NEGACION DE LA MOCION DE CAMBIO DE JURIDISCCION

Miami vs. supuestos espías

Encuesta realizada por el Profesor de la Universidad de la Florida, señor Gary Moran, puso de relieve la existencia de un sentimiento público contra los cinco acusados cubanos y revelaba que de hecho todos eran ya convictos, en la opinión pública y en los medios masivos de comunicación dentro de Miami, de ser agentes del Gobierno cubano y de todos los cargos que se les imputaban

Una de las irregularidades más importantes y trascendentales que ha tenido el proceso seguido contra los Cinco Patriotas cubanos sancionados por la Corte del Distrito de Miami como supuestos espías, ha sido, sin duda, la negativa a cambiar la jurisdicción de dicho Distrito para otro admisible.

La causa principal se centraba en el alto nivel de prejuicio y el violento clima de animosidad que existe en la opinión pública y en los medios influyentes en la vida social en Miami, entre ellos los medios masivos de comunicación, que impiden que cualquier jurado pueda desempeñar sus deberes de manera verdaderamente imparcial.

Dicha irregularidad no se circunscribe a un momento o un incidente del proceso, sino que lo afecta todo; lo vicia de nulidad, porque orgánicamente impide el justo proceso y las bases legales de la administración de justicia en EE.UU.

La negativa al cambio de jurisdicción, debidamente solicitada por los abogados defensores de los cinco cubanos, constituyó, además, una flagrante violación de las Enmiendas V y VI de la Constitución norteamericana, por lo cual hacen del resto del proceso un conjunto de acciones absolutamente inconstitucionales. Es posible afirmar que desde ese momento, todo el proceso fue realmente ilegal e inconstitucional.

En la primera semana de febrero del 2000, los abogados de la Defensa presentaron dos mociones solicitando que el juicio fuera trasladado a Fort Lauderdale. Para ello argumentaron que en Miami estaba el núcleo básico de lo que ellos llaman el anticastrismo, que no es otra cosa sino los elementos terroristas y de la ultraderecha; también ampararon su pedido en una encuesta a la que enseguida me refiero, que arrojó la existencia de prejuicios en Miami hacia los acusados. El 27 de julio la Jueza rechazó esa solicitud.

En consecuencia, en el momento procesal oportuno, los abogados defensores de los cinco acusados cubanos: Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González, solicitaron a la Corte Distrital el cambio de jurisdicción, al amparo de las Enmiendas V y VI de la Constitución de los Estados Unidos, que garantizan en la Regla 21 de la Reglamentación de las pruebas, el derecho de los acusados a un cambio de jurisdicción siempre y cuando el Distrito no satisfaga las garantías básicas para la celebración de un juicio justo e imparcial.

Estas mociones, como ya dijimos, fueron denegadas el 27 de julio del 2000 y, con ello, se violaron las Enmiendas V y VI de la Constitución norteamericana y el juicio quedó afectado de nulidad por carecer del mínimo de garantías para ser imparcial y justo. De ese modo, además, se violaron los principios jurídicos procesales universales sobre el llamado justo proceso.

Las diez primeras enmiendas a la Constitución norteamericana fueron hechas en 1791 y constituyen el grupo especial que se conoce como el Bill of Rights, es decir, la Declaración de Derechos. Si bien todas las enmiendas forman parte orgánica de la Constitución norteamericana, estas diez tienen una connotación especial en general, y particularmente en lo referido al pleno goce de los derechos y garantías civiles.

La V Enmienda establece, entre otros derechos esenciales de toda persona, que no podrá ser "privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de Ley". La VI Enmienda, de forma más directa y específica, regula que "En todas las causas criminales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público, ante un jurado imparcial del estado y distrito en que el delito haya sido cometido, distrito que será previamente fijado por la Ley..."

El sistema judicial norteamericano ha prestado extraordinaria importancia a este elemento del proceso. Comoquiera que el veredicto sobre los hechos que se juzgan depende de ese Jurado, es indispensable que el mismo sea absolutamente imparcial y actúe guiado por los más altos intereses de la verdad y la justicia.

En los Estados Unidos se ha acumulado una copiosa cantidad de precedentes judiciales, con plena validez jurídica y vinculatoria dentro del sistema legal anglosajón, sobre este particular esencial.

La esencia del principio ha sido reiterada, pero vale la pena recordar la doctrina legal sentada por el precedente establecido en el caso Irwin vs. Dowd en el cual se dijo que:

"El derecho a un juicio mediante jurado le garantiza al acusado un juicio justo mediante un panel imparcial e indiferente de jurados. Un fallo (error) en el establecimiento de una audiencia justa viola incluso las más mínimas reglamentaciones de un proceso. Un juicio justo, con un tribunal justo, es un requisito básico de un buen proceso judicial."

En las mociones presentadas solicitando el cambio de jurisdicción, se hizo énfasis en la actitud prejuiciada que mantiene contra el régimen cubano una parte influyente de la comunidad cubana residente en Miami, muy activa en el Condado de Dade, en la Florida. Se aludió a la oposición política de esos individuos contra la Revolución, fundada en razones histórico-políticas, y se sostuvo que en esas condiciones existía un clima de prejuicio y de toma de posición inicial dentro del Condado y el Distrito, en los cuales, en consecuencia, ningún jurado podía realizar su mandato de manera imparcial.

Cuando se pretendió sustanciar la evidencia de esos prejuicios se hizo uso de la encuesta realizada por el Profesor de la Universidad de la Florida, señor Gary Moran, que puso de relieve la existencia de un sentimiento público contra los cinco acusados cubanos y revelaba que de hecho todos eran ya convictos, en la opinión pública y en los medios masivos de comunicación dentro de Miami, de ser agentes del Gobierno cubano y de todos los cargos que se les imputaban.

La encuesta realizada por el Profesor Gary Moran probaba la existencia en el Condado Dade de Miami, de un sentimiento público en contra de los acusados a los que se consideraba "agentes del gobierno comunista de Fidel Castro."

Estas conclusiones de la encuesta realizada por el Profesor Moran se patentizaron desde el proceso de selección del Jurado que comenzó el 27 de noviembre del 2000. En el largo proceso de exclusión de más de 200 posibles miembros del Jurado se constató, de un lado, el alto número de personas que estaban vinculadas, conocían o incluso dependían laboralmente de importantes personeros de la emigración anticubana activa en Miami.

*JULIO FERNANDEZ BULTE, Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana

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