Pilar Marrero

La Casa Blanca afirma que detener inmigrantes cuesta mucho dinero y justifica la reciente liberación de un número no determinado de ellos culpando a los recortes automáticos de presupuesto federal.

Pero, hasta ahora, ni demócratas ni republicanos se habían quejado jamás de un sistema carcelario paralelo que desde hace más de una década —particularmente desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001— ha crecido sin parar, consumiendo cada vez más dinero del presupuesto del país.

Si ambos partidos han sido cómplices de este continuo aumento, otros se han beneficiado directamente de este estado de cosas, entre ellos las compañías de cárceles privadas en donde está detenida más de la mitad de la población carcelaria inmigrante del país, las cuales, por años han cabildeado y contribuido con fondos a políticos en busca de solidificar su negocio.

En las cifras está claro: la cantidad de camas ocupadas diariariamente por detenidos de las autoridades migratorias se quintuplicó en un periodo de 15 años, con un costo para el gobierno y para los contribuyentes que pagan la factura. Solo para el año fiscal presente (2013), el presupuesto de la sección de "Actividades de custodia" del Departamento de Seguridad Nacional fue de 1 900 millones de dólares.

Esto no incluye los demás costos de seguridad nacional y control fronterizo, varios miles de millones más. Solo en el año fiscal 2012, el gobierno está gastando 4 000 millones de dólares en tecnología para la seguridad Nacional.

Este flujo de dólares ha beneficiado enormemente a las compañías que se dedican al ramo de las cárceles privadas y la seguridad nacional.

"Creo firmemente que las oportunidades con el gobierno federal solo crecerán como resultado de lo que ocurre. Esas personas que cruzan la frontera y son arrestadas tendrán que ser detenidas y según mi forma de pensar, eso solo puede mejorar las oportunidades para lo que nosotros hacemos", dijo Wayne Calabrese, presidente de GEO Group, una corporación que construye, compra y maneja prisiones privadas y que administra siete centros de detención privados para inmigrantes con capacidad para casi 8 000 camas.

Por ejemplo, dos megaempresas, Geo Group y CCA, que controlan conjuntamente un 75 % del mercado de las prisiones privadas, han vivido un "boom" de crecimiento en los últimos años, balanceando lo perdido en contratos estatales con el contínuo crecimiento en el gasto federal para detener inmigrantes y sus ingresos combinados en el año 2010 fueron de casi 3 000 millones de dólares. Desde el 2001, CCA ha tenido un aumento de ingresos del 88 % y GEO, de un 121 %.

La mayoría de sus negocios están en contratos para prisiones estatales, pero no es allí donde está el futuro para ellas: los gobiernos estatales no tienen dinero para nuevas prisiones.

Por años, el negocio de la detención de inmigrantes ha sido boyante, y por ahora, a pesar de los problemas presupuestales, no ha dado señal de que vaya a disminuir, aunque una reforma migratoria amplia podría poner en peligro las ganancias de estas empresas.