la
Habana.— El gobierno de Estados Unidos está en la obligación
de revelar pruebas que podrían exonerar a Gerardo Hernández, uno de
los Cinco antiterroristas cubanos condenados en ese país, exigió hoy
una organización de solidaridad.
Un comunicado de prensa del Comité Internacional para la
Liberación de los Cinco enfatizó en que Gerardo no tuvo en absoluto
que ver con el derribo de dos avionetas de la organización
anticubana Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.
Esa fue una decisión del gobierno cubano en defensa de su
soberanía ante la invasión de su espacio aéreo por más de 20
ocasiones, aseguró el grupo, de acuerdo con un despacho de la
agencia Prensa Latina fechado en Washington.
Además de que Hernández estuvo ajeno a este incidente, "las
pruebas del lugar donde cayeron las avionetas dan la clave de este
lamentable episodio provocado por Hermanos al Rescate".
Según el Comité, "la evidencia de las imágenes podría exonerar a
Gerardo, quien con todo derecho solicita al gobierno de Estados
Unidos que presente las pruebas" que lo condenaron por ese falso
cargo.
El texto subrayó igualmente que La Habana "ha reiterado con
evidencias más que suficientes" ante organismos internacionales que
las avionetas cayeron en aguas jurisdiccionales cubanas.
"Si el gobierno de Estados Unidos tuviera fundamento para
inculpar a Gerardo, ¿por qué oculta las imágenes satelitales después
de 17 años?¿ A qué le temen?", cuestionó el Comité Internacional.
Gerardo Hernández fue condenado en diciembre del 2001 a dos cadenas
perpetuas más 15 años, una de ellas por conspiración para cometer
asesinato referida al caso de las avionetas.
Sin embargo, la administración estadounidense no pudo presentar
ninguna prueba contra él, afirmó esta agrupación, defensora de la
causa de Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando
González y René González, este último en libertad supervisada en
EE.UU. desde el 2011, luego de pasar 13 años y un mes de cárcel.
Los Cinco, como se les conoce a nivel mundial, fueron detenidos
por el FBI el 12 de septiembre de 1998, cuando monitoreaban grupos
de extrema derecha de origen cubano asentados en el sur del estado
de Florida, dedicados a ejecutar planes terroristas contra Cuba.