La reforma propuesta por la presidenta Cristina Fernández para democratizar y transparentar la justicia en Argentina está a un paso de convertirse en ley luego de su aprobación por la Cámara de Diputados.

La bancada del Frente para la Victoria (en el gobierno) y sus aliados en esta contienda lograron la aprobación de los tres proyectos en debate: el que transforma el Consejo de la Magistratura, el que establece tres cámaras de casación y el que regula los procesos cautelares.

Esas son las tres medidas más disputadas del paquete de seis anteproyectos de la reforma impulsada por el Ejecutivo.

Las otras tres estipulan la publicación de las declaraciones juradas de patrimonios de los funcionarios públicos y de los veredictos judiciales, y que las plazas en las instancias de este poder sean puestas a convocatoria pública.

En opinión de Carlos Marín, consejero en derecho sindical, los cambios beneficiarán a los trabajadores porque democratizan el ingreso al Poder Judicial.

La propuesta de reforma es una buena noticia ya que tiende a democratizar el Poder Judicial, "ampliando y transparentando el acceso de más trabajadores a una institución que, históricamente, supo justificar y apoyar los desmanes sobre los derechos laborales durante los gobiernos de facto", recalcó en su comentario.

La iniciativa que reforma el Consejo de la Magistratura establece la elección popular de los jueces, académicos, y abogados, crea procedimientos para poder nombrar magistrados subrogantes y realizar concursos previos para cubrir eventuales vacantes.

Entre otros puntos, la iniciativa establece que se amplía de 13 a 19 los miembros el Consejo, y deberán ser elegidos por la ciudadanía los tres jueces, tres abogados y seis representantes de los ámbitos académicos o científicos, de reconocida trayectoria en algunas de las disciplinas universitarias.

En el caso de los abogados y jueces corresponderán dos a la mayoría y uno a la minoría, mientras que en el caso de los científicos serán cuatro representantes para la lista ganadora y dos para aquella que obtenga el segundo lugar.

Inicialmente el Ejecutivo propuso que la administración de los recursos pasara al Consejo de la Magistratura, pero luego de analizar una solicitud del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, accedió a que sea ese organismo el que controle los fondos.

Ya convertidos en ley resultaron los otros dos proyectos de la reforma, menos polémicos.

Uno crea tres nuevas cámaras de casación en lo Contencioso Administrativo, en Trabajo y la Seguridad Social, y en lo Civil y Comercial, que se suman a la ya existente en el fuero penal.

El gobierno busca con la iniciativa disminuir la cantidad de expedientes que llegan a la Corte Suprema para aliviar su trabajo.

Y el tercer anteproyecto sancionado, estipula regularizar las medidas cautelares para evitar la prolongación innecesaria de esos procesos.