes evidencias—, el criminal es detenido con las mayores gentilezas, y procesado, de momento, únicamente por incumplir las leyes migratorias.

¡Qué distinto al tratamiento dado a nuestros Cinco compatriotas, que precisamente lo que hacían era luchar contra el terrorismo! Todo ello deja claro la doble moral del imperio.

En estos siete años de indetenible lucha, en la que el combate de nuestro pueblo y de cientos de comités de solidaridad en el mundo han logrado romper el silencio de la gran prensa y hacer valer la verdad, el fallo de la Corte de Apelaciones de Atlanta empieza a abrir el camino hacia la justicia y la libertad.

¡Que se abran ya las rejas de las celdas y cese el secuestro!

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