Fragmentos del memorando:
... "La teoría del sistema [norteamericano]" de
justicia es que la condena criminal "estará inducida
solamente por la evidencia y los argumentos en la corte, y
no por alguna influencia externa."
"La noción misma de un juicio justo asume que las
condenas van a basarse solamente en sus procedimientos; las
protecciones concedidas a un acusado en el juicio no tienen
sentido si él tiene también que enfrentar al gobierno fuera
de la sala del tribunal sin esas protecciones."
... [Este memorando] "ha alegado una violación
distintiva, fundamental de las premisas de un juicio justo
donde:
(A) el gobierno de forma secreta pagó a periodistas
con mucha influencia en la sede del juicio —de hecho, la
selección de los periodistas se basó en su probada
efectividad en comunicar el mensaje deseado— para
transmitir, disfrazado de periodismo objetivo, un mensaje
apoyando los componentes de los argumentos del gobierno en
el juicio;
(B) los medios de Prensa financiados por el gobierno
inculparon a los acusados, pretendiendo, entre otras
cosas, vincular a los acusados con una infinidad de
conspiraciones cubanas —ficticias o no— y realzando y/o
tergiversando la pretendida evidencia contra los acusados;
(C) el gobierno financió la publicación por parte de
los medios de prensa de evidencia perjudicial que la corte
de distrito falló como inadmisible y se refirió a temas
relacionados con la selección del jurado, incluyendo la
omisión estratégica de las causas de recusación a algunos
jurados;
(D) la campaña de propaganda del gobierno fue tanto
perjudicial como incendiaria;
(E) la mala conducta del gobierno minó la estructura
fundamental del juicio del demandante y las condenas del
demandante por lo tanto deben ser anuladas; y
(F) la mala conducta del gobierno creó una probabilidad
inconstitucional de que el demandante se viera privado de un
juicio justo."
... "Incluso la evidencia que fue excluida del juicio
llegó a la comunidad a través de la prensa. Por ejemplo, en
un artículo aparecido durante el juicio bajo el título
"Espías Cubanos", una estación de noticias transmitió un
video de Hermanos al Rescate que los acusados habían logrado
exitosamente excluir en el juicio el día anterior.
Videotape: Noticias 23 (WLTV-23 Local News Enero 31;
Feb. 1, 2001)."
... "La Oficina de Transmisiones Cuba es la responsable
de dirigir las operaciones de Radio y TV Martí, las cuales
transmiten programación anticastrista hacia Cuba y parte de
Estados Unidos, incluyendo el Sur de la Florida. Durante el
juicio de los acusados el gobierno de Estados Unidos le
estuvo entregando $37 millones de dólares cada año a
Radio/TV Martí, a la cabeza de numerosos otros esfuerzos
anticastristas. "
... "A pesar de los firmes esfuerzos por parte de los
acusados, aún hay mucho que se desconoce acerca de la total
extensión del programa del gobierno para los medios de
prensa. Pero la información que hasta ahora ha salido a la
luz muestra que los acusados se enfrentaron a un juego
amañado por el gobierno."
[Algunos ejemplos:]
· Ariel Remos del Diario las Américas recibió alrededor
de USD $25,000 del gobierno de Estados Unidos.
· Wilfredo Cancio Isla, un reportero del Miami Herald
para El Nuevo Herald, recibió aproximadamente USD $22,000
para promover el mensaje del gobierno. También reveló
públicamente información acerca del juicio de la cual el
jurado no tenía conocimiento.
· Helen Ferre, editor de la página de opinión del Diario
las Américas, recibió al menos USD $5,800 del gobierno de
Estados Unidos.
· Enrique Encinosa, un popular conductor de Radio Mambí
[fue el orador principal en el acto por el 35 aniversario
de la organización terrorista Alpha 66 con el que se
inauguró un nuevo campamento militar de entrenamiento en
1996] recibió más de USD $10,000 del gobierno desde el
comienzo del juicio.
· Carlos Alberto Montaner, famoso escritor y periodista
exiliado cubano con una columna semanal en The Miami Herald,
recibió más de USD $40,000 desde el comienzo del juicio.
(NR: otro caso connotado fue el de Pablo Alfonso,
reportero de El Nuevo Herald por largo tiempo. Los contratos
revelados por el periódico Liberation, a través de FOIA,
muestran que Alfonso recibió pagos de BBG por $58 600.00
durante el proceso de acusación de los Cinco Cubanos, en el
periodo del 1ro. de noviembre de 1999 al 3 de diciembre del
2001. Le pagaron en total, hasta el 22 de agosto del 2007,
$252 325, 00)
"Dada la incapacidad del gobierno para revelar esta
información de forma abierta —a pesar de que hacerlo es su
obligación— los acusados no tienen forma de saber dónde
termina esta lista. En caso de que estos pocos ejemplos
dejen alguna duda acerca del impacto de tal cobertura
mediática, el gobierno mismo describió lo que estaba en
realidad en juego cuando solicitó que se impusiera un auto
de reserva [orden judicial que pone límites a la
información que se puede dar sobre un proceso judicial]
para los testigos que estaban involucrados en el juicio."
... "Una vez salió a la luz que el gobierno le había
estado pagando a importantes periodistas de Miami para que
participaran en la cobertura anticubana, [la organización
Partnership for Civil Justice y] el Comité Nacional por la
Libertad de los Cinco Cubanos emprendió un impresionante,
aunque en última instancia frustrado, esfuerzo por utilizar
la Ley de Libertad de Información (FOIA) [The Freedom of
Information Act] a favor de los acusados.
El proceso de solicitud basado en FOIA ha sido arduo,
improductivo e infinito. Hasta la fecha, la Broadcasting
Board of Governors [agencia federal del gobierno de los
EE.UU. encargada de supervisar todas las transmisiones de
radio y televisión] se ha negado o ha ignorado la
mayoría de los componentes de las solicitudes hechas a favor
de los Cinco Cubanos el 23 de enero del 2009."
[Otro argumento de este memorando se basa en] "la
retención por parte del gobierno de evidencia material con
el pretexto de la seguridad nacional y la utilización de la
Ley de Procedimientos para la Información Clasificada CIPA
[The Classified Information Procedures Act] para
distorsionar la totalidad de las evidencias presentadas.
Debido a que el gobierno fue capaz de excluir a la defensa
de determinadas etapas del proceso de CIPA, y que la Corte
fue emplazada a la posición de confiar en la buena fe del
gobierno, los acusados se vieron privados del derecho
constitucional de presentar una defensa en la que ellos
tuvieran la oportunidad de identificar y buscar introducir
materiales clasificados que fueran favorables a la defensa
en el juicio y en el proceso de sentencia."