NOSOTROS ACUSAMOS
La distopia de un proceso

"Aunque nunca sabremos con total certeza la identidad del ganador de la elección presidencial de este año (2000), la identidad del perdedor es perfectamente clara. Es la confianza en el juez como guardián de la ley".
           — John Paul Stevens, juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

RENE ANILLO

JOHN Paul Stevens, 80 años de edad, llamó la atención mundial, cuando en junio de 1992 calificó de "monstruosa decisión" la sentencia de la Corte Suprema que condonó el secuestro en México de un ciudadano de ese país por policías de Estados Unidos —a pesar de la existencia de un Tratado de Extradición vigente entre ambos países— y el empleo, además, de procedimientos que no son admitidos por ley ni en los propios Estados Unidos.

Cuatro mil años antes los hititas y los egipcios, al suscribir el primer Tratado de Extradición, asentaron las páginas iniciales conocidas del Derecho Internacional en la historia de la humanidad.

El sociólogo y criminalista francés Gabriel Tarde, en su obra Filosofía Penal, cita al jurisconsulto napolitano Rafael Garófalo, autor de La Criminología, quien denuncia: "En Sicilia, el jurado es esclavo de la mafia; en Nápoles, de la camorra; en España, de la mano negra". Y añade Tarde: "En Inglaterra, el jurado es débil ante la amenaza verbal".

Garófalo, a partir de su concepción sobre el "derecho natural", definió el "delito natural" como la ofensa a los sentimientos altruistas fundamentales de la piedad y la probidad en la medida media en que los posea un determinado grupo social.

Superando a Garófalo, el penalista español Luis Jiménez de Asúa, conceptúa por "reos políticos" sólo aquellos que actúan por móviles eminentemente altruistas, favoreciendo fines propios del progreso humano, incluso con el sacrificio personal. Marchar hacia el futuro es su característica principal.

Por el contrario, afirma el criminalista español, "en el delito común hay siempre motivos egoístas, aunque sea el amor ofendido, aunque sea el justo dolor".

Siguiendo a Garófalo, se puede calificar esclavo en Miami del narcoterrorismo, al jurado que declaró culpables a René, Ramón, Gerardo, Fernando y Antonio.

Y no cabe ninguna duda de que son presos políticos, los cinco patriotas cubanos, quienes, a partir de móviles altruistas, denunciaron el tráfico de drogas —que tanto daño hace a la juventud y al pueblo norteamericanos—, así como las actividades dirigidas contra el pueblo cubano y cuya peligrosidad se extiende a todo el continente, al atentar contra aviones civiles de pasajeros y organizar complots que han puesto en peligro la vida de mandatarios iberoamericanos en varias ocasiones, en el último de los cuales se impidió, con la oportuna denuncia cubana, la realización de los planes que amenazaban la vida de miles de personas, incluida la valiosa juventud universitaria de Panamá.

El 8 de junio, día de significación para los sentimientos de justicia asociados al patriotismo cubano —que evoca la defensa de la tesis de grado en la Universidad de La Habana del prócer de la Independencia, Ignacio Agramonte—, cinco jóvenes de los cuales se sentiría orgulloso el héroe de Jimaguayú, fueron declarados culpables de acusaciones, tan infundadas como vituperables, en un proceso judicial plagado de falsas evidencias y de manipulación de testigos y peritos, por un jurado bajo la presión de una calumniosa propaganda, asistida por la tolerancia y complicidad de las autoridades norteamericanas y los prejuicios sembrados durante décadas, así como la intimidación originada en precedentes, que han tenido como eje, hechos criminales contra personas opuestas a la política oficial con relación a Cuba en Estados Unidos.

Los que, apelando a la fuerza y a la ilegalidad, postulan la filosofía del pillaje, desconocen la juridicidad y desposeen al Derecho de su esencia en la ley justa.

La complicidad de funcionarios en el sur de la Florida se puso de manifiesto, una vez más, al amenazar, el Jefe del FBI, con una caza de brujas, tratando de influir en el ánimo de la Jueza, de cuya sentencia están pendientes los cinco patriotas cubanos, y lo hace desde emisoras radiales que se han destacado como voceros del terrorismo, que dicho funcionario no ignora, pues conoció y encubrió la existencia de depósitos de explosivos en Miami, destinados a acciones criminales y cuya ubicación fue posible por la información brindada por los patriotas presos.

Nueve días después del inicuo veredicto se publicó el mensaje, al pueblo de Estados Unidos, de René González, Ramón Labañino, Fernando González, Gerardo Hernández y Antonio Guerrero.

