IRREGULARIDADES PROCESALES

Manipulación de testigos, pruebas y peritos

El juicio a los 5 patriotas cubanos devino causa cargada de politización, marcado por las flagrantes violaciones de la propia legislación norteamericana, incluidas su Constitución y Enmiendas. Resultó evidente que la Fiscalía cedió en todo momento a esas presiones de los grupos violentos de Miami Dade y, en ocasiones, fue un dócil instrumento de estos, llegando a lamentables contubernios con representantes de dichos grupos. La administración de justicia fue también un triste rehén de esas violencias y viejos odios políticos.

Antes de iniciarse, ya el juicio a los cinco cubanos —ahora Prisioneros Políticos en EE.UU— estaba bajo la presión de las organizaciones anticubanas residentes en Miami. El panorama era indicativo de la tormenta: violentas campañas de prensa y amplias movilizaciones encaminadas a provocar un sentimiento prejuiciado y de odio hacia los supuestos agentes o espías del régimen de Castro.

En una comunidad caracterizada por su violencia, intransigencia, intolerancia y la falta de escrúpulos éticos, el juicio devino causa cargada de politización y marcada por las flagrantes violaciones de la propia legislación norteamericana, incluidas su Constitución y sus Enmiendas. De hecho, resultó evidente que la Fiscalía cedió en todo momento a esas presiones de los grupos violentos de Miami Dade y en ocasiones fue un dócil instrumento de los mismos, llegando a lamentables contubernios con representantes de dichos grupos. La administración de justicia fue también un triste rehén de esas violencias y viejos odios políticos.

En el juicio se produjeron importantes y graves irregularidades y violaciones no solo de las reglas del proceso, sino también transgresiones de normas de la Ley Internacional y de principios universales, sobre todo atinentes al respeto a los derechos humanos y, por si fuera poco, flagrantes violaciones de la Constitución norteamericana o de alguna de sus Enmiendas.

Es evidente que los cargos imputados a los acusados fueron desbaratados, uno por uno, por sus abogados defensores. En el curso de los debates fue quedando claro que dichos acusados habían servido exclusivamente al Gobierno cubano en la noble función de penetrar a organizaciones terroristas radicadas en Miami, ejerciendo su derecho a defender la soberanía del pueblo cubano, como una necesidad, para conocer y frustrar planes terroristas contra Cuba.

Se evidenciaba que nunca pretendieron ni asumieron realizar actividades semejantes contra organismos u organizaciones del Estado norteamericano y mucho menos dañar su seguridad. De hecho, se puso de relieve que al defender a su país contra las acciones terroristas de esos grupos de Miami, los cinco acusados brindaban un servicio colateral a la seguridad y la tranquilidad del Estado norteamericano y de su pueblo.

Si el gobierno norteamericano hubiera dispuesto del servicio que hicieron hombres de esa condición, quizás se hubiera frustrado el brutal atentado terrorista de que fue víctima la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre del pasado año.

No solo no se apreció la falta de tipificación de los delitos imputados, sino que se violaron importantes reglas y principios en la práctica y apreciación de las pruebas.

Para la práctica de las pruebas, el gobierno fue desclasificando poco a poco la documentación relacionada con el caso, según criterios de selección que no se informaron, de modo que el proceso fue disponiendo de esas supuestas pruebas documentales en entregas, lo cual impedía el adecuado estudio de dicha documentación por parte de la defensa.

DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS A CUENTAGOTAS

A ello se agrega que, en determinados momentos, la defensa no pudo disponer libremente de esa documentación que iba siendo desclasificada y tuvo que consultarla con evidentes limitaciones y restricciones de lugar y tiempo.

Por demás, nunca se ha alcanzado a saber si existen otros documentos relacionados con el caso que no fueron desclasificados y que, en consecuencia, dejaron espacios vacíos en la información de que debió disponerse para lograr un justo proceso.

En este sentido, resulta muy interesante lo que llegó a reconocer uno de los más significativos testigos de la Fiscalía, el señor Stuart Hoyt, experto en contrainteligencia del FBI, quien compareció el 11 de enero, testigo con experiencia en el trabajo contra Cuba, y el cual durante su testimonio explicó la estructura de la Inteligencia cubana sobre la base de su conocimiento del tema, aunque introdujo también muchas especulaciones.

Según fuentes presentes en el juicio, Hoyt tiene determinado crédito como experto, y no fue descaradamente mentiroso; mezcló sus especulaciones con algunos documentos de la evidencia de forma inteligente y obviamente dejó buena impresión en el Jurado por sus conocimientos y experiencia, pero al final de su deposición cometió un error al decir que ©la Fiscalía debería dar a conocer todos los documentos que había escondidoª. De tal manera, sus mismos testigos evidenciaban que se habían producido manejos fraudulentos en relación con la documentación supuestamente probatoria puesta a disposición de la Corte.

En cuanto a los testigos y peritos se produjeron flagrantes manipulaciones, tales como evidente preparación de los primeros, y montaje de las declaraciones incluso de los peritos.

En ese sentido, para solo poner de manifiesto algunas de dichas violaciones del justo proceso, queremos referirnos al primer perito presentado por la Fiscalía. Fue este un especialista en frecuencia de comunicaciones que se centró en la intersección de comunicaciones de radio hechas a los acusados. Durante el contra interrogatorio de la Defensa, se evidenció que el perito había sido preparado por la Fiscalía pues, llegó a reconocer que le habían entregado los reportes de las comunicaciones a las cuales debía referirse. En un caso así, se suponía, y era de elemental honradez, que fuera él quien las presentara, en tanto era quien las había interceptado y valorado.

De igual modo, a partir del 17 hasta el 23 de enero, la Fiscalía presentó al perito del FBI, Richard Giannotti, quien se dedicó a leer fragmentos de mensajes interceptados y otros aspectos documentales presuntamente empleados en el funcionamiento de la red. Durante su presentación, la Fiscal indicó al testigo las páginas que debía leer y lo interrumpió constantemente, procurando que solo se escuchara determinada parte del contenido de los mensajes seleccionados que podían ser incriminatorios al sacarlos de contexto y obviando todo lo exculpatorio.

La manipulación de los testigos también se puso de manifiesto al contra interrogar la Defensa al testigo de la Fiscalía, Guillermo Lares, perteneciente a la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate, incluyendo la presentación del video del vuelo, que probó de modo aplastante que este había mentido en sus declaraciones anteriores.

En realidad, la credibilidad de Lares resultó afectada desde el inicio de su deposición, al mostrarse dubitativo y demandar constantemente ayuda a través de contactos visuales a la abogada de Hermanos al Rescate, Sofía Powell-Castro, a la que la Jueza tuvo que requerir por las indicaciones que trasladaba al testigo, durante su testimonio, mediante movimientos de cabeza y otras señas visibles.

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