El Gobierno de Estados Unidos utilizó a su agencia de propaganda contra Cuba Radio TV Martí como punta de lanza de la manipulación en el proceso contra cinco antiterroristas cubanos sentenciados en ese país, reveló hoy la defensa.

Según Martin Garbus, abogado de Gerardo Hernández, uno de los Cinco, Radio TV Martí invirtió una vasta suma de dinero hasta convertirse en centro de acción contra el antiterrorista y sus compañeros.

En conferencia de prensa telefónica, la defensa denunció la contratación de periodistas que recibieron pagos para sembrar con sus artículos y transmisiones radiales y televisivas un clima hostil encaminado a lograr la condena.

Gerardo fue sentenciado a dos cadenas perpetuas más 15 años -la más severa de las penas- junto a René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, todos detenidos en 1998 por su seguimiento a grupos violentos que desde Miami organizan y ejecutan acciones contra Cuba.

De acuerdo con el abogado, Radio TV Martí formó parte del aparato clandestino montado por Washington para interferir en el proceso contra los antiterroristas, postura calificada en el documento de violación de la Constitución que hizo imposible un juicio justo.

También señaló a la agencia gubernamental fundada en 1983 (la parte radial, la televisión se incorporó en 1990) para la subversión y propaganda anticubana como una entidad vinculada a grupos conocidos por su agresividad contra la Revolución, interesados por demás en el castigo a los Cinco.

Pese al admitido fracaso en su intención de llegar a la isla con su señal, Garbus recordó que Washington ha destinado al menos 600 millones de dólares a Radio TV Martí, dato sustentado en reportes de la Oficina General de Contaduría (GAO por sus siglas en inglés).

Durante el juicio contra los antiterroristas, Radio TV Martí redirigió su foco de Cuba a Miami, en aras de satisfacer al poderoso exilio cubano interesado en la condena, indicó.

La declaración busca la libertad de Gerardo bajo el argumento de que la conducta del Gobierno con su pago secreto a periodistas contaminó al jurado y a la opinión pública, alejando el proceso de los estándares previstos en la Constitución.