Negación de la moción de cambios de Jurisdicción
Jurado bajo presión

Tan evidente era la situación de presión política que rodeaba a los posibles jurados, que el diario miamense El Nuevo Herald reconocía, en un artículo publicado el 2 de diciembre, que: "El miedo a una reacción violenta por parte del exilio cubano si un jurado decide absolver a cinco hombres acusados de espiar para el régimen de la Isla ha llevado a muchos potenciales candidatos a pedir a la jueza que los excuse del deber cívico" • En ese mismo texto, un poco más adelante, se cita a Dave Cuevas, padre de tres hijos menores que fue excusado de ser jurado, quien declaró: "¡Sí! Tengo miedo por mi seguridad si el veredicto no es del agrado de la comunidad cubana"

Durante la primera sesión de entrevistas individuales a los potenciales jurados, se analizaron 16 personas, de ellas solo quedaron nueve y los siete eliminados lo fueron por sus abiertos y fuertes reconocimientos de que tenían prejuicios contra los acusados; por sobre ello quedó una visible impresión general de que, al menos, otros cuatro, pudieron no ser sinceros y trataron de quedar dentro del Jurado para salvar al mundo del "Castro comunismo".

Al ejercer la Defensa el derecho a los llamados vetos perentorios, de los cuales tuvo inicialmente derecho a 15, posteriormente elevados a 18, contra 11 finales de la Fiscalía, se constató que esa cifra de vetos perentorios no alcanzaba a cubrir los casos en que había racionales presunciones de prejuicios.

Por su parte, fue notable que la Fiscalía, al ejercer su derecho a los vetos perentorios actuó abiertamente siguiendo un patrón racial, tratando de eliminar del Jurado a la mayor cantidad de negros posibles. Esa actitud provocó, incluso, la denuncia del abogado de la Defensa, Paul Mckenna, quien advirtió que la Fiscalía había vetado a cuatro de seis negros y pidió a esa instancia una explicación no racial sobre la exclusión, al menos, de los dos últimos.

Las respuestas de la Fiscalía fueron, sin duda, poco rigurosas y totalmente evasivas. En casos posteriores de vetos perentorios de la Fiscalía, que fueron objetadas por la Defensa, como fue el caso de la señora Wanda Thomas, se argumentó que se le había vetado porque tenía los brazos cruzados durante el interrogatorio de la jueza y había respondido al mismo con monosílabos. Añadieron que nació en Panamá y que uno de los acusados, Antonio Guerrero, tiene nada más y nada menos un hijo de una mujer panameña.

Tan evidente era la situación de presión política que rodeaba a los posibles jurados, que el mismo El Nuevo Herald tituló a un artículo publicado el 2 de diciembre Miedo a ser jurado en juicio de espías. En el mismo se reconocía que: "El miedo a una reacción violenta por parte del exilio cubano si un jurado decide absolver a cinco hombres acusados de espiar para el régimen de la Isla ha llevado a muchos potenciales candidatos a pedir a la jueza que los excuse del deber cívico." En ese mismo artículo, un poco más adelante, el diario cita a Dave Cuevas, padre de tres hijos menores que fue excusado de ser jurado, quien declaró: "¡Sí! Tengo miedo por mi seguridad si el veredicto no es del agrado de la comunidad cubana".

Resultó notable que muchos potenciales testigos plantearon también temer a los conflictos con la violenta comunidad cubana en el exilio. Es indudable que esa realidad estuvo presente en todo el juicio y condicionó también la forma sorprendente en que el Jurado ofreció su veredicto, tras solo pocas horas de deliberación y sin que se les presentara a los jurados una sola duda que someter a la jueza.

En realidad resulta verdaderamente sospechoso que el señor Buchner, presidente del Jurado, al recibir la encomienda de comenzar las deliberaciones haya presentado a la Corte el programa de trabajo que comenzaba con sesiones de deliberaciones un lunes a la 1:30 p.m. seguiría el martes, miércoles y jueves en cortas sesiones de trabajo y terminaría, según exacto vaticinio del señor Buchner, el viernes, a las 4 de la tarde. Maravillosamente, este Presidente del Jurado, que realmente fue un obsecuente auxiliar de la Fiscalía, logró lo que nadie hubiera podido imaginar: obtener unanimidad del Jurado de 12 miembros en un tiempo verdaderamente récord y, además, habiendo planificado, de modo casi desvergonzado, cuándo terminarían sus debates.

En una audiencia especial, efectuada aparte del juicio, The Miami Herald y otras organizaciones de prensa presentaron una moción ante la jueza, solicitando recibir copia de todos los materiales que habían sido desclasificados por los servicios secretos norteamericanos y que estaban sirviendo de prueba contra los acusados.

Los abogados defensores se opusieron a esta moción, argumentando que, de accederse a ella, tendría efectos negativos sobre el desarrollo del juicio, pues esa información sería fácilmente manipulada por la prensa y contribuiría a crear un ambiente aún más hostil alrededor del juicio. Finalmente, la Corte puso a disposición de los medios masivos de comunicación tres volúmenes de material desclasificado, es decir, unas 1 400 páginas de documentos.

Esto provocó que entre el 20 de diciembre y el 3 de enero, en que el juicio recesó, se iniciara la publicación por parte de la prensa de Miami, de numerosos artículos en que se manipularon las evidencias; las operaciones y mensajes se utilizaron fuera de contexto, subrayando los de mayor gravedad e ignorando la información exculpatoria, se vincularon las informaciones a hechos y personas ajenas y se hicieron numerosas imputaciones falsas, en una campaña contra los acusados con la clara intención de presentarlos como culpables de delitos graves como asesinato premeditado y preparación de acciones terroristas en territorio norteamericano, amplificando la imagen de culpabilidad ante la opinión pública.

Sin embargo, los precedentes establecidos por el sistema judicial norteamericano en cuanto al prejuicio general de un Jurado son sumamente claros y categóricos en lo referido a que la impugnación de los jurados no tiene necesariamente, en tales circunstancias, que derivarse de imputaciones o consideraciones que concurran en cada uno de ellos, sino que puede y debe apoyarse el cambio de jurisdicción en la exis-tencia de "prejuicios dentro de la comunidad" que puedan afectar la perspectiva o la visión que del caso puedan tener, de conjunto, todos los jurados.

Esta doctrina es sustanciada por los casos tratados en la Corte Suprema, en el juicio Rideaux vs. Louisiana, de 1963; EU vs. Groppi, de 1971, y el visto bajo igual conclusión en el Quinto Circuito en la causa Pamplin vs. Mason, en 1966, entre otras.

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