Las palabras contenidas en el mensaje constituyen un "nosotros acusamos" a los que en Miami exhibieron al Mundo la impudicia del secuestro de un niño de cinco años que son los mismos que incomunicaron, durante 17 meses, a los cinco patriotas y aún hoy los mantienen aislados, a la vez que perdura la campaña propagandística contra sus personas y se intimida a unos y se amenaza a otros por medio de autoridades, cuyo compromiso con los infundios y denuestos contra los patriotas cubanos está más que demostrado.

El ignominioso proceso efectuado no pudo ocultar la trama urdida, patentizada con la utilización del mendaz testimonio de un antiguo servidor de la atroz tiranía militar en Argentina y la evidencia falaz de un marino escandinavo radicado en la Florida; por el contrario, reveló los propósitos criminales, como el dirigido a utilizar contra Cuba explosivos de altísimo poder destructor, parecido al empleado contra el edificio federal en Oklahoma, en los Estados Unidos, por miembros de una organización terrorista de derecha en 1995. La inverecundia de los testigos presentados por el fiscal, quedó al descubierto una vez más, al demostrarse que para sus incursiones sobre La Habana, violando el espacio aéreo, cargaban artefactos explosivos, hecho este que provocó el comentario, reflejado por una agencia noticiosa europea en un despacho periodístico, de que si el objetivo era humanitario, cómo se explicaba que llevaran municiones en los aviones.

Al cinismo de la contrarrevolución asociada al crimen de las drogas y de la inmigración ilegal, se une la actuación de autoridades de Estados Unidos, muchas de las cuales participan de los "beneficios" del tráfico ilegal de estupefacientes, pues merece recordarse que encuestas oficiales norteamericanas reconocen que más del 50% de las drogas que ingresan a Estados Unidos, cuenta con la complicidad de los funcionarios llamados a reprimir estas acciones en puertos y aeropuertos, y casi la tercera parte de este comercio tiene su asiento en la Florida, allí, donde en las últimas elecciones presidenciales, la Corte Suprema de Estados Unidos no permitió se escrutaran debidamente los votos rechazados por las máquinas contadoras y numerosos votos dudosos en este estado del sur —solamente en el condado de Miami-Dade, más de diez mil boletas fueron dejadas de contar; una turba impidió el recuento manual, en medio de gritos y amenazas que intimidaron a los funcionarios encargados de la tarea—. Son los mismos métodos e iguales malhechores que, en medio del desacato a las disposiciones de entrega de Elián a su padre, quemaron la bandera de Estados Unidos.

En el condado de Palm Beach las "boletas viajeras", de triste recordación en la vieja política de Cuba, escamotearon miles de sufragios. La discriminación a los votantes negros se manifestó escandalosamente: colegios electorales que abrieron tarde o sencillamente no funcionaron y otros en que se pretextó que los nombres de los electores no aparecían registrados e incluso, en algunos, la policía levantó barreras que demoraron y, hasta impidieron, el acceso del electorado negro.

Las graves ofensas al pueblo norteamericano, la burla a las instituciones y el desacato a leyes y convenios de Estados Unidos, configuran la distopia —el mal lugar, al decir de los griegos— donde se engendró el insólito proceso en que son declarados culpables los que denuncian a los traficantes de drogas y personas, descubren las acciones terroristas contra Cuba y en los propios Estados Unidos, y, donde los verdaderos culpables, a pesar de contar con la tolerancia y complicidad de las autoridades gubernamentales y además con el monopolio de la información de los grandes medios en la Florida, temen a la verdad de cinco hombres de acrisoladas virtudes patrióticas y humanas, cuyas conductas frente a los infundios y calumnias colocan en el banquillo de la deshonra y del crimen a los genuinos comisores de peligrosos y graves delitos de lesa humanidad.

