La
Asamblea de Madrid dio hoy luz verde a una norma que permitirá la
privatización de seis hospitales y 27 centros de salud en esta
comunidad autónoma española, gobernada por el derechista Partido
Popular (PP).
Gracias a la mayoría absoluta del PP (al frente también del
Gobierno de España), el Parlamento regional aprobó la conocida como
Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2013, que incluye,
además, el cobro de un euro por receta médica a partir de enero
próximo.
La medida salió adelante sólo con los votos de los populares, que
rechazaron las más de 200 enmiendas presentadas por todo el arco
parlamentario opositor: 81 de Izquierda Unida, 78 del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y 60 de Unión Progreso y
Democracia.
Privatizan la salud pública para hacer negocio, no para hacerla
más eficiente, denunció el diputado del PSOE Antonio Carmona, quien
durante el pleno extraordinario exigió la dimisión del consejero
madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
Médicos y otros profesionales del sector aseguraron que el
traspaso a manos privadas de ese servicio básico repercutirá en su
calidad, mientras temen que otras comunidades autónomas españolas,
administradas por el PP, sigan el mismo camino de Madrid.
Precisamente, los médicos especialistas de los hospitales
madrileños, que cumplieron la víspera un mes de huelga, anunciaron
que continuarán en enero sus protestas contra la privatización de la
salud impulsada por la derecha gobernante.
En una asamblea celebrada en el Colegio de Médicos, los galenos
agrupados en la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM)
dieron por rotas las relaciones con los responsables autonómicos de
Sanidad.
Convocante del paro por tiempo indefinido iniciado el pasado 26
de noviembre y que se repitió cada semana de lunes a jueves, la AFEM
precisó que esa medida se concretará en la dimisión en cadena de las
diferentes comisiones clínicas y de las Juntas Técnicas
Asistenciales, excepto en las de tumores y docencia.
Además de la medida de fuerza que protagonizan los facultativos,
los 75 mil empleados del sector sanitario de Madrid realizaron en
los últimos 30 días seis jornadas de huelga y dos grandes
manifestaciones en defensa de una sanidad pública, universal y
gratuita.
Como parte de su drástico plan de austeridad para reducir el
déficit, el Gobierno central encabezado por Mariano Rajoy decretó
este año una poda de siete mil millones de euros en el ámbito de la
salud (un 10 por ciento del gasto sanitario estatal).
Esos recortes repercuten sobre las finanzas de las 17 comunidades
autónomas, que tienen transferidas las competencias en prestaciones
esenciales tan sensibles como la salud y la educación.