15 de Noviembre de 2002

En busca de un juicio justo e imparcial

Lourdes Pérez Navarro

El problema principal en el caso de los Cinco Héroes Prisioneros del Imperio es que "no tuvieron un juicio justo", aseguró la víspera el señor Paul McKenna, abogado de Gerardo Hernández, al intervenir en la sesión inicial de la Conferencia internacional sobre los retos y desafíos del siglo XXI y el papel del Derecho Internacional, que se extenderá hasta el próximo día 16 en la capital.

Momentos antes del regreso a su país —luego de una breve estancia en Cuba que aprovechó para entrevistarse con la esposa y demás familiares de su representado, y puntualizar aspectos de trabajo con abogados cubanos—, y ante la presencia de un centenar de especialistas nacionales y extranjeros, McKenna disertó sobre los elementos contenidos en la moción presentada recientemente, encaminada a lograr la celebración de un nuevo juicio en sede diferente.

Aseguró que es imposible para personas relacionadas con el Gobierno cubano, especialmente personas acusadas de trabajar para él, poder ser juzgadas justamente por un tribunal en Miami Dade. Tenemos tres congresistas (Iliana Ross y los hermanos Díaz Balart) a favor de la eliminación del actual régimen por cualquier vía: recrudecimiento del bloqueo, la Ley Helms Burton e incluso la intervención armada. El Alcalde de Miami es cubano americano, fiel defensor de que el niño Elián González se mantuviera en ese lugar; el jefe de la policía es un exiliado cubano, como lo son también el del Departamento de Bomberos, de la Junta de Educación, y el Comisionado de la ciudad. Miami Dade es una comunidad única que no se parece a ninguna otra en Estados Unidos, y tiene la esperanza de regresar a su patria e instaurar un gobierno acorde a su sentido de la democracia.

Solicitamos a la jueza que moviera la sede del juicio 25 millas al Norte, donde las actitudes y aspectos demográficos son completamente diferentes, pues en Miami es imposible un juicio justo e imparcial, añadió.

McKenna expuso las violaciones cometidas por la fiscalía y por la jueza. En ese contexto comentó la autorización solicitada a la magistrada para realizar una encuesta que les permitiera documentarse científicamente. Para ello era necesario que nombrara un experto. Ella no mencionó que había tenido problemas anteriormente con el perito, ocasión en que estuvo a punto de acusarlo de perjurio y donde calificó su comportamiento como no ético. Un juez, aclaró el abogado de Gerardo, tiene el deber de revelar ese conflicto de intereses; sin embargo, se limitó a concluir que los resultados de la encuesta no eran creíbles, sin darle oportunidad al perito de discutirlos. El experto le escribió a la jueza de que su rechazo a la encuesta era una equivocación. Tampoco confió esta comunicación a la defensa.

Además denunció la violación de los derechos de los acusados al no permitírseles la comunicación con sus familiares.

Por estas razones la defensa presentó una moción solicitando un nuevo juicio, a realizarse en una ciudad que no esté fanáticamente contra Cuba, concluyó McKenna, quien posteriormente tuvo un encuentro con la prensa nacional y extranjera.

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