El otoño boreal de 1999 comenzó en Estados Unidos de una manera insospechada para el actual secretario de Justicia de ese país, el entonces senador por el estado de Missouri, John Ashcroft, quien, respondiendo a los intereses de los agricultores norteamericanos, había presentado una enmienda a la Ley de Agricultura, que establecía que al momento de entrar ésta en vigor, se ponía fin a todas las sanciones de alimentos y medicinas. El senador ultraderechista Helms, vinculado a la mafia contrarrevolucionaria de la Fundación Nacional Cubano-Americana, se opuso a la enmienda que, a pesar de eso, fue finalmente aprobada en el Senado por 70 votos a favor y 28 en contra. Cuando, el 21 de septiembre, se reúne el Comité de Conferencia del Congreso bicameral de Estados Unidos, los presidentes del Senado y la Cámara omitieron, de la mencionada Ley, el texto aprobado de la enmienda, como si nunca hubiera existido, a pesar de que más de las dos terceras partes del Senado la habían respaldado. El senador Ashcroft, que aspiraba a su reelección con el apoyo de la Federación de Agricultores Norteamericanos, al recibir una carta del Presidente de los agricultores, instándolo a no aceptar otro texto normativo si no incluía claramente "la eliminación de sanciones agrícolas contra Cuba", se interesó por el destino de su enmienda, recibiendo por la vía del correo electrónico, de los presidentes de ambas cámaras del Congreso, la comunicación de que el "Comité de Conferencias decidió suprimir la Enmienda" y "el Comité de conferencias ha terminado y no volverá a reunirse". La burla fue tan escandalosa que Ashcroft, senador republicano, no pudo menos que decir ante sus colegas: "El proceso democrático ha colapsado y se inició el proceso autocrático" y añadió: "Lo hecho por los dirigentes republicanos es una injusticia que hace perder la confianza en el sistema".

Apenas tres años después, el senador, que tan agudamente calificó el escarnio, se reúne en Miami, ahora en funciones de Ministro de Justicia, precisamente con los responsables de la introducción del elemento de corrupción en el tratamiento del tema cubano en el Congreso de Estados Unidos. Cena con los principales culpables de que fueran pisoteadas las aspiraciones de los campesinos norteamericanos de acceder al mercado tradicional cubano, de donde fueron y aún son excluidos por una política equivocada de obstinada soberbia. Ashcroft, quien por su ministerio tiene el deber de reprimir la ilegalidad, se ha reunido con los que por décadas cargan con los delitos más serios y graves en la Florida, los organizadores eficaces de un sistema de cohecho, con fondos federales, que enlodan el sistema electoral y el régimen de actuación del Congreso norteamericano. Son, además, los instigadores de la inmigración ilegal, así como los inductores, cómplices y ejecutantes de asesinatos y poseedores algunos de capitales de sospechosa procedencia de las drogas.

Coincidiendo con la visita a Miami del Ministro de Justicia, que es también Fiscal General, los cinco patriotas cubanos son nuevamente trasladados a las celdas de castigo donde antes habían permanecido durante un año y cinco meses en condiciones de total aislamiento. Esta vez se les privó de todos sus efectos personales, aun de las fotos familiares. Tan justa es la idea defendida por ellos, como cobarde la mentira empleada para encarcelarlos. Piensan que confinándolos y castigándolos pueden tapiar la verdad. Violan con ello las Enmiendas VI y VIII de la propia Constitución de los Estados Unidos, que establecen respectivamente, la obligación de un juicio rápido y con jurado imparcial y, la prohibición de castigos crueles. Burlan, además, la Resolución 3218/XXIX de la Asamblea General de Naciones Unidas del 6 de noviembre de 1974, sobre torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en relación con la detención y el encarcelamiento.

Mas no podrán, por mucha que haya sido y prometa ser la tolerancia, mantener ocultos y disimulados, bajo las alfombras, crímenes que constituyen ya mayúsculos problemas de la sociedad norteamericana. En los Estados Unidos, como en cualquier otro país, la generalidad de las personas se opone al crimen y a la ilegalidad, y llegará el momento en que esa mayoría decente reclame por que se ponga fin al desacato descarado de mafias que dañan los mejores y más permanentes intereses del pueblo norteamericano.

El pueblo de Cuba se identifica totalmente con los cinco revolucionarios cubanos y no cejará en el empeño de verlos de nuevo libres, en el seno familiar y entre sus compatriotas que los admiran y que están seguros de que volverán, pues los cinco son las partes agudas de una estrella, que en la palabra de Martí alumbra: "Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército". Y más aún, cuando ese ejército está soberbiamente armado de mentiras.

Cual Jonás del vientre del monstruo, volverán a las playas cubanas, pues no hay fuerza alguna capaz de ahogar la justicia que representan, la verdad que defienden y la fidelidad de un pueblo que se empina siempre a la altura de la hazaña, despertando la universal simpatía de los pueblos del Mundo que, con el cubano, reclaman por la libertad de René, Ramón, Gerardo, Fernando y Antonio.

RENE ANILLO es doctor en Derecho, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

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